60.630 víctimas del delito de desaparición forzada es la escandalosa cifra que revela los alcances del conflicto en nuestro país. Agentes del Estado, grupos paramilitares, de guerrilla y organizaciones criminales no identificadas durante 45 años de conflicto han ido sumando víctimas a la macabra estadística; un flagelo que, aunque es fluctuante en el tiempo, se ha mantenido paralelo a la confrontación armada entre el establecimiento y organizaciones delictivas de toda índole.
Esta cifra fue revelada por el Centro Nacional de Memoria Histórica en un esfuerzo por detallar oficialmente la crudeza de la violencia en Colombia sobre esta materia, que a nadie parece importar. El informe denominado: Hasta Encontrarlos, el drama de la desaparición forzada en Colombia, fue un esfuerzo de diálogo crítico y propositivo que convocó a las organizaciones sociales y al Gobierno para unificar el cúmulo de cifras inexactas que podrían volver esquizofrénico hasta al más experto estadista.
Hasta el año 2000 en nuestro país no estaba tipificado el delito de desaparición forzada, aunque el informe revela que es una práctica sistemática que está ligada a la historia de la confrontación armada que se viene presentando desde 1976. Requirió años energía y sacrificio de la protesta ciudadana para que se considerara una conducta punible, pues históricamente las organizaciones de familiares y de derechos humanos eran quienes realizaban la documentación de los casos, ya que el Estado no realizaba esta tarea.
Hallazgos
Cortesía CNMH
Para aterrizar la cifra, el informe explica que las 60.630 víctimas reportadas durante los últimos 45 años (entre 1970 y 2015), equivaldrían, en promedio, a la desaparición de 3 personas al día o también a una persona desaparecida cada 8 horas.
Andrés Suárez, relator y colaborador del informe, aseguró que la desaparición forzada es utilizada como táctica de guerra porque es un crimen con los mayores alcances para las víctimas, por el componente psíquico y emocional recurrente, y con los menores costos para los perpetradores porque sus objetivos son utilizarle como mecanismos de terror y castigo o como estrategia de ocultamiento.
El informe revela también que el periodo más crítico se registró entre 1996 y 2005 con 32.249 víctimas, sobresaliendo el año 2002 en donde se muestra el punto más crítico en el país con al menos 5000 casos.
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Éste también indica que este delito es una modalidad de violencia que se ha propagado por todo el territorio nacional; de los 1115 municipios, 1010 han registrado víctimas. Haciendo énfasis en regiones como el sur de Córdoba, Urabá antioqueño, Magdalena Medio, el pie de monte llanero, Caquetá y Valle del Cauca. Y aunque se pensara que la problemática es un tema que sólo ocurre en la periferia, grandes capitales como Bogotá, Medellín, Cali y Santa Marta ostentan números desoladores.
El informe es un estímulo para los familiares que persisten en su voluntad seguir presionando la verdad en el contexto de un país sumido en la violencia. En uno de los pasajes finales del documento se afirma que “en Colombia afrontamos un contexto en el que existen pluralidad de víctimas, diversidad de derechos y daños producto de la prolongación de la privación de la libertad (…) la respuesta del Estado y la sociedad ha sido insuficiente de cara a los avatares, las necesidades y los derechos de las víctimas”.
