La Contraloría de Bogotá envió un pronunciamiento al alcalde Gustavo Petro, sobre la contratación directa que se ha presentado en la administración distrital.
La Contraloría anunció hoy que la información y reportes entregados por las entidades del distrito es deficiente, situación que podría llevar a la apertura de procesos sancionatorios fiscales.
Según el análisis, la contratación distrital durante el primer semestre de 2012 determinó alta incidencia en contratación directa, especialmente de prestación de servicios, mínima a través de licitación pública y más gastos en contratos de prestación de servicios que en nómina general.
Además, existen deficiencias en el reporte de la información sobre contratación, lo que llevó al organismo de control a enviar un pronunciamiento al alcalde, Gustavo Petro.
Para Diego Ardila Medina, contralor distrital, “el comportamiento contractual que el Distrito Capital ha tenido durante los primeros seis meses, presenta una alta concentración en la modalidad de contratación directa y contratación de prestación de servicios y un reducido número de procesos licitatorios, invirtiendo así la regla general de contratación mediante licitación pública para concentrar la misma en adjudicaciones directas, máxime cuando la Corte Constitucional ha expresado en múltiples ocasiones la prohibición de esta práctica irregular”.
Luego del análisis técnico y la evaluación de la Contraloría, se estableció que el Distrito Capital durante estos seis meses contrató un total de $1.9 billones representados en 53 mil 984 contratos.
El número de contratos está distribuido en contratación directa, que fue la modalidad más representativa, con una participación del 43,7% que equivale a $836 mil 538 millones en 28 mil 045 contratos.
De la misma forma, se encuentra la contratación de derecho privado (Empresas Industriales y Comerciales del Estado) con 31% que equivalen $601 mil 153 millones en 20 mil 450 contratos y por último, se encuentra la contratación por licitación pública, con el 12,1% por $231 mil 615 millones en 121 contratos.
“Es importante resaltar que el total de contratación directa ascendió a $836.538 millones. Si a este valor adicionamos $601 mil 153 millones que corresponden a contratación efectuada por las normas del derecho privado, en atención a la naturaleza jurídica de la entidad que las suscribe, arrojaría un total de $1,4 billones que se contrataron sin la selección del contratista por medio de licitación pública y que en términos porcentuales equivale al 75.1 % del total de la contratación” dijo el Contralor Ardila.
En el comportamiento de las licitaciones reportadas por las entidades, se muestra que se adjudicaron 121 contratos por valor de $231 mil 615 millones, que representa un escaso 12,1% del total de la contratación.
Para Ardila Medina llama la atención que “en el período evaluado, se suscribieron 10 contratos de obra a través de licitación pública por $109 mil 437 millones, en una ciudad que está en construcción y lo más insólito es que de estos 10 contratos, tan sólo uno apunta al tema de infraestructura vial, como lo es el de la construcción de la intersección de la carrera 9ª con calle 94 con recursos que provienen de valorización”.
Según el ente, se evidenció que mayo fue el mes con más contratos por la administración distrital, con un total de 13 mil 894 contratos, por valor de $416 mil 212 millones, seguido de enero con 10 mil 247 contratos por valor de 394.121.718 y, febrero con 13 mil 378 contratos por 329.836.032.
Así mismo, el organismo de control encontró que los tres sectores que mayor contratación reportan son el de salud con el 32% por $610 mil millones, educación 22% por $428 mil millones y hábitat y servicios públicos con el 19,8% por $378 mil millones.
Por otro lado, en materia de contratación, lo más relevante tiene que ver con la contratación de prestación de servicios y la incidencia que ésta tiene en la política de formalización del empleo de conformidad con lo establecido en el Plan de Desarrollo “Bogotá Humana Ya”.
De esta forma, de los 53 mil 984 contratos suscritos por la administración a la fecha, por 1,9 billones de pesos, 45 mil 236 contratos por un valor de $1,028 billones que equivalen al 53,7%, corresponden a contratos por prestación de servicios.
Concentración en la contratación
La Contraloría encontró casos en los que se presenta concentración en la contratación, como en el de Juan Manuel Russy Escobar, quien asesora jurídicamente a cuatro entidades del Distrito, por valor total de $236.6 millones que se ejecutan en forma simultánea durante el año 2012.
Igualmente, Gustavo Rayo Morales quien presta sus servicios profesionales a tres entidades del Distrito mediante la suscripción de cinco contratos de prestación de servicios por un valor total de $137.9 millones.
Además, se presentan contratos en los que no se certifica la idoneidad del contratista, como en el caso de Norma Constanza Osorio Villa, que tiene dos contratos por $72.000.000, y en uno de ellos no es clara su idoneidad en el cargo. Se acredita con el título de técnico en ingeniería textil pero el perfil no está relacionado con el apoyo técnico y financiero que debe proporcionar a los programas sociales que preste el Despacho.
De igual manera, Ana Teresa Bernal Montañez, cuenta con un contrato por valor de $185.000.000 para 11 meses, en el cual no se evidencian parámetros y análisis técnico que sustenten la fijación del valor para la realización del objeto del mismo.
Para el organismo de control llama la atención que se vincule a una persona no profesional, pues apenas acreditó 5º semestre de economía con unos honorarios de $ 16.800.000 al mes y el objeto se hizo consistir en asesorar al Alcalde en reparación a las víctimas.
Igualmente, Alberto José Merlano Alcocer, hermano de la esposa de Petro, tiene un contrato por $182.700.000 cuyo objeto es asesor al Alcalde Mayor en temas relacionados con el fortalecimiento de la gestión pública, a la vez que actualmente participa y es miembro de las Juntas Directivas de las Empresas Industriales y Comerciales de Bogotá: EAAB, EEB y ETB.
La Contraloría de Bogotá aseguró que también ve con preocupación que Vladimir Fernández Andrade tenga un contrato por $216.000.000, para asesorar al despacho del Alcalde en temas de carácter jurídico en materia de Derecho Administrativo, mientras que se habla de la medida de aseguramiento en contra
Desde hoy el Alcalde tendrá un plazo máximo de 15 días para informar las medidas que serán adoptadas con relación a las situaciones descritas en el pronunciamiento.
