En un comunicado de prensa, la Corte desmintió al Comandante de las Fuerzas Militares y aclaró las versiones contradictorias sobre el auto que ordena al Mindefensa el retiro de una base en el Guaviare.
“La seguridad nacional no se verá comprometida con la reubicación de ninguna de estas construcciones, pero su permanencia sí compromete la existencia misma del pueblo indígena Jiw, asentado en el resguardo de Barrancón” dice la Corte, saliéndole al paso al Gral. Navas.
El comandante de las FF.MM. sostuvo el pasado jueves que no estaba de acuerdo con la decisión y aseguró que daría “la batalla jurídica”. “En la zona hay una clara amenaza a la seguridad nacional. En esa zona delinquen varios frentes de las Farc y bandas criminales (…) No sabemos a ciencia cierta quienes están detrás de esta demanda y a quién beneficia”, sostuvo Navas.
También, en algunos medios de comunicación circuló la versión de que la Corte ordenó el retiro de dos bases militares de los departamentos de Meta y Guaviare. Sin embargo, la corporación insiste en que el auto solo contempla la devolución de 6 hectáreas de territorio colectivo.
Según el comunicado, la Corte encontró 19 construcciones superpuestas con el territorio del resguardo, de las cuales 7 son permanentes. Y sostuvo que “al Ministerio de Defensa le fueron adjudicadas 250 hectáreas en la zona, mediante Resolución No. 571 del 31 de mayo de 1988, expedida por el anterior Instituto Colombiano de la Reforma Agraria – INCORA, que puede ocupar, sin poner en riesgo esas comunidades indígenas”
De acuerdo con la Corte, las medidas cautelares, que incluye la devolución de las 6 hectáreas de la Escuela de Fuerzas Especiales e Infantería de Marina, se toman pues “las comunidades Jiw o Guayabero y Nükak se encuentran en grave peligro de extinción física o cultural”
Estas etnias son sometidas a desplazamiento, confinamiento, reclutamiento, trabajo forzado por todos los actores del conflicto, sostiene el tribunal constitucional. Incluso, sostuvo que 3 indígenas han tenido accidentes con municiones sin explotar.
La Corte también insistió en que esta decisión no afecta situaciones en otras zonas del país.
