Graves denuncias hizo la Defensoría del Pueblo frente al programa de alimentación escolar y asistencia del que se benefician niños y adolescentes en varias regiones del país.
En 13 municipios de los departamentos de La Guajira, Atlántico y Chocó la Defensoría pudo comprobar una serie de irregularidades en el funcionamiento de los programas de alimentación escolar.
Las anomalías se hallaron en el incumplimiento de normatividad sanitaria para conservación de los alimentos, problemas en la contratación de garantías en seguridad social para las manipuladoras de alimentos y dificultades de infraestructura para el almacenamiento y suministro; estas son algunas de las que hacen parte del panorama general evidenciado en poblaciones como Manaure, Uribia, Riohacha, Maicao, Quibdó, Unguía, Yuto, Alto Andágueda, Malambo, Caracolí, Puerto Colombia y Tubará.
Por ejemplo, en Atlántico la Secretaría de Salud departamental dio a conocer un informe con los resultados microbiológicos de 210 muestras tomadas a los alimentos en 31 instituciones educativas del sector público, 55 hogares comunitarios y 8 centros de desarrollo infantil.
Allí encontraron contaminado más del 70 por ciento de los alimentos (con presencia de coliformes totales y fecales, entre otras sustancias).
Ante los hallazgos la Defensoría pidió exigir un plan de seguimiento de la interventoría, armonizar el trabajo de las instituciones, al tiempo que solicitó el concurso de los organismos de control para investigar las irregularidades.
Por otro lado, la situación del Chocó tampoco es nada alentadora. La entidad encontró anomalías en la celebración de contratos. Por ejemplo, la única ciudad certificada por el Ministerio de Educación para contratar la operación del Programa de Alimentación Escolar, es Quibdó, mientras que en los 29 municipios restantes dependen de la Secretaría de Integración departamental.
La Defensoría descubrió que en la actualidad este proceso está en cabeza de tres operadores, dos de ellos pertenecientes a las comunidades indígenas y Fungescol. Asimismo, se evidenció que “los sitios no son no adecuados, situación que fue corroborada por la Defensoría Regional de Urabá en visita del 21 de mayo al municipio de Unguía, circunstancia que motivó la presentación de una denuncia penal por las presuntas anomalías en la ejecución del contrato suscrito entre la Gobernación y la Fundación para la Gestión y el Desarrollo Social de Colombia”.
Finalmente, en La Guajira en donde yace un grave problema de desnutrición infantil, la Entidad también encontró irregularidades en la ejecución y suministro del programa de alimentación.
Según la Defensoría en un uno de los centros etno-educativos de Manaure, cuando se realizó la primera visita humanitaria de inspección, el día 7 julio, no habían sido entregados los alimentos que debían llegar el 22 de junio.
“En otros lugares, se encontró que los niños, niñas y adolescentes tienen que pagar hasta 200 pesos diarios por el almuerzo y el complemento alimenticio, ello sin contar con las precarias condiciones identificadas en la mayoría de establecimientos visitados, donde los alimentos perecederos son ubicados en el piso, no hay alacenas ni refrigeradores para su conservación, los niños comen a la intemperie y hacen sus necesidades a campo abierto por la carencia de baterías sanitarias, entre otros factores”, señala el informe de la Defensoría.
Para estas denuncias la Defensoría solicitó la intervención de la Procuraduría General de la Nación y de la Unidad de Delitos Electorales, para que se investigue esta situación y se revise la conducta de funcionarios públicos que se estarían favoreciendo dichas prácticas.
