Desde hoy, los jueces y notarios del país están obligados a formalizar las uniones entre parejas del mismo sexo, aunque el gobierno no ha dado directriz respecto a la sentencia de la Corte. La Iglesia y los sectores conservadores están en contra de la iniciativa y la Procuraduría podría sancionar a los notarios que hablen de matrimonio en estos casos. Las parejas LGBTI no saldrán a protestar por amenazas.
Luego de casi dos años de emisión de la sentencia de la Corte Constitucional que obliga a los notarios a formalizar las uniones homosexuales, este jueves los funcionarios tienen uno de los ‘chicharrones’ más grandes de los últimos años.
El gobierno nacional no ha dado directriz alguna sobre la forma en la que deben operar los jueces y notarios, y a través de la Superintendencia les han hecho saber que pueden interpretar la sentencia de la Corte como les parezca.
“A la sentencia de la Corte Constitucional ya se le ha dado cumplimiento, también es claro que el gobierno nacional por intermedio de la Superintendencia no ha dado, ni dará ninguna directriz a los notarios en materia de interpretación de la sentencia, y obviamente la autonomía de los notarios es la que debe mantenerse en esta situación”, señaló el Superintendente de Notariado y Registro, Jorge Enrique Vélez.
Esta decisión del Ejecutivo ha metido a los jueces y notarios en una especie de encrucijada. Por un lado está la decisión de la Corte Constitucional, y por el otro está la Superintendencia y la Procuraduría, que podría investigarlos y sancionarlos si llegan a incurrir en una falta disciplinaria.
Maniatados, los notarios y jueces tomarán decisiones diversas. Unos aprobarán las uniones civiles entre parejas del mismo sexo, otros las rechazarán. Si hablan de matrimonio, se les vendrá la Procuraduría encima y si no acatan la sentencia de la Corte estarán incumpliendo la decisión del Alto Tribunal.
Esta disparidad de conceptos podría causar una crisis que afecta directamente a los miles de hombres y mujeres que quieren formalizar su relación ante una autoridad judicial.
Más allá de la coyuntura institucional, varias voces del establecimiento se han levantado contra la posibilidad de que el concepto de familia pueda ampliarse. Sectores del partido conservador y la iglesia católica se han opuesto enfáticamente a que los notarios cumplan la sentencia de la Corte y han señalado que ninguna autoridad del Estado puede obligarlos a acatar la decisión del alto tribunal.
“Los notarios y jueces no son simples testigos de las decisiones de las personas sino que son actores que formalizan o solemnizan la situación jurídica que ante ellos se presenta, por lo que están en su derecho de oponerse a actuar cuando consideren que con su acción están avalando o legitimando un acto contrario a su conciencia o a la Constitución”, señaló el presidente de la Conferencia Episcopal, el cardenal Rubén Salazar.
La procuradora delegada para la familia, Ilva Myriam Hoyos, rechazó la idea de formalizar las uniones entre parejas del mismo sexo por considerar que la sentencia de la Curte tiene “muchos vacíos”. La funcionaria invitó a los notarios y jueces a usar la objeción de conciencia y señaló que los funcionarios “no pueden formalizar ni actuar como testigos de un matrimonio porque esa figura no está contemplada para parejas que no sean heterosexuales”.
Por eso, y debido a varias amenazas que han recibido en los últimos días, la organización LGBTI más importante del país, Colombia Diversa, decidió no generar ninguna manifestación y no asistir a notarías para que sus afiliados puedan contraer uniones. Esperan, además, que la Corte defina si el procedimiento civil constituye o no un matrimonio.
La comunidad LGBTI tiene este jueves uno de sus días más importantes, y el aparato institucional tiene uno de los retos más grandes de los últimos meses: debe articular la sentencia de la Corte, las eventuales sanciones de la Procuraduría y la “libertad” que le dio el gobierno a los notarios para actuar.
A partir de las 9 de la mañana muchos gays, lesbianas, transexuales, bisexuales e intersexuales buscarán cumplir su derecho y hacer respetar la decisión de la Corte. Los jueces y notarios tienen en sus manos un gran desafío.
