De manera sorpresiva la industria farmacéutica del país se dio por enterada que dentro de la le reforma a la salud se contempla la desaparición de la Comisión Nacional de Precios de Medicamentos.
Dicha Comisión fue creada en 1993 al amparo de la ley 100, está conformada de manera indelegable por los ministros de Salud, de Comercio, Industria y Turismo así como por una delegada del Presidente de la República.
En diálogo con Confidencial Colombia, el presidente de la Asociación de Industrias Farmacéuticas Colombianas (Asinfar), Alberto Bravo indicó que la noticia llama la atención por cuanto en una reciente reunión con el ministro de Salud, Alejandro Gaviria, para nada se abordó el tema de la Comisión en mención.
Según Bravo, quien aclaró que aún no conoce el texto completo de la reforma, la medida es inconveniente porque eso sería retornar a los errores del pasado en donde los precios y la industria la manejaban sin mayor conocimiento ni responsabilidad un grupo de personas antes de la ley 100 de 1993.
“Se puede anticipar que con la eliminación de la Comisión Nacional de Precios de Medicamentos vendrán problemas mayores para la industria y para los usuarios de las medicinas”, anotó el presidente de Asinfar.
El dirigente gremial subrayó que en medio de los errores que rodearon y rodean a la ley 100, la creación de la Comisión, hoy en el limbo, le daba tranquilidad a un sector sensible que va desde las farmacéuticas hasta las clínicas, hospitales y enfermos.
“Hay que tener en cuenta los asuntos de ética, inhabilidades e incompatibilidades que hay por cuanto el ministerio de Salud, que sería el rector de precios, es cliente de la industria, situación que lo hace juez y parte a la hora de señalar los precios del sector”, comentó.
Precisó que las directas responsables de la quiebra del sistema son varias empresas americanas y europeas que desbordaron los límites del mercado con los abusos de posición dominante. “Asinfar ha dado muestras de seriedad al igual que la industria nacional, el problema empezó por las arbitrariedades de las transnacionales de la farmacia con operación en Colombia”.
Según el presidente de Asinfar, el Gobierno sabe perfectamente del tema de recobros, de la vulgaridad como se lleva el mercado y de la manera tramposa como la industria multinacional ha impulsado a EPS e IPS a que sean generadoras de mayores precios en los medicamentos por toda la cadena que deben sobrepasar.
Precisó que los exorbitantes precios de los medicamentos no deberían darse, pero declaró que solo 19 moléculas de origen biotecnológico le han costado al país más de tres billones de pesos en los últimos cuatro años, dinero que fue a parar a las arcas de las empresas americanas y europeas.
“Lo único que hacen las multinacionales es transferir esas ganancias a sus casas matrices”, afirmó Bravo.
La reforma se veía venir
Sobre las iniciativas del Gobierno fue claro al decir que infortunadamente la intermediación influyó en el tema del encarecimiento de los medicamentos, de los dispositivos médicos y en general de los servicios de salud.
“El concepto de aseguramiento y la participación de los aseguradores se desdibujó totalmente en los últimos diez años porque pasaron a ser administradores y manejadores de recobros. De todas maneras nosotros consideramos que en el país hay EPS serías, sólidas y viables”. Dijo el vocero de los laboratorios farmacéuticos de Colombia.
En ese orden de ideas, opinó, el Gobierno debería estudiar la posibilidad de permitir el funcionamiento de las EPS que brinden garantías.
“Una cosa si es muy cierta, no conocíamos aspectos y no vamos a convertir el tema de la eliminación de la Comisión de Precios de Medicamentos en una barrera para permitir y rodear el serio trabajo que debe hacer el Congreso”, aclaró.
Para el presidente de Asinfar, hay un aspecto a tener en cuenta y es que en tiempos electorales las iniciativas del ejecutivo llegan al Congreso y salen totalmente desfiguradas. “Confiemos en que nuestros congresistas tengan la capacidad y la responsabilidad para el debate. Hay muchos que son muy serios, pero hay otros que tienen intereses y conexiones, por eso es sano que esos parlamentarios confiesen sus conflictos de intereses antes de las discusiones, empezando por quienes tienen cargos directivos en el Congreso de la República”.
Dijo que la reforma debe tratarse de la mejor manera por el bienestar de los colombianos enfermos y no enfermos, pero además por el buen funcionamiento de hospitales y clínicas. “El anhelo es que la plata de verdad se destine a la salud, que la mitad de los recursos, si es que no es más, no se queden en manos de los inmorales y de quienes convirtieron esto en un negocio, utilizando el dinero de la salud en otros menesteres”.
