En el marco de la conmemoración nacional del día que reconoce a las 6,2 millones de víctimas que ha dejado el conflicto armado, Confidencial Colombia, dialogó con algunas de ellas provenientes de varios lugares del país, sobre la realidad de lo que ha sido su camino a la reparación integral como lo establece la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras.
El camino ha sido largo y lento para que las victimas tengan una verdadera reparación completa que comprende no solo una indemnización económica, sino la restitución de sus tierras, rehabilitación emocional, satisfacción y garantías de no repetición como lo demanda la Ley 1448 del 2011.
Más de 100 paramilitares provenientes del Urabá Antioqueño llegaron a Caño Jabón (Meta) el 4 mayo de 1998 para matar y descuartizar alrededor de 20 personas. Antes de iniciar con el atroz hecho, los paramilitares “cogieron a una muchacha le cortaron el cuello para recoger la sangre, brindar y dar inicio a la “fiesta”, así lo recuerda, José Vidal, un sobreviviente de esta masacre.
Después del “brindis” con sangre asesinaron al ‘diablo’ un muchacho que descargaba las lanchas en el Planchón, luego se tuvo lugar una serie de descuartizamientos con motosierras de varios habitantes, entre esos, los de la cooperativa del lugar.
Luego de salir de Caño Jabón, José Vidal, estuvo en Mapiripán en una comunidad indígena de el Corocito, pero aún así, grupos armados lo seguían buscando porque era testigo de la masacre. Una noche lo amarraron para torturarlo, cogieron un galón de gramaxone y se lo echaron en todo el cuerpo pensando que era acido sulfúrico. A raíz de esto, Jesús, ha sufrido varias enfermedades en su piel.
A sus 62 años es víctima del desplazamiento forzado. Además, agrega que aunque ha recibido ayudas momentáneas, sigue esperando una verdadera reparación, como por ejemplo una vivienda digna, ya que, muchas veces le ha tocado vivir debajo de los puentes de la ciudad de Villavicencio junto a su familia, pues no puede regresar ni a Mapiripán ni a Caño Jabón. Sobre él siguen pesando amenazas de muerte.
Aunque el Gobierno desde que sancionó la Ley 1448 del 2011 ha creado toda la infraestructura administrativa para reparar a las víctimas, la tarea no ha sido fácil. Paula Gaviria directora de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Victimas, dice que, “el trabajo es difícil”, sin embargo, han llegado a 360 mil personas indemnizadas y se ha hecho una labor personalizada con 200 mil personas en donde Gaviria, garantiza que el trabajo de reparación integral se ha hecho en su totalidad.
Según Gaviria, el Estado ha intentado llegar “en la medida de sus posibilidades a las diferentes victimas” y tiene la “certeza” que las personas que han sido atendidas en la Unidad han recibido respuestas y soluciones.
Sin embargo, para Marina del Carmen Camargo, delegada nacional de las victimas afrodecendientes de la Mesa Nacional de Victimas, el asunto de la reparación no “avanza” y la Ley está “paralizada”. Muchos de los campesinos que han recibido alguna indemnización los han matado.
Frente a las cifras citadas por la Directora de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Victimas, Marina dice que, puede que esas cifras se han posibles, pero “en este desierto una gota de agua no moja, ella puede estar diciendo la verdad, pero nosotros no la vemos”.
“Nosotros caminamos el territorio nacional a diario y, siempre hay gente que nos dice que les ayudemos. Queremos nuestra viviendas, queremos que nos reparen, puede que lo estén haciendo, pero no es impactante, no es suficiente. A nosotros no nos ha llegado nada de eso y lo estamos solicitando”.
Por otro lado, Yuli Fernanda Ruiz, una joven de 25 años a quien le mataron a su padre en el 2006 y le secuestraron a su hermano de 3 años en Llorente Tumaco, hace parte de la Mesa de Participación Departamental del Cauca y representa a los jóvenes de esta región.
Para Ruiz esta fecha en donde se conmemora y se recuerda a las víctimas, es un día de “dolor” y “duelo” y enfatiza que estás fechas no se pueden quedar en una celebración un día cada año, porque la realidad es totalmente diferente, pues considera que “desde la parte nacional se están haciendo inversiones grandes, pero cuando llegan a nivel departamental y municipal los recursos se desvían porque se están pagando favores políticos”. Para ella la solución está en una educación de calidad y en que las victimas que están haciendo las representaciones tengan herramientas de trabajo efectivas.
Así como José, Yuli Fernánda, y Marina, muchas víctimas se acercaron a Confidencial Colombia en su día para expresar su inconformismo con la ejecución de la Ley. Si bien es cierto que el Gobierno ha hecho un gran esfuerzo para cumplir a cabalidad con la norma, no ha sido suficiente y frases como estas “no le ayudo porque usted no voto” (victima de Nariño) hacen que un día como hoy no sea de celebración sino de indignación.
