La locomotora minera con la que el Gobierno Nacional pretende jalonar la economía tiene varios palos en la rueda que no permiten que el sector se desarrolle de una forma más dinámica.
Pese a que el sector para el segundo trimestre del año reportó un crecimiento del 8,5%, si se compara con el mismo periodo del año 2011, su crecimiento podría ser mucho mejor si se desarrollara una institucionalidad más fuerte, como afirman algunos expertos.
En una carta de la organización Colombia Punto Medio firmada por expertos del sector y enviada al Ministro de Minas y Energía, Federico Renjifo, se establecen doce puntos que se deben resolver lo más pronto posible para que la minería sea de verdad esa locomotora que quiere impulsar la economía del país.
“Estamos preocupados porque la problemática a la que se enfrenta el sector se puede mejorar, por eso hacemos estas recomendaciones”, dijo Luis Álvaro Pardo, director de Colombia Punto Medio. Según la misiva, los aspectos que se deben mejorar son: el fortalecimiento institucional de la autoridad minera, resolver las solicitudes mineras que tiene el Servicio Geológico Nacional (SGN), así mismo definir un Catastro Minero con criterio, una reforma al código de minas estricta que atienda todas las necesidades del sector.
También es necesario tener una claridad sobre las leyes ambientales, la autoridad debe conocer a las actividades a las que se dedican las empresas explotadoras, se deben agilizar los procesos de formalización. Así mismo la autoridad debe tener un carácter nacional y no concentrarse en las ciudades grandes, también debe ser garante de la repartición equitativa de las regalías, el Gobierno debe ser claro con los estudios técnicos, económicos, ambientales y sociales que impactan las zonas mineras y por último también se debe comprometer con la seguridad del desarrollo de la actividad.
Luego de ser declarada inconstitucional, la Ley 1382, que rige la actividad minera, cuenta con un tiempo límite de vigencia. En mayo de 2013 se vence. La principal preocupación es que aún se están firmando contratos con esta normativa, pero apenas se empiece a regir el sector con la nueva norma, que se encuentra en consulta previa, creará conflictos para la autoridad ya que se debe saber cuándo y cuál fue el contrato firmado para así tomar determinaciones.
Regalías no ayudan en la fiscalización
Los recursos provenientes de las regalías no ayudan a fortalecer la institucionalidad ambiental y no atienden con la suficiencia debida las necesidades de fiscalización y control minero. Tampoco hay un proyecto normativo que garantice recursos para que las autoridades puedan ejercer control sobre la ilegalidad.
Falta de estudios para la explotación
El Gobierno no cuenta con los estudios técnicos, económicos, ambientales y sociales que le ayuden a tomar las decisiones correctas sobre la conveniencia nacional de prorrogar contratos de gran minería. Un ejemplo de ello es el caso de Cerromatoso, que ha sido criticado por varios sectores de la sociedad.
El terrorismo, una amenaza
Los grupos al margen de la ley han venido explotando de manera ilegal algunas canteras del país con el fin de financiar su estrategia armada. Por tal motivo es fundamental que la minería sea tenida en cuenta en un eventual proceso de paz, buscando generar soluciones y no volver de la actividad otro punto del conflicto.
La ANM no opera en todo el país
Hasta el momento, la autoridad minera no ha resuelto mecanismos para hacer presencia institucional en todo el territorio nacional. Hasta ahora, según Punto Medio, la presencia de la agencia se limita a realizar sus labores en las principales ciudades, esto conlleva a que haya informalidad en el sector.
Títulos mineros vs medio ambiente
La expedición de títulos mineros sin todavía conocer los alcances en detalle que puede tener la minería en la zona de páramos genera nuevos conflictos y pleitos entre los concesionarios y el Estado, graves daños a la riqueza hídrica del país, enfrentamientos entre colombianos y disociación entre comunidades locales.
No hay normas para la minería ilegal
Hay una gran cantidad de organizaciones que se encuentran explotando las canteras del país. La autoridad minera aún no ha podido establecer y organizar un control efectivo contra este problema. Por ello, el Ministerio ha venido trabajando en jornadas de formalización alrededor de todo el país.
No hay reportes de las empresas
Hay muy pocas compañías mineras del país que envían sus informes a la autoridad minera. Hace falta conocer en profundidad las operaciones que estas adelantan en el país y las labores de fiscalización de las obligaciones técnicas, económicas y ambientales los 9.043 contratos vigentes.
Falta de normas minero ambientales
No se cuenta con normas minero ambientales, ni suficientes que garanticen que los abandonos mineros se conviertan en pasivos. Tampoco se cuenta con recursos económicos y humanos para la gestión de pasivos minero ambientales, no se cuenta con recursos para garantizar una institucionalidad minera ni ambiental.
El código minero no resuelve problemas
Uno de los puntos en los que más se muestra preocupación es en la reforma al Código de Minas que presentará el Ministerio ya que, según Punto Medio, no se resuelve la problemática del sector porque desconoce los avances en materia ambiental, no ha tenido debate con otros entes y es rechazado de las minorías étnicas.
Inestabilidad en el catastro minero
El cronograma de alistamiento técnico del Catastro Minero Colombiano ha sufrido varias modificaciones, lo cual ha llevado a que los expertos consideren que hay una inestabilidad en el sistema y que introducir mejoras para hacer más eficiente la plataforma tecnológica de este generen incertidumbre en el sector.
Demoras en las solicitudes mineras
En el despacho del Servicio Nacional Geológico (SNG) aún se encuentran un número considerable de solicitudes mineras, radicadas con más de dos años. Estas peticiones deberían tener preferencia sobre las que desde el 1 de octubre reciba la ANM ya que si no se hace, habría una congestión de procesos.
Debilidad de la autoridad minera
Una de las principales inquietudes es que la Agencia Nacional de Minería (ANM) fue creada hace muy poco (en noviembre de 2011) y que en ese tiempo se ha cambiado dos veces a la presidente. La entidad tampoco cuenta con oficinas propias, ni con un personal suficiente para realizar su función como autoridad.
