¿Por qué Electricaribe se escuda en una deuda para justificar el fracaso del servicio de energía en la Costa Caribe? ¿Quién tiene la culpa?
“Si no pagas, la Costa no avanza”, enuncia la controversial campaña que Electricaribe emprendió para responder a las numerosas acusaciones sobre mal servicio y costos elevados que marchan en su contra.
De acuerdo con la compañía, la región no podrá seguir adelante hasta que sus clientes le paguen una deuda de 1,42 billones de pesos que se originó –entre otras cosas- por fraude en el pago de los servicios. “En el año 2014, por concepto de fraude (energía consumida y no facturada), se alcanzó la suma de 216.136 millones en pérdidas”, dice un trino publicado en los últimos días por la empresa.
En la práctica esa deuda impediría realizar las inversiones en infraestructura eléctrica que la Costa necesita. Sin embargo, son más las voces que afirman que Electricaribe simplemente ya no quiere poner un peso de su bolsillo para el desarrollo de la región.
En efecto, el Ministerio de Minas y Energía anunció un plan de acción que movilizará hasta 4.2 billones de pesos por parte de Electricaribe y otros agentes para mejorar la confiabilidad del sistema y la calidad del servicio. De este monto, la empresa invertirá 1.1 billones en los próximos cinco años.
De entrada se podría concluir que están comprometidos con subsanar los problemas de acceso a la electricidad que hoy aquejan a miles de colombianos en la Costa Caribe. Pero la realidad es que esos 1.1 billones de pesos solo serán viables si en paralelo se logra recuperar lo perdido por el fraude actual.
Es decir que esos recursos no podrán traducirse en una inversión real hasta que los clientes paguen lo que le deben a Electricaribe. Entre tanto, aumentan los reproches frente al hecho de que suban los costos por la electricidad y que al mismo tiempo empeore el servicio.
Y entonces, ¿quién es el culpable y quién es la víctima?
José García Sanleandro, gerente de Electricaribe, la encargada del suministro de energía en siete departamentos de la Costa, admite que son responsables de la situación actual, no obstante asegura que el Estado y los clientes también tienen cuentas pendientes que saldar y se basa en lo dicho por Jaime Amín, senador del Centro Democrático, quien explicó que “ni la empresa, el Estado o la Superintendencia de Servicios Públicos pueden evadir sus responsabilidades”.
Tampoco lo puede hacer el ciudadano que –por necesidad o ‘conchudez’- consume energía sin pagarla.
Una fuente cercana a este medio afirma que en este pulso lo que realmente predomina es la ‘ley del más vivo’, pues todas las partes admiten tener la culpa pero a su vez sacan tajada de la situación. “Es un juego de hipócritas”, dice.
Por un lado está Electricaribe, que reclama por dineros y deudas pero al mismo tiempo “capta las rentas del Estado sin hacer las inversiones correspondientes y se victimiza”. En la otra orilla está la mala administración y la escaza vigilancia del Estado sobre los movimientos de la empresa y los derechos de los costeños. Y luego está el ciudadano que pelea por el mal servicio pero roba del mismo como pretexto.
“Todos los ciudadanos nos sentimos afectados, nos sentimos golpeados, nos sentimos maltratados”, manifestó Elsa Noguera, alcaldesa de Barranquilla, quien además pidió que las inversiones por 4 billones de pesos anunciadas por el Ministerio de Minas y Energía deben “ejecutarse a la mayor brevedad posible”.
‘Que den la cara’
La bancada más grande del Congreso y la que más presión ha hecho en contra de Electricaribe es en efecto la denominada “bancada costeña”, que consta de senadores y representantes oriundos de la costa y que pertenecen de todos los partidos políticos.
Este grupo de parlamentarios ha denunciado frecuentemente a la empresa y echo buen eco ante la prensa, pero tampoco no ha mostrado resultados concretos que mejoren la situación.
En todo caso, la comisión sexta del Senado estaría concibiendo citar a Electricaribe a un debate de control político para que responda por las continuas fallas del servicio en la costa. Esta decisión también vendría motivada por los cobros exagerados a los habitantes.
Mario Fernández, del Partido Liberal, plantea la posibilidad de que la administración de la energía se le entregue a otra empresa por medio de una licitación y hace énfasis en que el Estado no sea el único que invierta recursos (…) “el privado también tiene esa obligación”.
En el Capitolio ya hacen carrera 500 mil firmas que el Partido Conservador recogió con el objetivo de frenan los abusos cometidos por la empresa y las cuales serán entregadas al Ministerio de Minas.
