Esta semana en la sesión de la sala plena de la Corte Suprema de Justicia, tres magistrados se mantuvieron al margen de la decisión mayoritaria que nominó a Alejandro Ordoñez como su candidato a la Procuraduría. Los juristas dejaron constancia en el acta de que consideran que la Corte está impedida para nominarlo, por los lazos que unen burocráticamente a la Procuraduría con el alto tribunal.
En las cinco horas que duró la Corte debatiendo la aprobación del acta, hubo serios reclamos para los tres “mosqueteros” que se apartaron de la postura mayoritaria, comandada por el magistrado Francisco Ricaurte, artífice central de la nominación temprana de Ordoñez.
“ Usted le mandó un misil a la Corte” le reclamó Ricaurte a uno de los magistrados disidentes ante la postura inamovible de éste de mantener la constancia de la inhabilidad. Se trataba de Oscar Arturo Solarte, que junto a la magistrada María del Rosario González, la única de la sala penal que comparte la teoría del impedimento, y Jesús Vall de Ruten de la sala CIVIL se convirtieron en el palo en la rueda del máximo ente de la justicia.
Las constancias en esta acta, que aun no se hace publica, puede minar los pilares de la nominación de este procurador, que hoy por hoy es el tema que genera más controversia en el seno de las instituciones del Estado.
El acta la quieren todos. Hay, radicados en la Corte, decenas de derechos de petición y su contenido puede ser un argumento más para reforzar las dudas que están sobre la mesa sobre la conveniencia de arriesgarse por un Procurador que se está jugando todo por el todo para ser reelegido pese a que existen evidencias de la ilegalidad que tendría su nominación y posterior elección.
Ordoñez ha logrado poner los pelos de punta a los tres poderes. En la Corte ya se sabe, entonces, que hay controversia sobre un fallo que es trascendental para el tribunal, en el gobierno, la encrucijada aun no se resuelve. La decisión del presidente Santos para enfrentarle a Ordoñez un candidato que de la pelea, aun está en veremos.
Se habla de que un nombre que conseguiría votos en el Congreso, es el de Aurelio Iragorri, pero también se sabe que ya Ordoñez le dejó saber que su paso por la gobernación de Cauca estaría bajo la lupa. Es decir mandó la advertencia clara de lo que es capaz en procura de quitar adversario del camino; y por último el más preso de los poderes: El legislativo. Los congresistas que ha desfilado por las salas de la casa del procurador y la oficina del procurador, tienen miedo de que la maestría en política clientelista demostrada por el otrora jurista, les gane la partida para mantener sus cuotas regionales en alcaldía, consejos y gobernaciones.
Falta más de un mes para que llegue el momento de elegir un procurador, o reelegir a Ordoñez, mientras tanto, todo el Estado, juristas y la opinión tienen por delante una puesta en escena de demostración de poder e intimidación de un personaje que se erigió como un jurista que asustaba a las mujeres que quieren ejercer su derechos sexuales y reproductivos, y ahora asusta a todo el Estado en procura de quedarse en su ´pulpito” de sanciones disciplinarias.
¿Quién ganará, el miedo o el estado de derecho?