Si bien no ha sido reelegido en el cargo, Alejandro Ordóñez ha dejado ver la que podría ser la agenda del Ministerio Público en los diálogos de paz que se adelantarán desde octubre entre las Farc y el Gobierno Nacional.
El Procurador General de la Nación, Alejandro Ordóñez Maldonado, ad portas de su virtual reelección ha dado declaraciones sobre el proceso de paz, que de cierta manera prefiguran la posición que tomará el Ministerio Público en cabeza de Ordóñez, de llegar a repetir su gestión.
El Procurador General en declaraciones dadas a medios radiales y prensa nacional ha sido enfático en su posición, y por extensión, en la de la Procuraduría de frente a la agenda propuesta por el acuerdo firmado en La Habana entre el Gobierno Nacional y las Farc.
Legitimidad del Proceso
Para Ordóñez Maldonado la legitimidad del proceso se irá dando a medida que este se vaya desarrollando y a medida que vaya mostrando resultados tangibles. A pesar de que la sensatez que posee ese argumento es indiscutible, hay que tener en cuenta que el Procurador no ha dicho nada nuevo. El acuerdo firmado en La Habana establece de manera tácita esa legitimidad en construcción. Ello puede verse en el último punto del mismo que señala que “…nada está acordado hasta que todo esté acordado.”
Además está establecido que habrá una evaluación periódica del proceso de diálogo con lo que ganará o perderá legitimidad a medida que vaya sucediendo la negociación.
Las víctimas y los victimarios
Según el Procurador General este proceso debe estar enfocado en las víctimas y no permitir que haya perdón y olvido en el proceso de reinserción. La primera parte de esa argumentación está establecida en el quinto punto del acuerdo. Ahí se nota un especial interés en las víctimas, buscando la verdad de lo sucedido en el conflicto y la protección de la ciudadanía de la violencia paramilitar, llegando a ampliar esa protección a los miembros de las Farc que se desmovilizan. Sin embargo sobre la posibilidad de que haya un principio de perdón y olvido nada se ha dicho ni se han presentado alternativas al pago de penas en prisión para los miembros de las Farc que dejen las armas.
En este sentido el Procurador continúa en la línea de revisar de cerca el proceso de desmovilización y reinserción teniendo en cuenta la desafortunada experiencia, en el mismo sentido, que fue el proceso de paz llevado a cabo con los paramilitares, que hasta el momento no ha arrojado más de 12 condenas en un lustro.
Narcotráfico
El Procurador se pronunció sobre la responsabilidad que tienen las Farc como grupo subversivo y como grupo productor y exportador de droga. Tal vez este es el tema mas espinoso y de cuidado que puede tener el futuro proceso de paz con el grupo guerrillero. Si bien el cuarto punto del acuerdo establece que se debe prestar especial atención al problema del narcotráfico, en ningún momento se habla de la calidad de narcotraficantes de los miembros de las Farc, o al menos del Secretariado.
Tal vez en este apartado es que el Procurador dice algo que no esté ya establecido en el documento firmado por las partes. Habría que considerar de manera especial que en ese sentido la opinión y decisión del gobierno de los Estados Unidos es fundamental ya que podría solicitar en extradición a algún comandante de las Farc. Además, hay que tener en cuenta que es algo prematuro pensar en ese punto toda vez que la mesa estableció que lo primero que se negociará o dialogará es el problema agrario en el país.
Justicia Flexible
Ordóñez ha insistido en que si la justicia se flexibiliza (justicia transicional) para que los miembros de las Farc regresen a la vida civil lo mismo debe suceder con los miembros de las fuerzas armadas. Según el Procurador, el país no vería con buenos ojos que el marco jurídico permitiera ventajas para un miembro del grupo guerrillero mientras que se les niega a las fuerzas armadas la aplicación del fuero militar.
Este punto es el más complicado y en el que el Procurador se atraviesa de manera más clara a las pretensiones de paz del Gobierno Nacional y las Farc. Si bien, como lo señala Ordóñez, él hará todo lo que esté en sus manos para que “no se sacrifiquen nuestras fuerzas militares y policiales, que han ofrendado sus vidas por la defensa de la vida, la honra y el bienestar de los colombianos”, también es cierto que las fuerzas armadas al representar a la institucionalidad deben garantizar el respeto de la población civil en todo momento sin que medie ningún tipo de excusa, una de las críticas profundas a la implementación del fuero militar.
Cambios Constitucionales
Sobre este punto, el Procurador ha sido enfático en afirmar que no es conveniente que las Farc regresen de la guerra a reformular el marco jurídico, económico y social del país. Sobre esa consideración la razón asiste al ministro público pero también deja ver que las diferencias entre el proceso de paz del Caguán y el que se iniciará en el mes de octubre, en Oslo, no son tan evidentes para él.
Si bien es cierto que se discutirán puntos fundamentales como la política agraria o el manejo del narcotráfico, también es cierto que en ningún momento se está hablando de una reformulación de la constitución colombiana. Si en el Caguán se puso en tela de juicio, por parte de las Farc, toda la constitución del país, en esta oportunidad se tratarán temas puntuales y claros con una metodología que privilegie el pragmatismo y la salida rápida al conflicto militar.
Con todo lo anterior queda claro que la agenda del Procurador General de la Nación, en cuanto al proceso de paz se basa en obviedades que ya están establecidas en el acuerdo firmado en La Habana y que muchos de los puntos de esa agenda tienden a generar un buen concepto de su gestión, como defensor de la población colombiana, en el marco de la elección de Procurador General que se avecina.
Además, se puede anticipar que en un momento dado, la posición de Alejandro Ordóñez, como Procurador General puede comprometer el desarrollo de los diálogos y entorpecer las negociaciones, toda vez que algunas de sus posturas pueden generar una tensión innecesaria entre los miembros de la mesa negociadora.
Queda esperar la decisión del Senado de la República en cuanto al cargo de Procurador, cargo para el que se da por descontada la reelección de Ordóñez, a pesar de las críticas y controversias que su gestión ha generado en estos últimos cuatro años entre varios sectores del país que lo consideran reaccionario y poco consecuente con los cambios sociales que se han ido a dando en el mundo.
