Luego de la sentencia emitida por el Comité de Naciones Unidas para la Eliminación de la Discriminación Contra la Mujer (CEDAW), en donde condenó al Estado español por haber sido inoperante con más de 40 denuncias que interpuso Ángela González, con las que pretendía evitar la muerte de su hija Andrea, de siete años, quien fue asesinada por su padre en el 2003; España no la indemnizará, ni atenderá la sentencia de CEDAW.
El Gobierno por medio del Ministerio de Justicia señaló que no existe una base jurídica para la demanda de Ángela y, por lo consiguiente no existe una ley que permita una indemnización integral, También el Estado español manifestó que no hay lugar a una nueva investigación como lo pidió el Comité de Naciones Unidas por el tiempo que ha pasado.
Aquí la historia
“A esta justicia no le importó la muerte de mi hija, espero que el gobierno (español) tras esta sentencia se sienta obligado a cumplir lo que dice el Comité de Naciones Unidas para la Eliminación de la Discriminación Contra la Mujer (CEDAW)”.
Estas fueron las palabras de Ángela González después de conocer que este organismo internacional condenó al Estado español, por haber sido inoperante con más de 40 denuncias que interpuso, con las que pretendía evitar la muerte de su hija Andrea, de siete años, quien fue asesinada por su padre en el 2003.
El camino para encontrar justicia fue largo y espinoso para Ángela. Luego de sostener una cita judicial con su ex-esposo en el 2003 para recuperar su casa, ya que ella corría con todos los gastos y tenía la custodia de su hija Andrea, este hombre se acercó y, con una frase lapidaria, sentenció el asesinato de su propia hija. Esa mañana después de la diligencia legal, durante el régimen de visitas y sin la supervisión de una trabajadora social, mató a su hija, al perro y luego se suicidó.
Como una “crónica de una muerte anunciada” así define Ángela el asesinato de su pequeña, pues ella había dejado a disposición de la justicia española la seguridad de su hija. Pero haber estado sujeta a la ley no sirvió de nada.
El sistema de protección en casos de violencia intrafamiliar pasó por alto que un hombre violento, que agredió verbal y físicamente a su esposa por más de 15 años, podría hacerle daño a su hija hasta el punto de quitarle la vida; la premisa de las autoridades fue que un hombre, independientemente de que sea un agresor con su pareja, puede ser un buen padre.
Gema Fernández, abogada de Women’s Link Worldwide, una de las defensoras que llevaron el caso a CEDAW, señala que en España se ha determinado cómo la conducta de este tipo de personas violentas, si no le hacen daño a su cónyuge, van a agredir a sus hijos en segunda opción, seguido del suicidio. Esto obedece a que, si llegaran a quedar con vida, recibirían una mayor condena no solo carcelaria, sino social. Además, tambien lo hacen porque al no estar ninguna de las personas por las que tenía una “obsesión”, su vida ya no tiene ningún sentido.
La inoperancia y la mala ejecución de la ley en estos casos van más allá. Fernández manifiesta que si hubiera sido otro caso distinto al de una mujer desesperada por proteger a su hija de su padre, la justicia habría actuado diferente, pues el estigma de la sociedad en general es que las mujeres son “mentirosas y exageradas”.En casos así ya no se configura solamente la ineficiencia de una ley, sino un hecho de discriminación de género; de ahí que, en este caso, la condena de la ONU al Estado español es por no haber evitado la violación de los derechos de Ángela Gonzalez, víctima de la violencia de género.
Luego de esta sentencia, Ángela siente que su búsqueda de justicia ha terminado después de estar detrás de ella por 11 años. Para ella era inaudito que todo el proceso terminara con el asesinato de su hija y el suicidio del padre, y las autoridades no tuvieran siquiera un llamado de atención por la responsabilidad que les cabía en la protección de la vida de los involucrados.
La abogada Fernández dice que “Ángela no quería que eso quedara así, quiso hacer la reclamación por el procedimiento administrativo y al Estado. La muerte de su hija había sido culpa de las autoridades y de todos los tribunales que no la quisieron escuchar, ella necesitaba que la culpa cayera sobre otra persona, porque ella ya se sentía muy culpable por no haber protegido a su niña”.
Finalmente, luego de que se diera la condena de CEDAW, su lucha va estar concentrada en que todas las recomendaciones dictadas por este organismo internacional sean acatadas por el Estado español, entre esas recomendaciones está una indemnización económica, que claramente no va a devolverle a su hija Andrea, pero que ayudará a crear una casa de acogida para mujeres y niños que vivieron la misma situación que ella y, así ayudar a mitigar casos como estos.
