La guerrilla de las Farc volvió a plantear propuestas para “avanzar en las relaciones urbano-rurales” y propuso crear un fondo para la justicia social territorial que se financie a partir del “impuesto a la gran propiedad latifundista y el establecimiento de la doble tributación para grandes contribuyentes”.
La discusión sobre la tierra y el desarrollo rural sigue teniendo lugar en la mesa de negociaciones en La Habana. Negociadores del gobierno y del grupo insurgente discuten todavía mecanismos de uso y acceso a la tierra, estímulo a la producción agropecuaria y a la economía solidaria y cooperativa.
Antes de llegar al Palacio de las Convenciones, al norte de la capital de La Isla, los voceros de la guerrilla emitieron un nuevo comunicado en el que plantearon nueve propuestas mínimas de Justicia social territorial y política macroeconómica para la paz.
Dentro de las iniciativas planteadas por la insurgencia están la “reparación de la deuda histórica, política, económica, social, ambiental y cultural con el campo y su población”, según el documento. Para suplir este déficit, la guerrilla propone disponer recursos extraordinarios durante 10 años equivalentes “al menos al cinco por ciento del producto interno bruto anual”.
Las Farc también propone la creación de un “fondo extraordinario para la justicia social territorial que tendrá un valor mínimo de 300 billones de pesos”. Este mecanismo será financiado, según la guerrilla, por “el impuesto a la gran propiedad latifundista, el establecimiento de la doble tributación para grandes contribuyentes, el impuesto de “Justicia social territorial”, proveniente de una sobretasa al impuesto de renta y utilidades de grandes contribuyentes, el aumento al impuesto a las regalías, la renegociación de la deuda pública externa e interna, etc”.
El documento también incluye una propuesta de “desmilitarización de zonas rurales, de la sociedad y del Estado”, protecciones especiales a la política microeconómica y encadenamientos equitativos entre las economías rurales y urbanas.
La séptima ronda de negociación sigue adelante, y el compromiso de los negociadores del gobierno al iniciar esta etapa fue lograr concertar un acuerdo en el tema agrario para avanzar al segundo punto de la agenda que permitirá poner fin al conflicto armado en Colombia.
Propuestas de las Farc
1. Reparación de la deuda histórica, política, económica, social, ambiental y cultural con el campo y su población, producto del ejercicio de la violencia estatal y paramilitar y de la guerra, de la depredación socioambiental y de la política económica imperante. Para tal efecto, se dispondrán durante los siguientes 10 años recursos extraordinarios adicionales, equivalentes al menos al cinco por ciento del producto interno bruto anual. Con tales recursos se conformará un “Fondo extraordinario para la justicia social territorial”.
2. Fondo extraordinario para la justicia social territorial que tendrá un valor mínimo de 300 billones de pesos (base 1995), sin perjuicio de los recursos anuales de presupuesto que actualmente se destinan para la financiación de la política sectorial y social en el campo. Será de destinación específica, para contribuir principalmente a la superación de las profundas desigualdades sociales y la pobreza de la población rural, y de las desigualdades entre el campo y la ciudad. Serán fuentes de financiación del Fondo, entre otras la impuesto a la gran propiedad latifundista, el establecimiento de la doble tributación para grandes contribuyentes, el impuesto de “Justicia social territorial”, preveniente de una sobretasa al impuesto de renta y utilidades de grandes contribuyentes, el aumento al impuesto a las regalías, la renegociación de la deuda pública externa e interna, etc.
3. Desmilitarización de las zonas rurales, de la sociedad y del Estado, que implique el abandono de la doctrina de la “seguridad nacional” impuesta por el Pentágono; la no estigmatización de las comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes; el reconocimiento y el respeto por sus territorios, y su exclusión de estrategias contrainsurgentes.
4. Protecciones especiales frente a la política macroeconómica y de comercio exterior neoliberal, elaborada en los centros urbanos del poder económico y político, la cual ha afectado de manera significativa la economía de la sociedad rural y de manera particular, la economía campesina y la economía de producción de alimentos. Mientras se producen los cambios necesarios en el modelo económico y la política económica general, se adelantarán acciones de protección frente a la revaluación del peso, el endeudamiento, incluida la condonación de las deudas campesinas, y los impactos generados por los tratados de libre comercio.
5. Encadenamientos equitativos entre economías rurales y urbanas, privilegiando la consolidación y la estabilidad de las comunidades rurales, campesinas, indígenas y afrodescendientes, así como a los consumidores urbanos de los sectores medios y pobres de la población. Se promoverá un sistema de compras estatales de los productos de las economías rurales, especialmente de alimentos, basado en precios de sustentación y la eliminación de la intermediación. Se estimulará la agregación de valor de esas economías. Se propiciarán formas asociativas y de cooperación entre productores rurales y consumidores urbanos. Se apoyarán asociaciones y cooperaciones urbanas para compras de producción rural; así como asociaciones y cooperaciones rurales para compras de pequeñas y medianas producciones urbanas.
6. Desarrollo y ordenamiento territorial para el buen vivir de la población mediante programas fundamentados en un criterios territoriales que posibiliten la estabilidad y la sostenibilidad de la sociedad rural y, en especial, que proteja en primera instancia el derecho a la tierra y el territorio de la población, y genere las condiciones para el disfrute de los derechos económicos, políticos, sociales, ambientales y culturales. Tal ordenamiento debe atender a principios de justicia social territorial, al respeto del territorio y de las territorialidades campesinas, indígenas y afrodescendientes, procurando la dotación con infraestructura física y social que garantice condiciones dignas de vida y de trabajo, así como la protección y el apoyo a la ruralidad urbana.
7. Fiscalidad para un relacionamiento equitativo entre la ciudad y el campo, a partir de un sistema de transferencias específicas del gobierno central en la forma de una bolsa de recursos que permita financiar la organización territorial basada en el reconocimiento de los territorios campesinos, indígenas y afrodescendientes, así como en un relacionamiento equitativo entre la ciudad y el campo.
8. Reconocimiento de la riqueza pluriétnica y multicultural de la sociedad rural, hasta ahora sometida a la marginalidad y la exclusión. Para ello se requiere el impulso de programas especiales tanto en la ciudad como en el campo que contribuyan a la aprehensión social de tal riqueza, de sus aportes al conocimiento, a la organización de la vida, la economía, la producción, y al relacionamiento con la naturaleza.
9. Organización institucional para la democratización de las relaciones entre la ciudad y el campo con participación política de las comunidades rurales, mediante circunscripciones especiales que desarrollen y amplíen las existentes. La justicia social territorial conlleva una redistribución democrática del poder que reconozca y respete las comunidades actualmente excluidas o débilmente representadas.
