Faltan dos debates para que se apruebe la reforma del fuero militar en el Congreso nacional y la pregunta que flota en el aire es: ¿por qué la celeridad de aprobar una reforma constitucional que no es bien vista por organismos internacionales de derechos humanos?
Faltan dos debates para que se apruebe la reforma del fuero militar en el Congreso nacional y la pregunta que flota en el aire es: ¿por qué la celeridad de aprobar una reforma constitucional que no es bien vista por organismos internacionales de derechos humanos?
En primera instancia hay que señalar que la Constitución de 1991 consagra en el artículo 221, que exista una justicia penal militar para juzgar actos de servicio de las fuerzas armadas sin que deban ser conocidos por la justicia ordinaria, siempre y cuando se ajusten a la premisa de que son acciones propias de los actos de servicio.
Y es ahí donde empieza el debate. El fuero militar logró debilitarse y llegar a su más álgido cuestionamiento cuando las acciones de miembros de la fuerza pública que violan el Derecho Internacional Humanitario (DIH) se han intentaron pasar como actos de servicio. Ejecuciones sumarias, violencia sexual y desaparición forzada que no son actos que respondan a la naturaleza del combate a los grupos ilegales.
El Fuero en la era Uribe
Uno de los políticos que más ha reivindicado la labor de los miembros de la fuerza pública y que ha crecido en popularidad gracias a los éxitos militares en el campo de batalla, sin duda ha sido el expresidente Álvaro Uribe Vélez (2002-2010).
Sin embargo, durante su mandato, en 2006, el entonces Ministro de Defensa, Camilo Ospina y el entonces Fiscal General de la Nación, Mario Iguarán firmaron un acuerdo de cooperación en el que quedó establecido que en ocasión de cualquier operativo militar deberían estar presentes miembros del CTI de la Fiscalía para garantizar que todo ocurriera de acuerdo la ley.
Esta medida que puede ser una garantía para el respeto de los derechos humanos de la población civil va en contravía del fuero militar consagrado por la constitución pero es imposible, jurídicamente, derogarla debido a que fue demandada su inconveniencia ante el Consejo de Estado, razón por la cual habría que esperar decisión este tribunal o que exista una ley superior para dejar sin efecto el acuerdo.
En ese mismo sentido, el Procurador General de la Nación se ha pronunciado al señalar que el acuerdo es inconstitucional y por ende debe de cesar todo su efecto.
Esa es la razón de fondo y de peso que obliga a que un acto legislativo que modifique la Constitución se encargue de esa materia.
Además, explica la razón por la que el gobierno nacional sacó el tema del fuero militar de la abortada reforma a la justicia.
Voces críticas al fuero
Han sido varias las voces que se han levantado en contra del proyecto de acto legislativo que modificaría la norma constitucional que regula el fuero militar. Desde el representante a la Cámara, Iván Cepeda Castro hasta 11 relatores de las Naciones Unidas, las reacciones al proyecto de acto legislativo han sido varias y se han centrado en señalar la inconveniencia de una reforma constitucional que deja muchas zonas oscuras en cuanto a derechos humanos se refiere.
Como los expresó el señor Todd Howland, Representante en Colombia de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, en un foro sobre el fuero militar realizado en la Universidad Sergio Arboleda de Bogotá, “la propuesta de acto legislativo que cursa en el Congreso para reformar el fuero militar no es necesaria para superar las dificultades y, por el contrario, supone un retroceso en el funcionamiento de la administración de justicia en el país.”
La aseveración del representante de la ONU en Colombia, se fundamenta en el hecho de que existen, en Colombia, mecanismos legales e institucionales para garantizar el correcto funcionamiento de la justicia ordinaria y de la penal militar sin que deba mediar una reforma constitucional. Todo esto debido a que el proyecto de acto legislativo no aclara cómo sería la actuación ante casos como los falsos positivos.
También señala el funcionario que el temor de los miembros de las fuerzas militares colombianas a actuar en un combate contra la guerrilla, debido a las posibles consecuencias jurídica derivadas del acuerdo entre Fiscalía y el Ministerios de defensa es un problema de percepción, ya que ningún militar ha sido juzgado y encarcelado por actos derivados del servicio, sino que las condenas existentes se deben a violaciones flagrantes del DIH.
Mientras la discusión continua, el Ministro de Defensa Juan Carlos Pinzón y la cúpula militar se han mostrado muy satisfechos del impulso que lleva el trámite en el Congreso que seguramente logrará con su aprobación, pero no terminará ahí el debate central que toma aun mas relevancia en momento en que se adelanta un proceso de paz para ponerle fin al conflicto, en el que de llegar a buen puerto, se discutirá el papel futuro de los militares.
