Gas Natural ha exigido hoy al Gobierno colombiano en un comunicado que deje sin efecto la decisión de liquidar la sociedad Electricaribe y se esfuerce en buscar una solución “satisfactoria y sostenible para ambas partes” que garantice el suministro eléctrico en la zona.
La empresa española asegura que la decisión del Gobierno colombiano de liquidar Electricaribe, que llevaba intervenida desde mediados de noviembre, “va en contra del proceso de diálogo” abierto en los últimos meses con Colombia y “del espíritu de profundización de las relaciones comerciales entre la Unión Europea y Colombia”, a la vez que “impacta negativamente” en el clima requerido para que se produzcan flujos de inversión internacional hacia ese país. “La orden de liquidación de la compañía es claramente un paso en la dirección opuesta a los principios que preconiza la OCDE”, sentencia la multinacional española.
Por este motivo, Gas Natural ha anunciado que “no le queda otra alternativa que acudir a una institución internacional para que resuelva la situación creada en la forma prevista en el Acuerdo Bilateral de Protección Recíproca de Inversiones entre España y Colombia”, remarca en el comunicado. La empresa señala a Colombia como uno de los responsables de la actual situación de Electricarible ya que, “pese a contar con un 14% del capital social” y tener “un representante en el Consejo de Administración” la Administración colombiana no han tomado las medidas necesarias “para evitar el colapso de la empresa”.
Gas Natural culpa “a la morosidad y al fraude”
Por último, la multinacional admite “estar sorprendida” por la poca importancia que ha dado la Superintendencia, que dictamina la liquidación, “al gravísimo problema de la morosidad y el fraude”. A ojos de Gas Natural se pretende ignorar que Electricaribe “arrastra una deuda de sus clientes superior a los 1.300 millones de euros” y y ello es así porque “no existe un marco regulatorio que proteja suficientemente los intereses de la compañía eléctrica”. A ello se suma la existencia de fraudes por un importe superior a los 100 millones de euros anuales. La empresa española ha interpuesto “más de 16.000 denuncias” (5.000 en los últimos 2 años), habiendo obtenido sólo 85 condenas.
Gas Natural Fenosa ya se vio obligada a desconsolidar su participación en Electricaribe reclasificándola, por exigencias de la normativa contable, como activo financiero por su valor contable de 475 millones de euros. “Obviamente, la reclamación internacional se hará por la totalidad de su justo valor de mercado, que es muy superior”, advierten. No obstante, la empresa ratifica su voluntad de seguir negociando con el Gobierno de Colombia para alcanzar un acuerdo que, dotando a la compañía colombiana de un marco regulatorio “adecuado”, establezca la necesaria regulación jurídica y económica que permita continuar operando a Electricaribe.
Visiones enfrentadas entre Colombia y España
El Gobierno colombiano y las autoridades locales del país justificaron la intervención de Electricaribe por los continuos fallos en el servicio y por la falta de inversiones de Gas Natural Fenosa, mientras que Gas Natural se quejaba de la falta de seguridad jurídica de su filial, aquejada de elevada morosidad y fraude en la zona donde opera, y sostenía que, en esas condiciones, no podía seguir invirtiendo. En este sentido, el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, ha asegurado que la decisión de liquidar y vender la filial de Gas Natural Fenosa en el país es ” una decisión responsable” y que la prioridad es “que ni usuarios ni empresas sufran por suministro de energía”.
Por su parte el Gobierno español ha lamentado la decisión del Ejecutivo colombiano. Para España la liquidación “no es acorde con la voluntad de diálogo que ha mostrado Gas Natural ni con su empeño de mejorar el servicio de distribución eléctrica a pesar de las circunstancias adversa ajenas” que ha tenido que soportar. Asimismo, el Gobierno español ha añadido que seguirá brindando su apoyo a Gas Natural en la utilización de los instrumentos jurídicos que tiene a su disposición y espera que haya un diálogo para que se pueda alcanzar una solución satisfactoria para todas las partes, que tenga en cuenta los intereses de los usuarios y de la empresa española.
