La investigaciones sobre la muerte por envenenamiento del ex espía Alexander Litvinenko, cuyos resultados se han presentado esta mañana en Londres, concluyen que el ciudadano ruso fue asesinado ‘probablemente’ obedeciendo órdenes directas del presidente Vladímir Putin.
Las conclusiones de la investigación colocan al Gobierno de David Cameron ante un serio conflicto diplomático con Rusia: Litvinenko, fallecido en Londres en noviembre de 2006, había adquirido la nacionalidad británica poco antes de morir.
Cameron se enfrenta a las presiones para responder con dureza al asesinato, patrocinado por un Estado extranjero, de un ciudadano británico en suelo británico. Reino Unido congeló los activos de los dos presuntos asesinos de Litvinenko y llamará al embajador ruso.
“He llegado a la conclusión”, ha dicho el juez que preside la investigación, Robert Owen, “de que la operación del SFS [Servicio Federal de Seguridad, antiguo KGB] para matar a Litvinenko fue probablemente aprobada por [Nikolai] Patrushev, entonces al frente del sercivicio, y también por el presidente Putin”.
El informe, de 245 páginas, concluye que Litvinenko -quien antes de fallecer trabajaba, según su viuda, para los servicios de inteligencia británicos y españoles proporcionando información sobre las mafias rusas- fue asesinado por dos agentes rusos, Andrei Lugovoi y Dimitry Kovtum. Existe una “alta probabilidad” de que estos, según la información secreta aportada por la inteligencia británica durante el proceso, actuaran en nombre de los servicios secretos rusos.
La ministra británica del Interior, Theresa May, ha declarado en el Parlamento que las conclusiones del informe sobre la participación del Gobierno ruso en el asesinato son “profundamente inquietantes”. Se trata, ha dicho, de “una inaceptable violación del derecho internacional”.
Y ha comunicado que se han congelado los activos de Lugovoi y Kovtum, y que mantiene su solicitud de extradición. Pero la ministra no ha anunciado medidas de mayor alcance, y ha recibido por ello duras críticas de los diputados de la oposición, que han lamentado que la búsqueda de justicia haya sido eclipsada por las actuales prioridades diplomáticas del Gobierno.
El Gobierno británico ha convocado al embajador ruso en Londres para trasladarle su malestar con el caso. La reunión, con el secretario de Estado David Lidington, se ha producido a primera hora de la tarde. El secretario de Estado le ha trasladado “la profunda preocupación por los hallazgos de la investgación independiente”, explica un portavoz del Foerign Office.
“Ha dejado claro que la conclusión de la investigación acerca de la probable participación del estado ruso es profundamente alarmante y demuestra la indiferencia hacia la legalidad británica, la ley internacional, los estándares de conducta y la seguridad de los ciudadanos británicos. Ha añadido que complicará aún más las relaciones bilaterales, minará la confianza, y perjudicará la reputación internacional de Rusia”. Lidington ha dicho al embajador que considera “inaceptable” que Rusia no atienda a la petición de extradición de Lugovoi.
En un encuentro con medios británicos recogido en las ediciones digitales de los mismos, la portavoz del primer ministro británico, David Cameron, ha señalado que el informe “lamentablemente confirma lo que el Gobierno ya temía”. “Pero debemos calibrar cuidadosamente la necesidad de tomar medidas, con la necesidad de trabajar conjuntamente con Rusia en determinados asuntos” como la lucha contra el Estado Islámico.
