Susana Virginia Barreiros, jueza que condenó a López y a los cuatro estudiantes, fue designada por la mayoría de la Asamblea Nacional, como Defensora Pública General en Venezuela.
Susana Virginia Barreiros, juez de Primera Instancia en Función de Juicio y Nro. 28 del Circuito Judicial Penal de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, fue designada por la mayoría oficialista de la Asamblea Nacional como defensora pública general.
Barreiros, reconocida en la opinión pública por estar a cargo del caso de Leopoldo López y los cuatro estudiantes por los hechos del 12 de febrero de 2012, será la encargada del órgano que garantiza defensa gratuita en el sistema judicial del país.
Lilian Tintori, esposa del líder opositor venezolano, afirmó que la designación de la jueza Barreiros, es “un premio a la injusticia”, al tiempo que le acusa de actuar de una manera “contraria a lo que debe hacer una juez en un ejercicio jurídico”. “Todos sabemos que Susana Barreiros cometió el delito de condenar a un hombre inocente, a mi esposo por casi 14 años. Maduro está enviando la peor señal. Maduro no ha entendido, no entendió que votamos para tener justicia, para tener democracia, para lograr paz”. Lo anterior, en entreviata para el canal NTN24.
La bancada consideró un insulto la designación, debido a la derrota que sufrieron los candidatos rojos en las elecciones legislativas del 6 de diciembre, cuando las organizaciones políticas aglomeradas en la Mesa de la Unidad Democrática superaron por más de dos millones de votos al oficialismo.
La jueza sustituirá a la magistrada Carmen Alves, quien estaba encargada de la Defensoría Pública desde la destitución de Ciro Araujo en el mes de agosto.
La Defensoría Pública es un órgano del sistema de justicia cuyo propósito fundamental es garantizar “la tutela judicial efectiva del derecho constitucional a la defensa en las diversas áreas de su competencia. Asimismo, está dedicada a prestar a escala nacional un servicio de defensa pública, en forma gratuita a las personas que lo requieran, sin distinción de clase socioeconómica”, según lo establecido en el artículo 2 de la Ley de Reforma Parcial de la Ley Orgánica de la Defensa Pública.
Barreiros durará siete años en funciones y estará encargada de “cada persona tenga derecho a la defensa en todo grado y estado del proceso judicial y administrativo”, como lo señala el artículo 8 de la ley mencionada.
