El presidente de EE.UU., Barack Obama, aprovechó hoy su mensaje sabatino para promover sus políticas económicas, tras una semana de escándalos que amenazan con dañar su agenda de prioridades para este segundo mandato y ante los que ha tenido que tomar medidas.
A las críticas a su gestión del ataque al consulado de EE.UU. en Bengasi (Libia), que colean desde hace meses, se han sumado estos días la noticia del espionaje de su Gobierno a la agencia AP y el estallido de un caso, el del escrutinio del Servicio de Impuestos a grupos conservadores, que le puede llegar a hacer mucho daño.
Con el objetivo de intentar pasar página, en su habitual mensaje de los sábados transmitido por radio e internet, Obama defendió las “ideas de sentido común” que ha venido impulsando en los últimos meses para crear una “próspera y creciente” clase media que sea “el motor del crecimiento económico” del país.
Se trata, en primer lugar, de “hacer que Estados Unidos sea un imán para los buenos empleos”, subrayó Obama.
Pero también, según agregó: de “asegurarnos de que nuestros trabajadores tengan la educación y las habilidades necesarias” para esos empleos, así como de que el “trabajo duro conduce a vivir de una forma decente”.
El presidente visitó ayer Baltimore (Maryland) y la semana pasada Austin (Texas) precisamente con el objetivo de promover su agenda económica.
“En poco más de tres años nuestras empresas han generado más de 6,5 millones de nuevos empleos”, destacó Obama en su mensaje al señalar, además, que ahora que las ganancias corporativas “se han disparado” es momento de “hacer que los salarios e ingresos de la clase media aumenten también”.
El mercado de la vivienda “está sanando” tras la crisis de 2008 “y nuestros déficits se están reduciendo a una de las velocidades más rápidas en décadas”, afirmó.
Obama añadió que la industria automotriz estadounidense “está en su apogeo”, al igual que el sector energético.
“Sé que si nos unimos y creamos más empleos, educamos más a nuestros hijos y construimos nuevas escaleras de oportunidad para todos los que estén dispuestos a subirlas, entonces todos prosperaremos unidos”, concluyó el mandatario en su mensaje.
Con esta promesa de seguir trabajando para acelerar la recuperación económica ha cerrado Obama una semana dura para él y para su Gobierno, según coinciden los analistas, y a la que ha plantado cara tomando medidas para intentar atajar los escándalos y resolver los problemas de fondo.
De la polémica por el excesivo escrutinio del Servicio de Impuestos Internos (IRS) a grupos conservadores que habían pedido una exención tributaria, Obama ha dicho que no supo nada hasta que la noticia saltó a la prensa y que su objetivo es “arreglar” el funcionamiento de esa agencia para que algo así no vuelva a ocurrir.
El miércoles el presidente anunció la renuncia del comisionado interino del IRS, Steven Miller, y al día siguiente nombró a su sustituto, Daniel Welfer, un asesor presupuestario de la Casa Blanca que deberá ahora “restaurar la confianza pública” en la aplicación de las leyes tributarias.
En cuanto al espionaje telefónico realizado a AP, Obama ha defendido la labor de su Gobierno para tratar de descubrir al responsable de una filtración que, según la versión oficial, “puso en peligro la vida de estadounidenses”.
Pero, al mismo tiempo, el mandatario confirmó el jueves que quiere revivir un proyecto de ley de 2009 que busca lograr “el equilibrio adecuado” entre la protección de la libertad de prensa y la defensa de la seguridad nacional.
También ha querido dar una respuesta contundente a los que aseguran que su Gobierno ocultó información, por razones electorales, sobre el ataque en Bengasi del 11 de septiembre de 2012, en el que murieron el embajador estadounidense en Libia, Chris Stevens, y otros tres ciudadanos.
Para contentar a los que pedían transparencia, la Casa Blanca publicó unas 100 páginas de correos electrónicos y notas intercambiados entre altos funcionarios del Gobierno sobre la versión oficial que se dio sobre ese ataque.
Además, Obama pidió al Congreso que apruebe su proyecto presupuestario, presentado en abril, para que el Departamento de Estado pueda mejorar la seguridad de las misiones diplomáticas en el exterior y evitar así otro ataque como el ocurrido en Bengasi.
