La condena contra Andrés Felipe Arias ha generado todo tipo de reacciones. Varias voces han señalado que es una condena desproporcionada, otras consideran que es apenas justa dada la gravedad de la falta cometida. Judicialmente hay varias consideraciones que se deben tener en cuenta.
A propósito de la condena al exministro de Agricultura, Andrés Felipe Arias muchas voces han señalado la conveniencia o no de dicha condena.
Desde el uribismo más radical que considera como persecución política la decisión judicial, hasta sectores que señalan los 17 años de prisión y los 30. 800 millones de pesos son algo desproporcionado para los hechos de los fue acusado.
Al momento de emitir cualquier opinión sobre el particular hay una dificultad enorme, ya que es una sentencia de 401 páginas y un proceso de 4 años. Es un expediente de más de 2 mil folios, esto implica que en el fallo hay afirmaciones que sin conocerse el proceso a fondo no se podrían considerarse ciertas o no.
Sin embargo, para fuentes consultadas por Confidencial Colombia hay algo que sí es preocupante. Este no es el primer convenio que se hace con el IICA. Existen por lo menos 42 en los últimos 30 años lo que da a pensar que no es el hecho de hacer un convenio lo que genera un delito o irregularidad.
Por otro lado, se puede considerar que la pena es alta y excesiva. No puede ser posible que a una persona como Hipólito Moreno que se robó 4 billones de pesos del presupuesto distrital, le hayan dado casa por cárcel por haber confesado. El mensaje es que uno no debe confesar para ir a la cárcel. Es un mensaje nefasto para el nuevo sistema penal.
Para la misma fuente, el proceso fiscal contra Arias fue el súmmum de cómo no se deben hacer los procesos. Existió violación de garantías constitucionales. Por ejemplo se dio un fallo en dos días hábiles después de los alegatos finales. Fue responsabilizado por el monto total de los convenios, no hubo resolución de nulidades, entre otras.
En el proceso penal hay una línea muy fina porque la responsabilidad disciplinaria no puede ser la misma penal, una cosa no supone la otra. Le están deduciendo responsabilidad penal por indebida celebración por no haber hecho licitación. El problema surge por que esa es una definición jurídica. Cuándo se necesita una licitación es algo que define un abogado; el departamento jurídico, no un economista. Y aún así ese es un asunto jurídicamente discutible.
Para el exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia, Álvaro Orlando Pérez la situación se valora de manera diferente. Pérez es enfático al decir “creo que es muy dolorosa cualquier condena impuesta a cualquier ser humano. Sin embargo en el ámbito del derecho penal y sobre la pena a Arias me parece que está dentro del espectro de movilidad de un juez y si partimos de que había pruebas para condenarlo y si es la ley que establece cuales son los mínimos y los máximos de la pena, es la ley no el juez el que dice la pena”.
Acerca de un eventual asilo en Estados Unidos para el exministro de Agricultura, Álvaro Orlando Pérez señala que “No lo veo viable. No es delito político y no es persecución política. No hay nada político en ese caso, por eso no me parece que proceda el asilo”.
El exmagistrado señala sobre la posibilidad de que esta condena haga que los jóvenes profesionales no vean atractivo el sector público que “No creo que eso es correcto todo depende del comportamiento del funcionario, hay mucho funcionario estatal que jamás ha tenido problemas con la justicia. No hay problema con esas personas jóvenes brillantes, lo contrario la gran mayoría de los funcionarios no tienen problemas penales, es la excepción ese tipo e situaciones”.
Por el momento existe una condena penal y un reo ausente que debe presentarse ante la justicia colombiana mientras se define su situación política y judicial en Estados Unidos.
