Aunque la semana pasada Luis Fernando Andrade, presidente de la Agencia Nacional de Infraestructura, logró un importante acuerdo con el Consorcio Ruta del Sol II para la terminación del contrato -entre el concesionario Ruta del Sol S.A. y la ANI –, será la Fiscalía general de la Nación la que establezca si dicho pacto es viable o no.
Y eso puede llevarse algunas semanas porque primero se debe aplicar la fórmula de liquidación del contrato de obra que permitirá establecer si existe un saldo a favor de la brasileña y de sus socios o en contra. Ese es el primer punto del acuerdo.
En otro punto se debe establecer que si sobra dinero, como se espera, la plata quedará en una primera subcuenta para que con el remanente se cubran los perjuicios que el Gobierno deberá afrontar en materia de sobrecostos, daño reputacional, licencias y otras arandelas.
Por su parte, la multinacional brasileña calcula que hay disponibles $ 440.000 millones y pedirá responder sólo por el 50 %.
El documento pactado entre las parte tiene una extensión de 20 páginas y 8 puntos fundamentales en los que se incluye la reversión de la vía al gobierno y la liquidación de las deudas pendientes, tal y como lo había ordenado la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC).
Cuando el acuerdo ya esté aprobado vendrá el “periodo de reversión”, en el que si bien seguirá manejando los recursos de los peajes, los rendimientos financieros de la fiducia y los aportes del Inco, estos irán a una subcuenta especial, y se destinarán exclusivamente a liquidar el personal, al pago de proveedores, de predios y de gestión predial, de impuestos y a los costos administrativos.
