Siguiendo órdenes del presidente Erdogan, la policía turca detuvo a 18 académicos en sus casas por firmar un manifiesto contra la campaña militar en el sureste del país. Podría haber cientos de represaliados.
El pasado martes, un atentado suicida en el casco histórico de Estambul acabó con la vida de diez turistas y dejó malheridos a otra quincena. En las horas siguientes, se sucedieron las condenas de esta atrocidad, tanto internacionales como locales.
Pero cuando el Presidente turco Recep Tayyip Erdogan compareció ante la prensa esa misma tarde para hablar sobre la amenaza, el objeto de sus iras era otro: tras dedicar apenas cuarenta segundos al atentado, dedicó el resto de su discurso a criticar a los académicos que, el día anterior, habían firmado una declaración protestando contra las operaciones militares en marcha en las regiones kurdas del sureste de Turquía, a los que acusó de “traición”.
La petición, titulada “No seremos parte de este crímen”, había sido firmada por 1.128 profesores de 89 universidades diferentes, incluyendo a destacados académicos extranjeros como Noam Chomsky o Immanuel Wallerstein, y exigía al Gobierno que pusiese fin a “esta matanza deliberado y a la deportación de los kurdos y otros pueblos en la región”.
La misiva fue recibida con cólera por Erdogan: “¡Vosotros, que os hacéis llamar intelectuales! No sois personas iluminadas por la sabiduría, sois oscuros. No sois para nada intelectuales. Sois ignorantes y oscuros, que no sabéis nada del este o del oeste. Nosotros conocemos estos lugares, igual que conocemos vuestras direcciones”, afirmó el mandatario turco.
Dicho y hecho: hoy, los hogares de 19 de los signatarios de la petición, en la provincia de Kocaeli, han sido allanados por la policía, que ha detenido a 18 de ellos. Es de esperar que la lista de arrestados aumente en las próximas horas si se producen redadas similares en otros puntos del país. Más de 130 afrontarán cargos penales por “propaganda terrorista” e “incitar al odio y la enemistad”, y una cuarentena de ellos perderán su empleo.
Pero lo más significativo es que entre los cargos que se les imputan está la violación del controvertido Artículo 301 del Código Penal, que castiga los “insultos a la nación turca”. Un supuesto crimen que, debido a su ambigüedad, ha sido utilizado ampliamente en el pasado para perseguir a voces críticas y disidentes de la historia oficial de Turquía. El artículo, introducido en 2005 por el Partido Justicia y Desarrollo (AKP) de Erdogan, una formación que presumía de reformista en sus primeros años, pretendía suavizar una versión anterior mucho más dura, vigente desde la introducción del primer código penal republicano en 1926, y armonizarla con la normativa europea.
De hecho, las reformas promovidas por el AKP en 2008 estipularon que no se podría juzgar a alguien bajo este delito sin autorización expresa del Ministro de Justicia. En la práctica, suponía que los jueces no podrían apoyarse en el Artículo 301 para perseguir a alguien. Aunque el texto legal ha seguido vigente, los procesamientos bajo este supuesto en Turquía cesaron de forma efectiva durante algún tiempo. Hasta que el AKP decidió que era útil a sus propósitos.
Una fea etapa en el conflicto kurdo
Es cierto que el conflicto kurdo está pasando por una fea etapa que recuerda a los periodos más sangrientos del pasado, y que va mucho más allá de los combates entre los militantes kurdos y las fuerzas de seguridad.
En la madrugada del miércoles, un camión bomba en un cuartel de policía, de cuya colocación las autoridades turcas acusan a la guerrilla kurda del PKK, acabó con la vida de 5 personas, entre ellas tres bebés. De acuerdo con la Fundación de Derechos Humanos de Turquía, ha habido 52 toques de queda en siete localidades kurdas, algunas de hasta 14 días, que han afectado a más de un millón de personas. Al menos 124 civiles han muerto en los enfrentamientos del último medio año, entre ellos numerosos niños y ancianos, en la mayor oleada de violencia desde los años 90. Otras fuentes elevan la cifra hasta las 170 personas.
Además, las denuncias por casos de tortura en las comisarías han vuelto a dispararse, según Amnistía Internacional, y se sospecha que se han creado unidades antiterroristas de la Gendarmería y la Policía, los “Leones de Alá”, de ideología islamista.
El Gobierno de Erdogan, que en el pasado ha jugado con la idea de un acuerdo de paz con el PKK -liderando una iniciativa de “apertura kurda” en 2009, y una negociación general con la guerrilla entre 2012 y el verano pasado-, parece haber apostado ahora por lo contrario: la semana pasada, el Presidente turco volvió a reiterar públicamente que “no hay un problema kurdo en Turquía, solo de terrorismo”.
La Asociación de Prensa de Turquía ha asegurado esta semana que a lo largo de 2015 fueron despedidos unos 500 periodistas, y 70 fueron agredidos. El diputado opositor Sezgin Tanrikulu, del Partido Republicano Popular (CHP), habla de un total de 774 despidos. Alrededor de una treintena de profesionales de la información se encuentra en prisión. En el clima cada vez más represivo que se respira en Turquía, cualquier crítico a las decisiones del ejecutivo es calificado de “traidor”. Si además está relacionada con la campaña contra el PKK, además se le etiqueta como “terrorista”.
La situación ha llegado a extremos como la apertura de una investigación criminal contra el presentador de televisión Beyazit Öztürk, por hacer “propaganda terrorista” después de que en su programa se registrase una llamada telefónica protestando por las muertes de civiles durante las operaciones militares en las regiones kurdas. Una mujer, al parecer bajo nombre falso, preguntó en directo: “¿Son ustedes conscientes de lo que está sucediendo en el este de Turquía?”, asegurando que estaban muriendo “bebés aún no nacidos, niños y madres”. Aunque el programa emitió inmediatamente un comunicado desvinculándose de la llamada, esto no ha impedido que la fiscalía haya empezado a investigar a éste y su presentador.
No obstante, como en todo lo que tenga que ver con el conflicto kurdo, las acciones represivas cuentan con el apoyo de una parte importante de la población turca. El ‘hashtag’ #1128katil (“1.128 asesinos”) se convirtió ayer en ‘trending topic’ en Twitter. Hace apenas dos años, la sociedad civil turca parecía lo suficientemente madura como para abrazar la paz en el Kurdistán.
Pero en un contexto de violencia, el Gobierno de Erdogan encuentra cada vez más motivos para afianzar su poder y perseguir a la disidencia. Y a medida que aquella se enquista y las posiciones se radicalizan, las esperanzas de encontrar una solución pacífica a la guerra kurda se desvanecen cada vez más, y con ellas, los fundamentos democráticos de Turquía.
