La decisión de la Procuraduría General de la Nación de inhabilitar por diez años para ejercer cargos públicos a Jhenifer Mojica, subgerente de tierras del Incoder, podría ser una más de las sanciones disciplinarias que imparte el Ministerio Público.
Sin embargo, su caso es llamativo por varios elementos que entremezclados traen a un primer plano a la Hacienda Las Pavas y el litigio por su propiedad y al Señor José Ernesto Macías, dueño Aportes San Isidro.
Antecedentes
Desde que en 1997 se constituyera Asocab (Asociación de Campesinos de Buenos Aires), en el corregimiento del mismo nombre, en el departamento de Bolívar, la lucha por los predios que constituyen la Hacienda Las Pavas ha ido agudizándose.
Los campesinos han sostenido que las tierras, según ellos, destinadas al narcotráfico a mediados de los ochenta y compradas por una asociación entre Daabon y Aportes San Isidro para sembrar palma de aceite, en 2007, son el terreno en el que ellos siembras sus productos de pan coger y en el que se dedican a las actividades agrícolas que garantizan su sustento.
Con el desalojo ilegal, calificado así en la sentencia T-267 de 2011 de la Corte Constitucional y realizado por parte de la policía nacional en 2009, la situación de conflicto se agravó y empezaron las acusaciones por parte de los detentadores de los títulos, Daabon y San Isidro, de presencia guerrillera en Asocab.
Las acusaciones y procesos penales por supuesta rebelión contra los miembros de la asociación campesina continuaron hasta que un proceso de extinción de dominio de los predios instaurado ante el Incoder por parte de los campesinos en 2011, dio como resultado que esa entidad, de la que Jhennifer Mojica era subgerente de tierras, declarara la Hacienda Las Pavas como un baldío de la nación dado el abandono en el que estaba.
Esa decisión generó medidas de protección para los campesinos y les dio esperanzas de recibir los títulos de las tierras que siempre han explotado.
Jhennifer Mojica
La exsubgerente de tierras siempre fue enfática en que la aplicación de la ley de tierras del Presidente Juan Manuel Santos era su prioridad. Este compromiso y su cercanía con el exministro de Agricultura, Juan Camilo Restrepo, generaron molestias entre varios sectores. Uno de los que más se molestó con la posición asumida por Mojica fue el Señor José Ernesto Macías que está en franco conflicto con el Incoder por la propiedad de la Hacienda Las Pavas.
Ante la Procuraduría General de la Nación, Macías interpuso un recurso para iniciar un proceso disciplinario verbal por supuesta falta de idoneidad para ejercer el cargo. El proceso derivó en la inhabilidad de Mojica por diez años para ejercer cargos públicos.
Este proceso tiene un par de particularidades que no deben pasar desapercibidas. Pobladores del asentamiento de Asocab en Las Pavas le contaron a Confidencial Colombia que dentro de los constantes ataques contra ellos por parte de un grupo armado ilegal que se encuentra asentado en la casa de la hacienda, en las últimas dos semanas escucharon a los individuos armados jactarse del poder que tenían y anunciar que la exsubgerente de tierras del Incoder iba a ir a la cárcel y sería hallada culpable en la Procuraduría.
El segundo detalle a tener en cuenta es que esta no es la primera vez que Aportes San Isidro se vale de una acusación como la falta de idoneidad o falta de requisitos ya que en 2011 denunciaron a uno de los miembros de Asocab, Eliud Alvear, por algo similar. Contra Alvear pesa un proceso penal por supuesta falsedad y fraude procesal ya que según la denuncia interpuesta por Aportes San Isidro, este habría falseado unos documentos que garantizarían su experiencia como docente para ejercer como maestro en el corregimiento de Buenos Aires.
De esa manera con un mismo tipo de acusación Aportes San Isidro habría sacado del camino a dos personas que se tornaron incómodas para sus pretensiones sobre la Hacienda Las Pavas.
Cazando Peleas
En enero de 2012, José Ernesto Macías se acercó a la sede de Confidencial Colombia para dar su versión sobre lo sucedido en la Hacienda Las Pavas. Macías se presentó acompañado del polémico activista político Ricardo Puentes Melo y entre los dos señalaron que la agenda de la Ley de Restitución de Tierras del gobierno nacional, específicamente del entonces Ministro Juan Camilo Restrepo, era una agenda fariana. Entre las acusaciones que hicieron en la entrevista, Puentes Melo y Macías señalaron que el propósito del exministro y del Presidente, de la mano del Incoder, era crear zonas de reserva campesina para entregárselas a las Farc.
También señalaron que Gerardo Vega, exguerrillero del EPL, desmovilizado y activo dentro del panorama de la defensa de los derechos de los campesinos despojados, seguía activo como guerrillero y que era un peligro para la sociedad continuar con ese tipo de políticas. Cabe mencionar que Mojica y Vega sostuvieron una relación sentimental que al día de hoy está terminada.
Estos detalles dejan pensar que la denuncia ante la Procuraduría contra Mojica fue una acción dentro de una estrategia tendiente a debilitar la política de restitución del Gobierno Nacional, y en específico la posición del exministro Restrepo, así como torpedear el proceso de extinción de dominio y restitución a las víctimas, de la Hacienda Las Pavas.
Quien exige no cumple
Como colofón valga señalar que desde que en septiembre de 2012, cuando el Incoder declaró los predio que conforman Las Pavas como baldíos de la nación, Aportes San Isidro no ha acatado la disposición oficial y continúa manteniendo presencia de un grupo armado en la casa de la hacienda.
Ese mismo grupo armado, que en algún momento estuvo constituido como empresa de seguridad privada y que fue sancionado por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad, sigue campante por los predios de la hacienda, haciendo alarde del armamento con que intimidan a los miembros de Asocab. La decisión de la superintendencia estableció que como medida cautelar el grupo debía salir del predio pero hasta el momento lo único que han hecho es arreciar sus ataques contra la comunidad, quemando ranchos y cultivos y amenazando a los campesinos.
Esta maraña de intrigas políticas e irrespeto por la ley deja tres preguntas que sería pertinente contestar.
¿Por qué la celeridad en las actuaciones de la Procuraduría es notoria cuando las decisiones favorecen a empresarios palmeros, en este caso, que se oponen claramente a la implementación de la ley de restitución de tierras?
¿Por qué se da esta decisión de la Procuraduría, que favorece a una empresa palmera, bajo la administración del actual Ministro de Agricultura, líder histórico del sector palmero y Presidente de Indupalma?
¿Por qué se sanciona a Jhennifer Mojica y no a quienes avalaron sus documentos como idóneos para asumir el cargo en el Incoder o a quienes no han acatado las disposiciones del Incoder y la Corte Suprema de Justicia como lo es Aportes San Isidro?
