El pasado 24 de junio, tres hechos ocurridos de manera aislada le hicieron pasar más de un trago amargo al expresidente Álvaro Uribe Vélez y las políticas públicas de seguridad de sus dos periodos de gobierno.
El 24 de junio, tres hechos que guardan relación con el pasado y el gobierno del expresidente Álvaro Uribe Vélez empañaron la percepción que existe sobre su política en materia de seguridad.
El primero de ellos fue el informe de Human Rights Watch en el que se indica que es muy difícil asumir que los altos mandos del ejército nacional no podían estar enterados de los asesinatos que se han llamado “Falsos Positivos”.
El informe plantea que esta situación era sistemática en varias brigadas del país. Además, deja claro que no eran casos aislados como inicialmente fueron presentados. Esta aseveración del informe del organismo internacional es un duro golpe a la imagen de la política de seguridad democrática que se basó en una gran medida en las cifras de bajas de guerrilleros de las Farc.
Esta no es la primera vez que se deja claro que no son hechos aislados. En 2010 el relator espacial de las Naciones Unidas, Phillip Alston, afirmó que “los asesinatos fueron cometidos a lo largo del país y por una gran cantidad de unidades militares. Ocurrieron porque las unidades militares sintieron presión para mostrar éxitos en contra de la guerrilla, a través de números de bajas…parece que los llamados ‘falsos positivos’ no fueron parte de una política de Estado, pero tampoco fueron casos aislados”.
Por esta razón, desde su cuenta de Twitter el expresidente y ahora senador Uribe Vélez escribió varios trinos, en los que afirma que el informe de HRW riñe con la verdad ya que durante su administración muchos de esos casos se habían presentado sobre, según su versión, “delincuentes comunes”.
El segundo hecho que no deja bien parada la manera en que Uribe Vélez implementó su política de seguridad democrática atiende a la manera en que se ofrecían recompensas y buscaban éxitos en la guerra contrainsurgente. La condena, el 24 de junio, a 18 años de prisión para Pedro Pablo Montoya Cortés, alias Rojas por el homicidio de alias “Iván Ríos”, excabecilla de las Farc.
La sentencia fue proferida por un juez de Aguadas, Caldas, después de que “Rojas” aceptara cargos.
Este exguerrillero, en 2008, mató de un balazo al comandante de su estructura guerrillera y procedió a amputarle una de sus manos para presentarla como prueba de su identidad. La cabeza de “Iván Ríos” tenía un precio. Esa fue una de las motivaciones del condenado por homicidio.
En su momento, el entonces ministro de defensa y hoy presidente reelecto Juan Manuel Santos, reconoció el gesto de alias “Rojas”. “Vamos a pagar la recompensa, vamos a apoyar a los desmovilizados y mantenemos el ofrecimiento a los guerrilleros para que se entreguen y reciban los beneficios del Gobierno Nacional”, afirmó el hoy mandatario.
Según lo dicho por el condenado, nunca le fue entregada la recompensa de 5 mil millones de pesos, solo le entregaron 800 que se quedaron en un fondo de reparación a las víctimas del conflicto.
Si bien la política de recompensas es uno de los pilares de la colaboración en la lucha contra las guerrillas y paramilitares, también lo es que el incentivo de la comisión de homicidios no se ajusta al marco normativo constitucional colombiano. Tan lejano es ese hecho de la ley colombiana que “Rojas”, además de la condena por terrorismo, rebelión y demás crímenes perpetrados al interior de las Farc, deberá pagar 18 años de cárcel por homicidio.
La sentencia del juez de Aguadas deja claro que esa política de derrota a los grupos al margen de la ley, tiene sus límites legales y constitucionales. A lo anterior se suma el hecho de que aceptar y exaltar ese homicidio como estrategia para alcanzar una recompensa crea un clima de desconfianza en todos aquellos que piensen en colaborar.
El tercer hecho que guarda relación con el expresidente Uribe es la inclusión de los hermanos Gallón Henao en la Lista Clinton. Pedro y Santiago Gallón Henao fueron señalados por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos como personas que guardan relación con la Oficina de Envigado.
Santiago ya se había acogido a la Ley de Justicia y Paz por su confesa relación con grupos paramilitares. Por su parte Pedro fue detenido en un operativo antinarcóticos.
La relación que guardarían con el expresidente Uribe ha sido indagada ampliamente por el senador Iván Cepeda Castro, del Polo Democrático, y el periodista Daniel Coronell, entre otros.
En palabras del senador Cepeda, la inclusión de los Gallón Henao en la lista del Departamento del Tesoro “Confirma lo que ya se sabía en otros escenarios políticos, que este es un clan de narcoparamilitares. Ahora lo que falta es que se logre perseguir ese clan y sus bienes”.
“El otro aspecto fundamental que se desprende de ese hecho es que se confirman las denuncias de los tenebrosos vínculos de Álvaro Uribe. Él y los Gallón Henao fueron socios comerciales. Compartieron la propiedad de la Hacienda Guacharacas, en donde operaba un comando paramilitar; es apenas elemental pedir que Uribe explique sus relaciones con el narcotráfico. Esas relaciones son un hecho notorio”.
Así las cosas, el 24 de junio fue un día en el que tres hechos aislados fueron tres muy malas noticias que removieron el pasado político y personal del expresidente y hoy senador Álvaro Uribe Vélez.
