Una gran polémica se ha venido dando en Ibagué en los últimos meses, por cuenta del sistema de fotomultas que piensan implementar en la capital tolimense. El rechazo de varios sectores es una constante mientras que la administración municipal continúa adelante con el proyecto.
Desde hace un par de meses la situación política de Ibagué ha venido poniéndose cada vez más convulsa por cuenta del proyecto de acuerdo presentado en el Concejo municipal que propone la instalación de la infraestructura para expedir fotomultas a los infractores de tránsito.
La polémica ha surgido por cuenta del tiempo de concesión del contrato, la idoneidad del sistema y el contrato para quien realizó la consultoría. Además, cabe mencionar que existen indicios de que detrás de esta iniciativa estaría un consorcio interesado en expandir su modelo de concesión para tener una posición dominante en todo el país.
Esta iniciativa ha generado protestas entre los taxistas y algunos ciudadanos que no se muestran conformes con la manera en que se ha venido implantando este modelo de control a infractores de tránsito.
En primer lugar, la consultoría no ha sido bien vista por cuenta de la manera en que fue otorgado el contrato que la puso a andar. El ingeniero Alejandro Méndez, con un precedente amplío en consultorías sobre temas de acueducto y alcantarillado, fue contratado para hacer la consultoría del contrato. A la convocatoria para este contrato de consultoría solo se presentó el ingeniero Méndez como proponente un día después de haber sido publicada la convocatoria.
Estos trámites deben surtir 5 días de publicación y un mes para que sean estudiadas las propuestas de los proponentes y ser aceptada una de ellas. Sin embargo, en este caso Méndez fue elegido tres días después de haberse hecho pública la convocatoria. El contrato de la consultoría fue por un valor de 14 millones 940 mil pesos.
En segundo lugar, la proyección económica del proyecto arroja ciertas inconsistencias internas. La inversión inicial del proyecto es de 5465 millones de pesos. La administración municipal de Ibagué y el Concejo esperan que el primer año haya ganancias del orden de los 39.170 millones de pesos. Veinte años después, que es cuando terminaría la concesión, las ganancias serían superiores a los 155 mil millones de pesos. Sin embargo, estos cálculos que mostrarían la factibilidad del proyecto sería un hecho si la cantidad de infractores se mantuviera constante y con una tendencia al crecimiento.
Esto indicaría que no hay un trasfondo preventivo y correctivo. Por el contrario, fuentes cercanas a Confidencial Colombia, señalan que el ánimo de este sistema es el de establecer un negocio.
Además, un estudio hecho por la Secretaría de Transito de Ibagué arroja cifras diferentes del orden del 70% por debajo de la estimación del ingeniero Méndez.
El tercer reparo que existe sobre este contrato de concesión reside en que el pasado 5 de junio, el Concejo municipal, sin que hubiera claridad sobre la viabilidad financiera del proyecto, aprobó el Acuerdo para que fuera concesionado o entregado como lo estimara conveniente el alcalde ibaguereño, Luis H. Rodríguez. La votación del Concejo fue de 11 a 4. Tres concejales que tenían fuertes críticas al contrato y al sistema cambiaron de parecer a último momento y decidieron otorgar las facultades de las que gozó Rodríguez para sancionar el Acuerdo.
En ese momento el alcalde Rodríguez ya contaba con dos propuestas de Alianzas Público Privadas, una de las cuales es la de la firma Intelligente Technology Solution Inc. Esta compañía está aliada con Quipux, una empresa de amplia recordación en el tema de información vehicular.
En 2007, Quipux diseñó un sistema que unifica la información vehicular de todos los automotores del país, así como de las multas y datos de sus propietarios. Este sistema fue presentado ante el Ministerio de Transporte y fue implantado en todas las oficinas de tránsito del país. Con este precedente han venido presentando este sistema en varias ciudades del país, de la misma manera que lo han hecho en Ibagué.
Además, se ha hablado de un posible detrimento patrimonial por cuenta de la distribución de los ingresos de lo recolectado por cuenta de las multas de tránsito logradas por este sistema. El 60% iría para el concesionario y el 40% para la administración municipal.
Por su parte, el gobernador del Tolima, Luis Carlos Delgado, así como el Zar Anticorrupción de la Presidencia de la República Rafael Merchán, han criticado la sanción del Acuerdo y la manera en que se va a implementar el sistema. Merchán ha sido claro en que no existen soportes técnicos que den cuenta de la distribución de las utilidades en 60% para el particular y 40% para la administración municipal.
Además, recalcó las inconsistencias entre las cifras presentadas por la consultoría contratada y el estudio hecho por la Secretaría de Transito municipal. Merchán, también toca un punto polémico y es el hecho de que el estatuto de contratación contempla que este tipo de concesiones deben hacerse por licitación, exclusivamente y no es facultativo del alcalde decidir la modalidad de adjudicación. Sumado a esto, legalmente no se puede concesionar la administración, el recaudo, distribución y liquidación de las multas de tránsito.
A pesar de lo anterior el alcalde Luis H. Rodríguez, el pasado 25 de julio sancionó el Acuerdo 011 que establece ese sistema. Además, ha intentado minimizar la controversia y ha señalado que tanto el gobernador tolimense así como el Zar Anticorrupción han interpretado erróneamente la norma que sustenta la implementación de ese sistema.
Mientras la capital musical de Colombia vive momentos de gran tensión entre la administración municipal y el gremio de los transportadores que han adelantado varias jornadas de protesta frente al cabildo municipal y la Alcaldía de Ibagué; el magistrado Carlos Arturo Mendieta, del Tribunal Administrativo de del Tolima deberá fallar sobre la legalidad o no del Acuerdo 011 del 25 de julio de 2014 después de haber sido demandado por la oficina del gobernador Delgado.
