Desde octubre de este año semanalmente se ha venido debatiendo en el Congreso de la República la implementación de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), el ego de algunos congresistas, los intereses políticos de otros, la coyuntura electoral, entre otros, han hecho que estando a 3 días de que finalice el Fast Track aún haya más de 150 artículos por votar en Cámara de Representantes. Adicionalmente, lo que a la fecha ha sido aprobado ha contado con tantas modificaciones que lo que queda de la propuesta original es un mero recuerdo. A pesar de que la Corte Constitucional le dio su aval a la JEP es el Congreso el encargado de legislarla y al paso que vamos la JEP va a ser una Jurisdicción Especial para cualquier cosa menos para la Paz.
Es realmente triste que en Colombia primen los intereses particulares sobre los intereses del pueblo y que nuestros distinguidos Representantes y Senadores prefieran buscar cubrirse sus espaldas por encima del bien común.
Los colombianos que hemos seguido los debates de la JEP hemos visto como se ha desdibujado el papel principal que deberían tener las víctimas en los debates y en la reglamentación de la JEP y como han pesado los intereses particulares de partidos como el Centro Democrático y Cambio Radical para sabotear los debates y limitar la JEP de una forma casi inconstitucional. Hace dos semanas muchos oímos que en el Senado decidieron que los magistrados de la JEP no podían ser defensores de derechos humanos. Este pequeño ejemplo es realmente una muestra muy importante de lo que han hecho con la JEP.
Preocupa mucho que en Colombia, aunque hay más de 8 millones de víctimas de acuerdo a lo registrado en la Red Nacional de Información es una población que en la realidad solo tiene importancia discursiva. Esto es, los políticos se llenan la boca hablando de los derechos de las víctimas, de la paz, de la reparación, de la reconciliación, de la memoria histórica y de las garantías de no repetición pero a la hora de la verdad las víctimas no son sino costos y números.
Un ejemplo de esto es la implementación de la Ley 1448 de 2011 (Ley de Víctimas y Restitución de Tierras), una Ley que estaba diseñada para proteger, reparar y rehabilitar a las víctimas; una Ley que en el papel hablaba de una Reparación Integral donde las víctimas verían restablecidos todos sus derechos a través de la oferta estatal específica para atenderlos. La realidad de la implementación de la Ley es que las entidades estatales no tienen la capacidad instalada para atender a las víctimas del conflicto armado. Existe una rotación tan alta de personal dependiendo del gobernante de turno que las personas que llevan un recorrido en la atención a víctimas dependen de la voluntad política del que llegue a una entidad para poder hacer su trabajo. Si tienen suerte y su trabajo no es visible o no tienen un sueldo interesante para los amigos del nuevo Alcalde, Director, Ministro, Subdirector, Jefe de Personal, Senador, Representante, etc. puede ser que pueda continuar haciendo su trabajo y la implementación de la Ley sea sostenible en el tiempo ó puede ser que en una Ley que estaba diseñada para tener una implementación de 10 años (2001-2011) haya una rotación de personal cada 4 años, lo que, además de afectar a los funcionarios y contratistas, realmente termina afectando los procesos de Reparación Integral de las víctimas y los termina revictimizando.
Las víctimas se convirtieron en el derrotero político de muchos y en su nombre han hecho y deshecho y los que se han mantenido en el tiempo, buscando proteger y defender los derechos de las víctimas, muchas veces poniendo en riesgo su integridad personal, la de sus familias y muchas veces sus propias vidas; aquellos que no dependen de los gobernantes de turno para hacer su labor, ahora son vetados por quienes legislan en nuestro país para poder ser parte activa y reconocida dentro de la construcción de Paz.
Esperemos que en el debate de hoy de la JEP en Cámara arreglen lo que hicieron en Senado y que la JEP pueda ser un espacio de Justicia, Paz y Reconciliación; esperemos que los Representantes recuerden que el centro de este proceso de Paz y los Acuerdos son las Víctimas y no los políticos y que legislen por los derechos de quienes han sido victimizados no solo por actores armados sino por el mismo estado, por la falta de respuesta estatal, por la corrupción. El Estado se lo debe a las víctimas. Que no venzan los egos e intereses particulares. Todos soñamos con un país en Paz y ahora la pelota está en la cancha de la Cámara. Ojalá estén a la altura de este momento histórico.
Twitter: @Diana_Noguera
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