La discusión sobre el el futuro de las fumigaciones con glifosato enlos cultivos de uso ilícito es algo que le corresponde al Consejo Nacional de Estupefacientes. Sobre el particular existen muchas consideraciones de índole médica, ambiental y social, a tener en cuenta.
La de la inconveniencia de fumigar los cultivos de uso ilícito no es una discusión nueva. Diferentes voces, a lo largo de más de treinta años han llamado la atención sobre las implicaciones médicas, sociales y económicas de esta actividad. Varias voces autorizadas, entre ellas las de Pedro Arenas o Camilo González han logrado establecer la historia de esas discusiones y establecer el papel del Gobierno Colombiano en ese debate.
Un primer momento fue durante el gobierno del expresidente Julio César Turbay Ayala, cuando se fumigó la Sierra Nevada de Santa Marta a pesar de que el Consejo Nacional de Plaguicidas dijo que no era conveniente hacerlo.
En 1984 hay un nuevo debate sobre el particular, cuando Jaime Arias era el ministro de Salud. Un estudio contratado a expertos internacionales concluyó que no era conveniente usar glifosato u otro agente químico en esas labores ya que no se sabía qué consecuencias podía tener. Equivalía a experimentar con seres humanos. A pesar de ello se utilizó aduciendo razones de seguridad pública.
La discusión se retoma en 1992, cuando Camilo González fungía como ministro de Salud. Él reporta la inconveniencia del glifosato al Ministerio de Justicia y al Consejo Nacional de Estupefacientes. Es en ese marco que se prueban las fumigaciones con otros agentes químicos.
A pesar de las carta enviadas por el entonces ministro de Salud, en el sentido de que no se debe fumigar, se decidió la continuación de estas acciones. Esa política empieza con el expresidente César Gaviria y se afianza durante la debilidad política del proceso 8000 en la administración Samper.
Las movilizaciones campesinas de 1994 hicieron que la atención estatal se centrara en las exigencias campesinas de detener las fumigaciones. El expresidente Ernesto Samper envió una comisión al departamento del Guaviare para lograr un acuerdo que finalmente tuvo, entre otros, como resultado que los cultivos de menos de tres hectáreas no podrían ser fumigados. El acuerdo, en Bogotá, fue refutado por la Fiscalía General de la Nación y la Embajada de los Estados Unidos en Colombia.
La discusión sobre la fumigación con glifosato llega al Congreso de los Estados Unidos al iniciar el Plan Colombia, cuando varias organizaciones ambientales y sociales ponen de presente los riesgos de estas actividades. Se acepta que estas pueden generar daños serios a los ecosistemas y seres humanos y se establece un fondo destinado para reparar a quienes resulten afectados.
Adam Isaacson de WOLA, señaló que de todas las quejas presentadas en 10 años de fumigaciones, desde que se estableció dicho fondo, solo el 1% había sido reparado.
En 2005 se le pidió a la CICAD de la OEA que realizara un estudio independiente y la conclusión fue que le glifosato es seguro. Sin embargo, cuatro años después esa misma entidad emitió un informe, en inglés, que fue poco difundido en el mundo hispanohablante, en el que se admitía la posibilidad de daños sobre fauna anfibia y acuática.
En 2005, la Corte Constitucional de Colombia aceptó que los campesinos desplazados por cuenta de erradicaciones violentas, que incluyen las fumigaciones, deberían ser considerados víctimas.
Al final de la década de 2000 los indígenas de Colombia interponen una acción de tutela para exigir consulta previa en los territorios ancestrales antes de adelantar fumigaciones.
Entre 2010 y 2011 la Corte Constitucional y Consejo de Estado adelantan varios procesos muy a propósito del llamado principio de precaución. Astrid Puentes, representante de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente, señaló que ese principio no da espera ni es conciliable. Sin embargo, el Gobierno de Juan Manuel Santos, con la alerta emitida por el Ministerio de Salud, basado en el informe de la OMS sobre la posibilidad del glifosato de generar cáncer, establece un periodo de transición que va hasta octubre de 2015, sin que se suspendan las fumigaciones de manera inmediata.
Las fumigaciones sobre cultivos ilícitos genera desplazamiento y victimización de quienes son fumigados como una plaga. No es un acto de salud pública o de control del orden público; es un acto de guerra y de control territorial. Es un drama que se da en Colombia, el único país del mundo que continúa fumigando los cultivos ilícitos. Todo esto a pesar de los estudios que señalan la inconveniencia de seguirlo haciendo, de la vocación de cambio de las comunidades que quedan inscritas en el círculo vicioso que hace de la miseria el principal caldo de cultivo de esta actividad.
Además, de todas estas consideraciones hay algo que las aspersiones han dejado claro y es la poca eficiencia de esa actividad. Mientras que los cultivos en Colombia disminuyen de tamaño aumentan en Bolivia y Perú, dándose el mismo fenómeno de manera orgánica para cada uno de esos países. Un ejemplo de ello es que Perú fue considerado como el productor número uno en 2014; algo que cambia este año cuando Colombia vuelve a ser el primero.
Una de las preguntas que salen a flote es el ¿por qué si las voces autorizadas han dicho en más de treinta años que es potencialmente nocivo el uso de este tipo de agentes, el gobierno nacional continúa con las fumigaciones? Pedro Arenas señala que una de las razones podría atender al cabildeo en el Congreso de Estados Unidos, llevado a cabo por diferentes empresas que se encargan de las aspersiones, la distribución de las sustancias y de la fabricación de las mismas.
Un hecho llamativo de las últimas declaraciones sobre la posibilidad de suspender el uso de glifosato en las fumigaciones es que no ha existido presión de Monsanto, fabricante del glifosato usado actualmente, o pronunciamiento alguno sobre esa situación. Algo que sí sucedió cuando la Policía de Colombia compró glifosato chino en la década pasada; la presión de esta empresa llevó a que se hablara sobre la ineficacia de la versión china de ese producto y tuvieran que regresar al que vende Monsanto.
En el marco de la discusión que decidirá el futuro del glifosato en Colombia, el pasado 13 de mayo se llevó a cabo el conversatorio denominado #Nofumigación que trató sobre la inconveniencia de continuar con las fumigaciones sobre cultivos considerados ilícitos en el marco de la política antidrogas del Estado colombiano. Estuvieron como participantes Adam Isaacson de WOLA, Astrid Puentes de AIDA y Camilo González, presidente de Indepaz y exministro de Salud. Además contó con la moderación de Pedro Arenas, coordinador del Observatorio Indepaz de Cultivos y Cultivadores Declarados Ilícitos.
Sumado a esto Camilo González y Pedro Arenas radicaron en el despacho de Javier Flores director de política de drogas, viceministro de política criminal del Ministerio de Justicia y secretario técnico del Consejo Nacional de Estupefacientes, 20 mil firmas que piden el cese de las fumigaciones.
Así las cosas, el futuro de la fumigaciones en Colombia aún no es nada claro, toda vez que la Policía Antinarcóticos está probando nuevos agentes químicos en caso de ser retirado el glifosato. Uno de los llamados hechos desde el conversatorio es a que el Gobierno Nacional suspenda de manera inmediata la aspersión de glifosato y se considere realmente el fin de las fumigaciones con cualquier tipo de agente químico o biológico, siendo imperativo un nuevo enfoque de la política antidrogas que adelanta el Estado colombiano.
