Pedro Vaca director ejecutivo de la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), habló con Confidencial Colombia sobre la situación actual de los periodistas que han sido amenazados por diferentes sectores y los que hasta la fecha se encuentran con esquemas de seguridad.
El panorama no es alentador no solo para los protocolos de seguridad de cada periodista en cuanto el financiamiento de estos, sino la calidad de la información. Además señala que las últimas amenazas que han recibido periodistas de Cali, Buenaventura y otras ciudades por parte de bandas criminales, es porque se están tratando temas “mucho más neurálgicos”.
¿Cuántos periodistas hay hasta la fecha amenazados?
Existen 145 periodistas amenazados y 114 violaciones a la libertad de prensa en lo que va corrido del año. Desde el asesinato de Luis Carlos Cervantes, que fue en agosto, se han presentado de manera muy recurrente casos que han sido visibilizados a la opinión pública. Las violencias son distintas y dependen de la región así como los actores son distintos en estas agresiones contra periodistas.
¿Y qué ha hecho de que las amenazas sean más recurrentes en los últimos meses?
Actualmente se están debatiendo temas mucho más neurálgicos y hay más enemigos de esos debates. Es decir que una consecuencia de una la publicación de información sobre esos temas pueden ser las agresiones a periodistas.
¿Qué perfil profesional y qué fuentes cubren los periodistas amenazados?
Son muy distintos. Hay periodistas que cubren fuentes judiciales, o hacen temas de investigación. En las regiones, por lo general, los periodistas cubren todos los temas, en ese sentido no hay un patrón en el que podamos decir que solo son los periodistas judiciales o los que cubren orden público los que son agredidos; amenazan a periodistas nacionales, pero también locales. No hay un patrón, pero sí hay un número alto de agresiones. No hay razón para decir que en algunas zonas del país hay mayor concentración de violencia por parte de las Bacrim que en otras.
¿De los periodistas amenazados, cuántos han sido asesinados?
Esta el caso de Cervantes y hay otros en los que se ha registrado que antes de ser asesinados habían recibido amenazas. En septiembre del año pasado asesinaron a Edison Medina en Puerto Berrio (Antioquia) y este periodista había manifestado que lo habían amenazado 15 días antes y que lo había informado a la Procuraduría. Por otro lado, en febrero de este año asesinaron a Jhon Steven Caicedo en Buenaventura (él era un camarógrafo) y también había recibido amenazas. Las amenazas vienen de distintos sectores como políticos, desconocidos, de organismos de seguridad del Estado y de grupos al margen de la ley.
¿Qué ha hecho el Estado para proteger a los periodistas y para evitar que sean amenazados? ¿O no se ha hecho nada al respecto?
En Colombia existe un programa para la protección de periodistas. Este programa lo encarna la Unidad Nacional de Protección. La última cifra que nos dieron fue de 87 periodistas protegidos por este programa y alrededor de 50 esquemas duros de protección. El programa consiste en que un periodista que registra riesgos a su integridad física o profesional puede acudir directamente a la unidad o puede acercarse a la FLip y nosotros presentamos el caso ante la UNP. Esta toma dos rutas: la primera es la vía de emergencia para casos que se consideran graves, en donde se brinda la protección y luego se hace un análisis para refrendar o no esas medidas iníciales. La segunda, es la vía ordinaria, que es donde se recibe la documentación o la denuncia de que la persona está en riesgo. La Unidad dispone de unos analistas que hacen entrevistas. Estas se cruzan con la información dada por los organismos de control público, como la Defensoría del Pueblo o la Fiscalía General de la Nación, para dar el veredicto final.
¿Cuánto dura ese proceso para que a un periodista le den protección?
Depende. Hay casos en los cuales esas decisiones pueden tomar hasta tres meses.
Y si en esos tres meses no le dan protección por estar estudiando el caso y lo asesinan ¿qué?
Ese es el problema. Depende de muchos factores, por ejemplo los analistas pueden tener asignados 10 casos o pueden tener 60. Lo que tarde en desalojar unos casos implicara retraso en otros; también depende de que algunas entidades proporcionen información o no. Hay casos que hemos registrado en los que por ejemplo, en noviembre del año pasado se estudió un esquema de protección y hasta febrero de este año fue implementado.
Ahora, sería bueno trabajar sobre lo que implica que la Unidad Nacional de Protección esté en una crisis presupuestal. Eso ha sido algo que fue anunciado por el Ministro del Interior. Se está hablando de una cifra alrededor de 70 mil millones de pesos. Hay una situación muy delicada y es que ha llegado, al menos una carta en la que un contratista de la UNP señala que faltan 31 millones de pesos para poder funcionar adecuadamente.
Enviar esas cartas no tiene problema, pero esta información termina llegando a manos de los protegidos; es decir esta la carta que el jefe de los escoltas le envía al escolta y este a su vez lo comparte con su protegido.
Esto plantea unos problemas serios, por ejemplo si el periodista tiene que hacer reportería en otra ciudad, para que estos escoltas puedan ir con el protegido estos tienen que correr con esos gastos. Y lo que tememos entendido por varias denuncias que nos han llegado en las últimas semanas, es que los periodistas no han podido hacer su trabajo porque a sus escoltas no se les permite hacer este tipo de desplazamientos. Esto afecta el ejercicio periodístico.
¿Cuánto cuesta un esquema de seguridad?
La última cifra que manejamos, que fue del año pasado del programa de protección a periodistas, es de 112 periodistas protegidos. Protegerlos por un año le cuesta a la UNP 7 millones de dólares. En promedio un esquema de “Tipo Uno” puede costar 20 millones de pesos mensuales (esto implica: carro, escoltas armamento etc…). Esta es una política de Estado que es muy costosa. Un estudio de riesgo puede costar en promedio 3 millones de pesos y eso no quiere decir que vayan a dar medidas de protección.
Un caso muy ilustrativo es el del periodista Luis Carlos Cervantes. A él le dan un esquema de protección y al cabo de un año por decreto le tienen que reevaluar el riesgo. En esa nueva evaluación el riesgo cambió a ordinario. Le es retirado el esquema y lo matan. Pero en este caso la Fiscalía nunca dijo nada sobre las amenazas que él denunció. Lo que queremos decir es que la protección no puede ser vista como “está en riesgo, bueno coja su carro, sus escoltas y ya”. Lo ideal sería que la UNP le provea unas medidas de protección mientras otro aparato del Estado, como el CTI de la Fiscalía, se encarga de controlar a los sectores que le están amenazando al periodista.
Esto quiere decir que no es un problema de plata, de análisis de riesgo, sino de lo que tiene que hacer el Estado para que las condiciones sean favorables. Ahora, el problema no es solo que amenacen o maten a un periodista, sino que la calidad periodística disminuye. Eso envía un mensaje inhibitorio sobre algunos temas. Convierte esos temas en intocables.
