El Consejo Nacional de Paz, una iniciativa creada hace más de una década, puede ser la posibilidad para que los representantes de la sociedad civil hagan parte de las negociaciones entre el gobierno y las Farc. Ya hay propuestas para volver a utilizar el mecanismo.
Tanto el gobierno nacional como la guerrilla de las Farc han definido los términos de la negociación. Cinco miembros plenipotenciarios, cinco miembros suplentes y 20 personas conformarán la comisión de cada una de las partes para intentar ponerle fin al conflicto armado en Colombia.
El gobierno ya ha escogido a los cinco miembros “titulares” de la mesa, que serán Sergio Jaramillo, Luis Carlos Villegas, el general Oscar Naranjo, Frank Pearl y el general Mora Rangel.
Las Farc, por su parte, también han definido algunos miembros del “equipo titular” para hablar con el gobierno. ‘Jesús Santrich’, ‘Iván Márquez’ y ‘Simón Trinidad’ son los tres negociadores confirmados, y es casi un hecho que los otros dos elegidos serán ‘Pablo Catatumbo’ y ‘Carlos Antonio Lozada’.
Luego de saber quiénes harán parte de la mesa de diálogo por parte del Estado, varios sectores de la sociedad civil se manifestaron. Muchos reclamaron la presencia de las víctimas, de las minorías, de Colombianos y colombianas por la paz, etc.
Por eso las comisiones de paz de Senado y Cámara han propuesto traer de nuevo a la mesa una vieja ley que reglamenta un Consejo y un Comité Nacional de Paz, una iniciativa sancionada en el gobierno Samper pero que no opera desde junio del año 2001, en pleno proceso de diálogo en el Caguán.
Al interior de las células citadas ya se ha discutido el tema, y este jueves los representantes de las comisiones le presentarán a Sergio Jaramillo, alto Comisionado para la Paz, esta propuesta que permitiría el ingreso de la sociedad civil a los debates que se presenten en la mesa.
“Uno de los puntos de la agenda que se firmó es el tema de la sociedad civil. Entonces la pregunta es ¿eso cómo se va a armar, cómo lo está pensando el Gobierno?”, dijo al respecto la representante Angela María Robledo, quien es una de las presidentas de la comisión de paz de la Cámara.
Historia de la iniciativa
El 5 de febrero del 98, el diario oficial publicó en sus páginas una nueva ley de la República. Una iniciativa legal “por la cual se crea el Consejo Nacional de Paz, se otorgan funciones y se dictan otras disposiciones”, según el texto.
La propuesta, llevada a cabo en el final del gobierno Samper, fue vista más como una salida “politiquera” a la crisis del proceso 8 mil que como una iniciativa real para superar el conflicto armado en el país.
Sin embargo, el texto fue sancionado y hace parte del marco legal del país. La iniciativa se enmarca en el hecho de que “la política de paz es una política de Estado, permanente y participativa”, según el articulado. Todos los gobiernos deben propender, acorde con el texto, “por hacer cumplir los fines, fundamentos y responsabilidad del Estado en materia de paz”.
Esta búsqueda incesante de paz por parte de todos los gobiernos está regida bajo seis principios rectores, que aplicarán tanto las autoridades de la República como el Consejo Nacional de Paz.
Estos son la Integridad, que pretende incentivar la creación de “medidas integrales de carácter socio-económico, cultural y político que combatan eficazmente las causas de la violencia”; la Solidaridad; la Responsabilidad, que pone en los hombros del Presidente la garantía de resultados; la Participación, democrática y comprometida por parte de los ciudadanos; la Negociación, para la desmilitarización de los conflictos sociales y políticos nacionales y territoriales; y la Gradualidad, toda vez que la paz es un “proceso continuo y gradual de soluciones integrales, solidarias, responsables, participativas y negociadas”.
El Consejo Nacional de Paz
La naturaleza de esta iniciativa tiene que ver con la “con participación de la sociedad civil, como órgano asesor y consultivo del Gobierno Nacional”, según el documento. La misión de este consejo será la de logar y mantener la paz y la de “facilitar la colaboración armónica de las entidades y órganos del Estado”.
El Consejo Nacional de Paz no descarta que, si existe un conflicto armado interno, miembros de grupos irregulares puedan participar de este mecanismo “siempre y cuando, a juicio del Consejo, hayan manifestado su voluntad expresa de participar en un proceso de paz”.
El Consejo podrá empezar a sesionar una vez se hayan elegido las dos terceras partes de sus miembros, y es el Gobierno quien reglamentará la elección de este organismo. El Consejo podrá ampliarse el tiempo que sea necesario, los miembros no podrán delegar funciones y se podrán invitar especialistas según los temas que se traten.
Los miembros se reunirán “cada dos (2) meses, sin perjuicio de que el Presidente de la República lo convoque a reuniones extraordinarias, cuando las circunstancias lo aconsejen, o la conveniencia pública lo exija” según señala el articulado.
Dentro de los miembros del Consejo Nacional de Paz se escogerá un Comité, que será el encargado de ejecutar las funciones que delegue tanto el colectivo como el Presidente de la República.
El Comité estará conformado por 7 miembros, tres de los cuales deben ser de la sociedad civil. Estas personas actuarán en nombre tanto del Consejo como del Presidente para avanzar en lo que se discuta al interior del grupo.
La secretaría técnica del Consejo Nacional de Paz estará a cargo de la oficina del Alto Comisionado para la Paz, quien deberá “coordinar, canalizar y acompañar el desarrollo e implementación de los acuerdos, disposiciones, proyectos y sugerencias que emanen del Consejo Nacional Paz”.
Funciones
Como asesor y consultor del Gobierno Nacional, este Consejo tiene varias tareas.
Está en la obligación de asesorar al Gobierno en materias relacionadas con la consecución de paz, elaborar propuestas para solucionar el conflicto armado, fomentar la aplicación de los derechos humanos y del Derecho Internacional Humanitario.
También deberá generar mecanismos de participación de la sociedad civil en los procesos de diálogo y negociación, motivar a la ciudadanía para que proponga iniciativas que lleven a la construcción de una paz duradera y coordinar las modalidades de acción y participación de la comunidad internacional.
Por último, deberá proponer al Gobierno mecanismos para incentivar la inversión privada en programas, políticas y planes de paz.
Como facilitador entre las entidades y el Estado, el Consejo debe diseñar anteproyectos de políticas, estrategias, planes, programas y proyectos orientados a garantizar una paz integral, promover la creación de Consejos Departamentales y Municipales de Paz, evaluar políticas y programas de reinsersión y elaborar el mapa del conflicto en el país para identificar las prioridades de “implementación de la política social y las inversiones para posibilitar la paz y el desarrollo en esas regiones”, según el texto.
Recursos
El Consejo Nacional de Paz funciona a través del dinero que salga del presupuesto nacional, de las donaciones que ingresen al Fondo de Programas Especiales para la Paz, de los aportes que haga la cooperación internacional y de los créditos que, eventualmente, haga el estado.
El proceso de paz comenzó. Mientras los actores que se sentarán en la mesa terminan de aceitar la máquina de la negociación, la sociedad civil podría ingresar a las discusiones a través de este mecanismo de participación. El Consejo Nacional de Paz podría ser, por primera vez, ese “vehículo todo terreno” que el exministro de Defensa Gilberto Echeverry planteó.
Varios sectores del país quieren participar, y es claro que no todos caben en la mesa de diálogo. Por eso este Consejo parece una herramienta institucional y seria para que toda Colombia se sienta representada en el intento más favorable para acabar con la guerra.
Vea aquí el proyecto de ley que reglamenta el Consejo Nacional de Paz
