Desde que el año pasado se desatara el paro campesino, el que tal vez haya sido el más grande desde el Paro Cívico Nacional de 1977, las tensiones entre el Gobierno Nacional y el sector agropecuario han ido creciendo. Con la Cumbre Agraria que se llevará a cabo en Bogotá este fin de semana se estaría abriendo la puerta para una nueva movilización a escala masiva en el país, un paro que se daría en el marco de la campaña presidencial.
En la segunda mitad del año pasado el país vivió la que tal vez haya sido una de las movilizaciones sociales más fuertes y contundentes en muchas décadas. El paro campesino llevado a cabo en el centro del país, especialmente en Boyacá, sumado a los paros campesinos en departamentos del sur y del nororiente, como el Putumayo o Norte de Santander respectivamente, hicieron que la opinión pública notara que no todo era tan tranquilo en la implementación de los TLC como lo estaba presentando el Gobierno Nacional.
Esas jornadas de movilización llevaron a que las críticas al modelo económico, a las políticas públicas de desarrollo agrícola y a los tratados de libre comercio fueran puestas sobre el tapete. Además, las imágenes de los brutales ataques del Esmad a los campesinos y las afirmaciones de las autoridades policiales y militares sobre la poco probable infiltración guerrillera en sectores campesinos históricamente conservadores, como lo son las organizaciones de paperos de Boyacá y Cundinamarca, hicieron que las simpatías no se hicieran esperar y que los cacerolazos espontáneos pidiendo respeto y soluciones para el campesinado, se extendieran por todo el país.
Sin embargo, medio año después las cosas siguen igual. Las dignidades campesinas, siendo la cabeza más visible César Pachón de Dignidad Papera, están desilusionadas porque las promesas y acuerdos a los que se había llegado después del paro del año pasado no han sido cumplidas por el Ejecutivo.
Dos campos diferentes
El llamado del Presidente Santos a la SAC (Sociedad de Agricultores de Colombia) no caló muy profundo entre las organizaciones campesinas de base que sintieron que su representatividad era ignorada. Algunas de estas últimas como la MIA, (Mesa Nacional Agraria y Popular de Interlocución Acuerdo) consideran que esa reunión es ilegítima toda vez que, como lo manifiesta Andrés Gil, uno de sus voceros, “Los de la SAC representan al campo de corbata y latifundios, nosotros somos el agro de ruana”. Además, la MIA se reunió con el Ministro del Interior, Aurelio Iragorri, para manifestarle que este fin de semana se llevará a cabo la Cumbre Agraria, Campesina, Étnica y Popular.
A ello hay que sumar la diacronía en la que se mueven, discursiva y operacionalmente, ambas agremiaciones. La SAC, en cabeza de su vocero Rafael Mejía, insinúa que el gobierno del Presidente Santos está haciendo concesiones en cuanto modelo económico y respeto a la propiedad privada ante la delegación de las Farc en La Habana. Insinuación que enfureció al Presidente a tal punto que ante la negativa de una disculpa pública por parte de Mejía, decidió abandonar un almuerzo con la SAC y otras organizaciones agrarias.
Por su parte la MIA es partidaria del diálogo de paz de La Habana y ha emprendido una crítica feroz contra la firma y entrada en vigor de los tratados de libre comercio entre el país y otras economías, que a diferencia de la colombiana tienen un sistema de subsidios que logra arrojar ganancias para el agro en el marco de una economía de libre mercado.
Este sábado 15, domingo 16 y lunes 17 de marzo se llevará a cabo en Bogotá la Cumbre Agraria, Campesina, Étnica y Popular que pretende dejar en claro lo que se debe hacer de acá en adelante para presionar al gobierno nacional a que reconozca al campesinado como sujeto diferenciado. Así lo expresa Gil, quien ha criticado fuertemente la manera en que se ha adelantado el censo campesino, que pretende sentar las bases de la solución de los problemas del agro. Para Gil, el censo “se está adelantando sin que exista una caracterización del campesino, es un sujeto sin derechos políticos”. Por esa razón, la Cumbre será definitiva para plantear la estrategia a seguir este año.
El factor Petro
En el pasado paro campesino, el alcalde Gustavo Petro permitió que las comunidades campesinas de la región de Sumapaz adelantaran sus movilizaciones sin mayores tropiezos y les envió un mensaje de aliento al indicar que se comprometía con el establecimiento de la Zona de Reserva Campesina del Sumapaz. Este último punto es uno de los más complicados cuando de relaciones entre Minagricultura y campesinado colombiano se trata.
Por ese apoyo a los campesinos del Sumapaz y a quienes adelantaron el paro campesino es que Gustavo Petro cuenta con el apoyo de la MIA y de las dignidades. Es tanto el apoyo de estos sectores al alcalde de Bogotá que en la última convocatoria de Petro a sus seguidores en la Plaza de Bolívar, el pasado 28 de enero César Pachón estuvo en el balcón desde el que habló el alcalde y al término del acostumbrado discurso del mandatario se reunieron a puerta cerrada en el Palacio Liévano.
Esta relación entre Petro y los campesinos genera resquemores entre varios funcionarios del Gobierno Nacional. César Jerez, dirigente campesino de Ascamcat (Asociación Campesina del Catatumbo) aseguró que el pasado mes de diciembre el Gerente del Incoder, Rey Ariel Borbón, aplazó la consulta popular sobre la Zona de Reserva Campesina del Sumapaz para “no darle vitrina a Petro” quien se encontraba en medio de la movilización popular para intentar frenar la destitución e inhabilidad impuesta por la Procuraduría General de la Nación.
Además, en la reunión llevada a cabo esta semana entre el Ministro Iragorri y los voceros del agro, este pidió que los campesinos no “le metieran Petro al asunto” pero la respuesta de estos fue que ambos casos son parte del mismo problema. Por esa razón el lunes habrá una movilización de más de tres mil delegados campesinos de 21 regiones del país hacia la Plaza de Bolívar para manifestar su apoyo al alcalde mayor de Bogotá.
Así las cosas, no es de extrañar que una de las conclusiones de fondo en la próxima cumbre sea el llamado a la movilización, expresada en un nuevo paro agrario, que podría darse en la última semana de abril, y al que esperan quienes organizan la Cumbre Agraria que se sumen indígenas, afros y diferentes sectores populares. De llegarse a dar ese segundo paro campesino en abril, podría verse empañada la campaña de reelección del Presidente Santos que no cuenta por ahora con las mayores simpatías en el campo colombiano.
