Durante cinco días un grupo de 20 mujeres afro provenientes del norte del Cauca declararon una asamblea permanente en el auditorio de La Giralda, en la sede principal del Ministerio del Interior. El flagelo que viven desde que la minería se tomo su territorio hace algunos años las motivó a caminar hasta la capital. Confidencial Colombia habló con ellas y esta es la historia.
“Marchamos porque decidimos que si nos van a matar en nuestro territorio entonces venimos a protestar ante el gobierno y si nos tenemos que morir pues nos morimos acá”. Son las palabras de Leidy quien con tan solo 18 años, junto a 19 mujeres más de su comunidad, tuvo el coraje de enfrentar al Gobierno Nacional.
Las mujeres que denominaron su caminata como “La marcha de los turbantes” se encerraron por cinco días en un auditorio dentro de La Giralda, el imponente edificio de la sede principal del Ministerio del Interior, ubicado al lado de la Casa de Nariño y que está custodiado por la guardia presidencial. Allí recibieron la ayuda de la Defensoría del Pueblo quien les suministro cobijas y alimentos.
La razón de su protesta es la gran amenaza que significa en este momento la práctica de la minería en su corregimiento “Caminamos diez días con el propósito de rescatar la vida de nuestro territorio porque no queremos más minería legal ni ilegal en nuestra tierra, porque nos está destruyendo, están dañando nuestra diversidad que para nosotros lo es todo; están contaminando nuestros ríos con mercurio y cianuro. Estamos bebiendo agua envenenada y nuestros peces están muriendo”.
Vinieron desde La Toma, corregimiento localizado en el municipio de Suárez (departamento de Cauca), que desde hace un tiempo es escenario de una disputa por el control de tierras ricas en recursos naturales, incluidos minerales como el oro. La población afro descendiente que habita en el municipio, reconocido como territorio ancestral, ha practicado la minería artesanal durante décadas. Sin embargo, la llegada de multinacionales y la entrega de licencias mineras a particulares por parte de Ingeominas, ha puesto en riesgo la subsistencia de cerca de 1300 familias que viven de esta práctica.
La minería se ha convertido en uno de los pilares económicos del presidente Santos, desde que lanzó su campaña “La Locomotora minera” pero cada vez se hacen más evidentes, las contradicciones en toda Colombia alrededor de ella. El modelo se aleja cada vez más de un desarrollo sostenible real que garantice un medio ambiente sano y una sociedad segura. Al contrario la contaminación a causa del mercurio y el cianuro es cada vez peor y las víctimas mortales aumentan también y el Cauca no ha sido la excepción.
Según las mujeres de la comunidad de La Toma no solamente la explotación de recursos naturales por parte de multinacionales y particulares están matando al ambiente, de acuerdo con sus testimonios, actores armados y los mismos mineros amenazan, cada vez con más intensidad, a líderes y liderezas de sus concejos comunitarios. Realmente cansados del flagelo que han vivido desde que la minería se tomó sus tierras decidieron venir hasta la capital y buscar soluciones reales.
“El aumento del riesgo, la amenazas cada vez más continuas a veces con llamadas, panfletos por debajo de las puertas, o lanzadas por las ventanas que ya no sólo dicen ‘te voy a matar’ sino ‘sé tu hija donde estudia la vamos a violar’, ‘ustedes son unas sapas, unos sapos y creen que van a sacar nuestras máquinas de acá olvídense’ nos dejan saber de dónde vienen”.
Según la comunidad en la región operan diferentes actores armados; Desde bandas criminales como “Los Rastrojos” o las “Águilas Negras”, guerrilleros de las Farc, el Eln y hasta Fuerza Pública. Los habitantes aseguran que en La Toma “parece que hubiera una convención de gente armada” entonces quién pueda estar trabajando para los mineros, nadie lo sabe.
Mientras Leidy y sus compañeras permanecían en La Giralda, muy cerca de ahí en la Casa Nacional de la cultura Afrocolombiana se hospedaban el resto de personas que vinieron con ellas en la marcha desde La Toma, fueron 150 entre mujeres y miembros de la Guardia Cimarrona, autoridad de su comunidad, los que emprendieron viaje hacía Bogotá en esta arriesgada manifestación.
Allí hablamos con Eva Grueso, una mujer negra que trabaja por su comunidad en la capital. Ella ha vivido de cerca este flagelo y conoce muy bien sus causas, nos contó que esta no fue una marcha planeada con mucho tiempo de anticipación, fue más bien repentina que se decidió en la medida que la crisis se acrecentó “lo que más empuja esta decisión es el aumento de violaciones a niñas por parte de hombres nuevos que llegaron a la zona por cuenta de esta nueva práctica de la minería” asegura.
Eva cuenta que estos son hombres que están vinculados a la práctica de la minería con retroexcavadora, es decir la ilegal, porque según su comunidad esto antes no pasaba. Las amenazas, desapariciones y violaciones se intensificaron “en la medida que estos hombres llegaron, no podemos decir si pertenecen a algún grupo armado pero de todas maneras son hombres que no pertenecen a la comunidad”.
Nunca dentro de la comunidad la minería se ha hecho de otra manera que no sea a través del ‘barequeo’ con la batea y los típicos materiales de la minería artesanal, asegura Eva que es básicamente por una lógica que es, “como hoy y tengo que dejar para seguir comiendo mañana y pasado”.
“Aplicando la lógica occidental de coma hoy y no importa mañana” dice que llegaron estos hombres a saquear todo. Eva con mucha dureza asegura que esto es consecuencia de que los territorios de las comunidades negras han sido vistos como el supermercado de donde sacan lo que quieren sin dejar nada. “La lógica de la economía extractivista; se parte del hecho de que estos territorios no son de nadie, que esta es tierra de nadie aquí lo que hay es negros o indios entonces puedo entrar, sacar lo que necesite, dejar el reguero allí y me voy” sentencia.
La poca o más bien nula confianza que estas comunidades tienen en el Gobierno tiene sus fundamentos, pues según Eva para el Estado desde el marco jurídico sus tierras son considerados terrenos baldíos y eso lo que demuestra es que nunca los han visto. “¿Baldío? Es decir que para ellos nunca hubo nadie allí, cuando nosotros hemos estado toda la vida. No, nunca han sido baldíos han sido nuestros siempre y el hecho de que no tengamos en muchos casos un título de propiedad no nos quita ese derecho”.
Las comunidades indígenas, campesinas y afro que habitan regiones de explotación minera no pueden evitar ver a los mineros como unos extraños que simplemente llegaron, sin ningún aviso, con sus retroexcavadoras y empezaron a destruirlo todo.
Eva cuenta como además de llegar arbitrariamente a sus tierras, llegan a ejercer terror “En todos los casos los mineros llegan con hombres armados, y en muchos de ellos en el Norte del Cauca los indígenas y los negros se juntaron y sacaron a varias de estas retroexcavadoras lo que ha hecho que el nivel de riesgo sobre estas comunidades se haya incrementado”. Y entonces una responsabilidad que se supone es del Estado, la ha tenido que asumir la comunidad enfrentando a su vez el riesgo y el costo tan alto que esto ha implicado.
La práctica de la minería está presente en La Toma desde el 2008, antes de ese momento la comunidad se resistió a que las empresas mineras entraran. A partir del 2010, cuando se expide la sentencia de la Corte Constitucional sobre el corregimiento La Toma, que establece que en caso de querer establecer una forma diferente de minería a la ancestral tendría que ser consultada previamente con las comunidades étnicas a las que esto podría afectar, cuenta Eva, que desde ese momento se incrementó la entrada de esa maquinaria ilegal a la zona.
Desde ese momento en el marco de la sentencia de la Corte, la comunidad por un lado viene exigiéndole al Gobierno que la cumpla, como es su deber. Se creó una mesa en la que básicamente los temas de negociación han sido, “saquen las retroexcavadoras y suspendan y revoquen los títulos mineros que le han dado a la multinacional Anglo Gold Ashanti”. La respuesta por parte del gobierno han sido promesas a la comunidad que hasta ahora han quedado en el aire.
Anglo Gold Ashanti, la compañía que Eva menciona en su testimonio, es la tercera más grande multinacional explotadora de oro en el mundo. En su sitio web se presesnta con el eslogan “Verdadera minería” y se describe como una compañía que se ha comprometido a operar de manera responsable y con criterios de sostenibilidad. Sin embargo la multinacional ha sido denunciada por violación de derechos humanos y afectación al medio ambiente en varios países. Llegó al país con engaños bajo el pseudónimo “La kedahda” y ha recibido licencias de exploración minera violentando la normatividad ambiental vigente, así lo han denunciado varias organizaciones defensoras de derechos humanos como la Red de Hermandad y Solidaridad por Colombia.
Anglo Gold Ashanti tiene solicitudes de licencias de exploración y explotación en un área que comprende más de 4 millones de hectáreas del territorio nacional. Uno de sus proyectos más polémicos que han causado un sinfín de denuncias es la operación de “La Colosa” se estima que este proyecto consume 9 millones de metros cúbicos de agua al año equivalente al consumo mínimo de 400.000 personas. Mientras organizaciones y la población se oponen a su presencia por la amenaza que significa, el Gobierno le sigue otorgando licencias para trabajar en varias regiones de nuestro país.
¿Qué es minería ilegal?
Asegura Eva que cuando en el país se habla de este tipo de minería todo el mundo piensa en las retroexcavadoras- “pero para nosotros los títulos mineros que les han dado a estas multinacionales también son ilegales; porque tienen un título sin seguir el proceso de consulta previa y consentimiento de las comunidades, como lo exige la Corte. Entonces si no se cumplió ese requisito de ley, pues ese título que otorgaron es ilegal, por lo tanto lo que han hecho también lo es”.
Pero más allá de si es o no legal, para las comunidades étnicas esta es una cuestión de derechos y de justicia, y “sabemos que la ley la mayoría de las veces no es justa entonces aunque estos títulos fueran legales serían injustos en el sentido de ¿cómo yo me meto a tu casa a hacer destrozos, luego te dejo a ti con todos los escombros luego me voy? y allá usted con su problema, usted verá como lo resuelve” es por esto, sobretodo que Eva y el resto de comunidades afectadas se oponen a ese tipo de minería.
Dentro de los requerimientos que la comunidad de La Toma le hace al gobierno hay uno nuevo que tiene que ver con un esquema de seguridad, pero la población no confía en la fuerza del Estado por lo que Eva asegura “no estamos dispuestas a que la fuerza pública se plante ahí, porque lo curioso es que la presencia de ellos ya está, hay cerca de cuatro bases militares; entonces cómo es que la retroexcavadoras entran. Según ellos han hecho dos operativos para sacarlas pero no las han encontrado dicen que se les esconden pero cómo uno esconde una retroexcavadora ¿debajo de la cama? La otra vez que hicieron un operativo cogieron una y disque las otras se les escaparon yo no entiendo a qué velocidad anda una retroexcavadora que se logra escapar”.
Eva dice que si no fuera por el dolor y la indignación que esta situación ha causado, “las explicaciones tan estúpidas que el Estado se inventa, para no cumplir con su obligación son para desmayarse de la risa”.
La propuesta de los afros es constituir su propia guardia cimarrona y piden el apoyo del gobierno en el fortalecimiento de esa guardia para así establecer su propio esquema de seguridad. Pero la respuesta ha sido que es ilegal, porque esa guardia no tiene permiso del Estado. “Pero es que eso no necesita el permiso del estado ni de nadie porque es una decisión autónoma de la comunidad que decide de qué manera se quiere proteger en la medida que no nos sentimos seguros con la protección del Estado”.
Además por el convenio 121 de OIT pueden hacerlo, “estamos haciendo uso de nuestro derecho a la autodeterminación”. Resulta absurda la respuesta del gobierno cuando la misma constitución ampara ese derecho. Según el artículo 246 “Las autoridades de los pueblos indígenas podrán ejercer funciones jurisdiccionales dentro de su ámbito territorial, de conformidad con sus propias normas y procedimientos, siempre que no sean contrarios a la Constitución y leyes de la República. La ley establecerá las formas de coordinación de esta jurisdicción especial con el sistema judicial nacional”.
Al preguntarle por la posibilidad de llegar a un acuerdo con el gobierno esta vez Eva dice no ve voluntad para solucionar estas problemáticas, “de hecho nunca ha tenido voluntad ni este, no los anteriores y nos imaginamos que los que vendrán tampoco. Nunca se han preocupado por cumplir con las comunidades, independientemente de si son indígenas, afro o campesinas, los pobres en este país estamos condenados a no ser escuchados”.
Pero lo que Eva sí asegura es que la comunidad está dispuesta a llegar hasta donde sea necesario para que el gobierno cumpla. “No le estamos pidiendo que viole normas, no le estamos pidiendo que nos baje la luna solamente le estamos pidiendo algo razonable y es que cumpla con su deber. Entonces no nos interesa su disposición, nosotras vamos a hacerlo todo”.
El jueves pasado las mujeres mantuvieron una reunión con la viceministra Carmen Vásquez desde las 10:30am hasta las 5pm momento en el que se rompieron los diálogos. En esa reunión diferentes funcionarios de organizaciones involucradas en el sector dieron sus respectivos puntos de vista, dentro de ellos el representante del ministerio de minas y energía aseguró que no van a derogar los títulos mineros ya otorgados, y todos en general dijeron que necesitaban tiempo para sacar las máquinas.
Después de más de seis horas las mujeres dijeron “nos declaramos en asamblea permanente, ustedes dicen que necesitan tiempo, tienen todo el tiempo del mundo. Nosotras nos quedamos aquí esperando hasta que solucionen pero de aquí no nos vamos”.
Según un comunicado emitido por ellas el viernes pasado aseguraron que “el Gobierno presentó una propuesta de agenda que no daba respuestas concretas a las expectativas de las mujeres. El Ministro que se había comprometido a recibirlas en persona no se presentó”.
Agregan “Es el objetivo está claro: evitar que millones beban y consuman aguas y alimentos contaminados y que este país termine convertido en huecos y montañas de cascajo”.
Y finalizan diciendo “Más allá de la retórica institucional y de lo que llaman políticamente correcto, al Presidente y sus ministros, están dejando claro que les importa un forro, los reclamos de las mujeres, porque al fin de cuentas, para ellos los ríos y el bocachico con yuca no hacen parte de su cotidianidad. Ellos solo piensan y gobiernan en su perímetro y para los del mismo y eso excluye a las mujeres negras que han marchado desde el Cauca y la mayoría de colombianos y colombianas”.
De esta manera, desde el jueves hasta hoy las negociaciones con el Gobierno han avanzado, gracias a su coraje y la presión que ejercieron al no salir del ministerio. Por medio de un comunicado Mininterior expresó que ya habían alcanzado los primeros acuerdos, entre ellos crear una subcomisión para abordar los puntos que conforman la solicitud de acciones inmediatas del Estado frente a la minería ilegal. También se comprometió a adelantar acciones con el objetivo de erradicar la minería ilegal en el Cauca, brindando la protección para el retorno a los territorios.
Se espera que las mujeres que protagonizaron “la marcha de los turbantes” den una rueda de prensa en la que darán sus conclusiones de las negociaciones con el Gobierno Nacional y le contarán a la opinión pública cuando podrán regresar a sus hogares.
Esta es tan solo una de las caras de la tragedia social en la que se está convirtiendo la práctica de la minería en nuestro país, hoy el 60% de la producción en el país es ilegal y en este año han muerto 80 mineros.
