El grupo guerrillero es el responsable del 38 por ciento de los despojos de tierras en Colombia, según las demandas presentadas por campesinos a la unidad de restitución, creada por la ley que pretende reparar a los que han sufrido la guerra en nuestro país.
Un comunicado de esa cartera señala que a la fecha la Unidad de Restitución de Tierras ha recibido en todo el país un total de 23.199 solicitudes de restitución correspondientes a 1.754.275 hectáreas.
Añade que “de estas 7.946 reclamantes, el 38 por ciento, denuncian a las FARC como las causantes del abandono o despojo de 662.468 hectáreas de tierra”.
Según el reporte, la mayor cantidad de demandas en la que se solicita la devolución de predios se han presentado en Bolívar, Magdalena, Sucre, Cesar, todos al norte; Tolima, Meta y Norte de Santander, frontera con Venezuela, “departamentos de alta afectación por el conflicto armado” que padece el país desde hace casi medio siglo.
Para comenzar a recuperar tierras en poder de las FARC, el Ministerio de Agricultura presentó este miércoles, en el departamento del Tolima, las primeras demandas para la restitución a campesinos que se desplazaron por presuntas presiones de los rebeldes.
La acción jurídica quedó en manos de un juez agrario que tendrá que definir si 33 familias de la población de Ataco tienen derechos sobre 225 hectáreas que tuvieron que abandonar porque las FARC los obligaron a hacerlo entre los años 2000 y 2005.
Por aquellos años fueron asesinados representantes indígenas, líderes y miembros de la comunidad, además, se desarrollaron fuertes combates.
Según cifras de diferentes organizaciones no gubernamentales, en los últimos 30 años las tierras que fueron abandonadas de manera forzada o arrebatadas a colombianos suman 6,65 millones de hectáreas.
En junio de 2010, en un acto especial cumplido en Bogotá y con la asistencia como testigo de honor del secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, el presidente colombiano, Juan Manuel Santos, firmó la Ley de Víctimas y de Restitución de Tierras.
Al término de su Gobierno, en 2014, el presidente Santos espera que con esa ley se puedan indemnizar a cuatro millones de víctimas y devolver unas 3,5 millones de hectáreas usurpadas a campesinos.
