Durante dos días el ministerio de Hacienda ha sido el escenario de protestas por parte de las madres comunitarias, quienes están a la expectativa de alguna señal que les indique que sus peticiones han sido escuchadas y acatadas por el Gobierno. Cientos de mujeres que se han desempeñado en esta labor humanística, aclaman por una mejora en sus condiciones laborales, una política de atención integral de los programas de ayuda y la formalización laboral directa con el ICBF.
Las madres comunitarias hablaron para Confidencial Colombia y explicaron cuáles fueron las razones que tuvieron para dejar a sus niños, cerrar sus hogares comunitarios y retomar el paro en el capital del país.
Una madre comunitaria cubre aspectos que una natural en muchas ocasiones no puede. Pedagogía, tratamiento psicológico y alimentación, son algunas de las funciones que realizan con niños y mujeres en estado de gestación de estratos bajos. Desde hace más de 20 años, estas trabajadoras prestan sus casas como hogares comunitarios con el objetivo de brindar un buen servicio y tener un mejor espacio.
Desde hace más de diez años, estas mujeres vienen luchando para que su trabajo sea tomado en cuenta ya que en sus manos está la nueva generación de colombianos.
El inicio de esta movilización se dio luego que el 26 de agosto de este año, en un encuentro entre gobierno y representantes de este gremio, se firmara un pliego de peticiones, en el cual solicitaban: la pensión para las madres que ya han cumplido el tiempo estipulado para laborar y para aquellas que se encuentran en mal estado de salud. También la formalización de esta labor para un mejoramiento salarial, un contrato a término indefinido y una dotación para las casas comunitarias. Acuerdo, que según las madres comunitarias del país, el Gobierno no ha cumplido hasta el momento.
Olinda García, presidenta del Sindicato Nacional de Trabajadoras al cuidado de la Infancia (Sintracihobi) y representante de las madres comunitarias en Bogotá, aseguró que hasta que no haya soluciones a su problemática continuarán asentadas en la capital y de ser necesario, este platón se extenderá hasta final de año.
Así mismo, Leonila Murillo, madre comunitaria de Buenaventura y quien lleva 25 años en esta labor, se siente decepcionada por todos los años de servicio que ha prestado a miles de familias y que hoy en día no se ven reconocidas por el Estado. Esta mujer de aproximados 70 años, con completa voluntad y vitalidad, afirmó que no se moverá de Bogotá hasta que su gremio deje de ser “invisible” y sea tomado en cuenta por el presidente de la Republica, ministros de Hacienda y Trabajo y por los entes reguladores como el ICBF.
“Nos engañaron, dijeron que se iba a establecer una mesa de negociación pero a la hora de la verdad no pasa nada. Ahora si nos vamos a quedar aquí hasta que nos solucionen algo” afirmó.
Sin embargo, la preocupación de estas madres no es solo la incertidumbre de lo que va a suceder con sus vidas y sus entornos laborales. Ahora tienen que pensar en cómo van a lograr subsistir los días que estén en Bogotá, ya que la mayoría de ellas vienen de diferentes regiones y no tienen los recursos para alimentarse, ni para conseguir un resguardo. Simplemente esperan que los días pasen y a que alguna persona o entidad les pueda colaborar para poder mantenerse lo mejor posible.
Al final del segundo día de paro, estas trabajadoras comunitarias hicieron un llamado a los directamente responsables de esta situación para que “se ponga la mano en el corazón porque es la infancia y los seres más importantes en el mundo, quienes están siendo los más afectados con este problema”.
Las madres comunitarias de Colombia, ven como único camino, al igual que los agricultores con el pasado para agrario, las protestas y manifestaciones para que puedan ser escuchadas, con la esperanza de que estos gritos de ayuda lleguen al alcance de los medios de comunicación, las cuales no han estado presentes en este evento tan importante que de alguna manera afecta no solo a un grupo de terminado de niños sino a miles de familias enteras.
