Es suficiente con salir a las calles de Bogotá para darse cuenta de los abusos que afectan la propiedad privada, algunos bienes y lugares públicos por rayones que, para el entendimiento común de la ciudadanía, no es más que vandalismo e irrespeto. Sin embargo, ese estigma del graffitero y su arte ha llegado a afectar a quienes de verdad tienen en sus manos el poder de embellecer una ciudad tan desigual como Bogotá. La alcaldía actual ha hecho poco y es evidente que hay muchos muros que no van a querer ceder para el arte callejero.
Este año ha sido tensionante la relación entre la administración Peñalosa y los promotores del arte callejero, sobre todo porque estos últimos ven estancada la posibilidad de volver la capital un lienzo en donde quepan todo tipo de críticas y alabanzas que son apenas obvias en un país que vela en su Constitución por la libertad de expresión.
Gustavo Petro, amado por unos y odiado por otros, en su lucha por mantener el equilibrio entre evitar los rayones en cualquier espacio y garantizar la evolución del graffiti, no solo dispuso muros para cerca de 5.000 piezas de gran formato en Bogotá, situando a la ciudad dentro de las que tienen más metros cuadrados de muros pintados, sino que también dejó dos decretos listos para cerrar sus cuestionados años de administración.
Uno de esos decretos es el 189 del 2011, modificado en 2015, donde se establecieron los lugares que se consideran espacio público permitido para el graffiti, las sanciones para quienes marquen donde no se debe, pero sobre todo, abre la ciudad al arte y da libertad a los amantes de esta forma de expresión a que conviertan Bogotá en una paleta de colores.
Peñalosa ha puesto más difíciles las cosas, pues como lo dijo recién se convirtió en alcalde, el graffiti puede estimular la criminalidad en un determinado punto. Ante eso, tapo varios murales, pero se defendió de las críticas creando el Comité para la Práctica Responsable del Graffiti en Bogotá que tiene como objetivo deliberar, coordinar, acordar, articular y promover todo tipo de acciones y estrategias para desarrollar la práctica responsable de esta expresión artística en la capital.
Lo cierto es que algunos graffiteros como Brayan Murillo, del grupo War Design, ven reducidas las oportunidades que Petro abrió para el arte callejero y creen que los pocos eventos dispuestos por el Distrito para hacer muralismo, son solo para vender la idea de que esta alcaldía sí apoya el graffiti, pero que en la práctica, no tiene la intención de dar la libertad de que las paredes de Bogotá sean para estas pinturas, para las críticas y para el arte en general.
¿Qué se está haciendo?
Confidencial Colombia habló con la secretaria de Cultura, María Claudia López y la directora de Idartes, Juliana Restrepo, quienes tienen planeado por el momento disponer algunos muros de Puente Aranda para los graffiteros.
Desde Idartes se quiere promover el turismo de Bogotá dando los espacios no patrimoniales para que los artistas puedan expresarse y ayuden a que los barrios se “resignifiquen”, es decir, que cambie la percepción sobre estos. Desde la Secretaría, se ha dicho que aunque impulsarán el arte, no permitirán el daño al espacio público.
Pero definir qué es graffiti y qué es vandalismo es un debate sin fin. Lo que falta es que el Distrito proporcione los lienzos suficientes, porque hasta el momento, el llamado ‘Distrito Graffiti’ que quieren impulsar no se ve fuerte y el proyecto está tan incierto, como varios planes del alcalde Peñalosa.
El secretario de Seguridad, Daniel Mejía, aseguró que buscaría crear murales artísticos para que no se use cualquier pared de Bogotá para dibujar, cosa que se supone ya está establecida en el Decreto 189. Asimismo, dijo que este tipo de dibujos en las fachadas de las casas de los bogotanos genera una percepción de inseguridad, por lo que entrará de lleno a combatir este tipo de actuaciones que no sean artísticas, asunto que ya debería sancionarse con el Decreto establecido.
Para los graffiteros, a quienes dañan espacios públicos no se les puede dar el título de artistas. Están de acuerdo con imponer multas, aunque insisten en que no se aplican sanciones, aumentando así el estigma de que todos son vándalos y truncando la posibilidad de que evolucione este tipo de arte en la ciudad. Allí surge la pregunta de si la propuesta se quedará en un corto evento para intervenir unas pocas paredes o si por el contrario, el espacio será desencarcelado para que el graffiti haga parte de la identidad de Bogotá y que locales y extranjeros lo puedan disfrutar.
Hasta hoy, pasados 11 meses y medio desde que subió Enrique Peñalosa a liderar Bogotá, los muros siguen bloqueados para el graffiti.
