La Reforma a la Salud ha traído más dudas que certezas. Sus indudables similitudes al pasado sistema, ponen en duda si este articulado traerá alguna solución al viacrucis al que miles de colombianos han tenido que someterse para acceder a alguna atención médica.
Varios detractores de la reforma impulsada por el Ejecutivo han sido enfáticos en aseverar que las EPS no se van terminar, todo lo contrario, cambiarán solo su nombre por el de Gestoras de Salud y continuarán sirviendo de intermediarios financieros.
A esto se suma la preocupación de la falta de piso jurídico en el cual quedarían todas las investigaciones de los órganos de control que se vienen adelantando, además de la posibilidad que tendrían los actuales socios de las EPS en vincularse a las nuevas entidades.
Otro de los grandes problemas que se han venido descubriendo es, según uno de sus más grandes detractores, el senador Jorge Enrique Robledo, el de volver “al POS insuficiente de los orígenes de la Ley 100, haciendo muy difícil o insignificante acceder a la tutela”, tesis que en cada intervención que ha tenido el titular de la Salud ha refutado, afirmando que el Senador del Polo “hace demagogia y engaña a la gente” ya que el proyecto radicado es de carácter ordinario en donde no se puede tocar ni legislar sobre ese mecanismo ciudadano.
El Gobierno sabe que es de vital urgencia que este articulado sea aprobado los más pronto posible, pero se siguen teniendo vacíos en varios temas que, al parecer, seguirán manejándose de la misma manera que el pasado sistema, lleno de negligencias y beneficios para los privados.
