La Cámara Baja Argentina, donde el presidente Mauricio Macri no tiene mayoría, votó a favor del proyecto de ley que le autoriza a saldar la deuda que el país arrastra, desde el 2001, con un grupo de acreedores y fondos de inversión que rechazó entrar en las reestructuraciones del 2005 y del 2010
La Cámara de Diputados dio media sanción al proyecto del Poder Ejecutivo de Normalización de la Deuda Pública que permitirá cerrar un acuerdo con los fondos buitre y así salir del default, en una votación en la que el oficialismo contó con el respaldo del Frente Renovador, del bloque Justicialista y del socialismo, entre otras bancadas.
Tras casi 20 horas de debate, el plenario de la Cámara baja avaló el proyecto con 165 votos a favor y 86 en contra, éstos últimos en su mayoría del Frente para la Victoria), y cinco ausencias.
El proyecto de Normalización de la Deuda Pública contempla la derogación de las leyes Cerrojo y de Pago Soberano y la autorización para emitir deuda por 12.000 millones de dólares para afrontar el acuerdo entre los fondos ‘buitres’ y la Argentina, a instancias de la Justicia de Estados Unidos.
Arduo debate
Los diputados oficialistas se encargaron de defender la iniciativa del Poder Ejecutivo en tanto que desde la oposición, sobre todo del Frente para la Victoria, llegaron las más duras críticas. Por ejemplo, el camporista Eduardo De Pedro puso en valor la política de desendeudamiento iniciada por el ex presidente Néstor Kirchner, al señalar que “permitió volver a discutir el destino de nuestro país acá, en la Argentina, en la Casa Rosada”.
“Hoy tenemos la responsabilidad de dar continuidad a una política pública que funcionó, que era dejar esa política pendular en la que un gobierno viene a destrozar lo que hizo el anterior”, aseveró.
Desde el PRO, en tanto, el diputado Pablo Tonelli señaló: “La deuda que queremos arreglar es una deuda reconocida en una sentencia judicial que está firme, que es insusceptible de recurso alguno y dictada en una jurisdicción extraña porque nuestro país se sometió voluntariamente a ella para dirimir los conflictos”.
“La derogación de la ley cerrojo y la de pago soberano es imperativa. El gobierno ha llegado a una solución satisfactoria y razonable con los acreedores ya que es imposible no cumplir la sentencia porque significaría renunciar a tener relaciones comerciales con el mundo, a importar, a exportar y a tener la posibilidad de endeudarnos a largo plazo y a bajas tasas”, agregó.
