En octubre de 2019, la Corporación Regional de Cundinamarca (CAR) le otorgó una licencia ambiental a la sociedad Proyectos de Ingeniería y Geología Colombiana (PROINGECOL S.A.S.) y a la empresa Proacol.
Según pudo establecer Confidencial Colombia, a través de este acto administrativo, la CAR las autorizó para extraer arenas, gravas, tierra y minerales del río Magdalena.
Desde que estas empresas llegaron a la región, la comunidad se opuso al proyecto, pero sus voces y reclamos no fueron tenidos en cuenta por la CAR.
Tras la adjudicación de la licencia, los concejales de Girardot firmaron una proposición para pedirle a Luis Fernando Sanabria, nuevo director de la CAR, que revoque la decisión tomada por su antecesor, quien autorizó la actividad minera unos días antes de dejar el cargo. Los concejales denunciaron que con esta medida “se están vulnerando los derechos fundamentales a un ambiente sano, al agua, a la vida y a la salud de los girardoteños, y se está poniendo en riesgo la integridad ecosistémica”.
Un proceso marcado por inconsistencias
Con la autorización de la actividad minera en el cauce del río Magdalena se configuró también una vulneración al debido proceso, pues el proyecto cambió sustancialmente entre la propuesta inicial y la que finalmente fue aprobada. Algunos de los cambios por los que era necesario reiniciar el proceso de adjudicación de la licencia tienen que ver con las coordenadas del punto de extracción, los costos de la actividad, las ventas proyectadas, y la Evaluación del Impacto Ambiental (EIA).
Los opositores al desarrollo del proyecto que defienden el río Magdalena denuncian que la EIA tiene múltiples falencias frente a los manuales de estudios ambientales y que se realizó sin la participación real y efectiva de las poblaciones locales, desconociendo también a la comunidad indígena pijao en Coello y a los campesinos de Girardot.
El objetivo: proteger el río Magdalena
La lucha de las comunidades de campesinos, pescadores e indígenas en contra del desarrollo de actividades extractivas comenzó en 2015, cuando Proacol y PROINGECOL S.A.S. llegaron a Girardot con la intención de desarrollar un enorme Pit minero en uno de los meandros del río Magdalena, muy cerca de la conjunción de los departamentos de Cundinamarca y Tolima. Las empresas han planteado que generarán empleo, pero eso no va más allá de la contratación de un par de operarios de máquinas. Las comunidades se han opuesto por la inminente destrucción ambiental del río Magdalena y por las consecuencias negativas de esta explotación para la pesca, de la que dependen cientos de familias en la zona.
Para escuchar a las poblaciones aledañas al proyecto, la CAR realizó una audiencia pública el 3 de diciembre de 2015. En ese encuentro se presentaron 75 ponencias, de las cuales 68 expresaron la oposición de la comunidad y la academia. Después, la comunidad recolectó 6.729 firmas para oponerse a la autorización de la licencia. Como temían los habitantes de la zona, la licencia para desarrollar minería en el río finalmente fue aprobada.
Julián Huertas Fernández, concejal de Girardot, administrador del medio ambiente y profesor de las universidades Cundinamarca y Minuto de Dios, dijo que desde 2015 hay una movilización social pacífica, en defensa del medio ambiente, los territorios y la vida que está siendo ignorada.
De hecho, pescadores, campesinos y habitantes ribereños de Girardot y Coello protestaron pacíficamente con la esperanza de ser escuchados y lograr así frenar la operación minera, la primera en darse en esta parte del río Magdalena.
En el río Magdalena, la actividad minera se desarrollará alterando el cauce del afluente. Como explicó el profesor Huertas, el método de minería a cielo abierto genera enormes impactos ambientales en el territorio donde se desarrolla, como daños a la superficie de la tierra y alteración o destrucción de la forma de la corteza terrestre, formando grandes cantidades de material de desecho, que alteran la morfología local. Esta problemática ya es evidente en Ricaurte, Cundinamarca.
La adjudicación de la licencia va en contravía de esas peticiones de la comunidad. “Si no hay peces, no hay dinero para el sustento de la familia”, señaló Jhon Fredy Arias, un pescador girardoteño preocupado por el impacto de la minería. Los pescadores denuncian que, en lo que va del 2020, su actividad ha caído en 60%, afectando seriamente los ingresos de los hogares locales.
Otro de los impactos de esta actividad extractiva será la afectación de las únicas playas del río Magdalena que son utilizadas con fines turísticos y recreativos por los pobladores de la zona. Así, además del río, también se explotarán las playas a las que acude la población cada fin de semana.
“Girardot cuenta con un gran valor histórico y ambiental, hace algunas décadas era la ciudad más importante del centro del país por su posición estratégica dentro del transporte comercial colombiano. Además de que alberga una gran variedad de especies de aves y peces, siendo un hábitat bio-diverso de gran importancia ambiental. El movimiento quiere que Colombia y el mundo disfruten de un río Magdalena limpio e insignia de la protección ambiental pacífica”, comentó Julián Huertas.
El gobernador de Cundinamarca, Nicolás García, se comprometió a revisar el proceso de adjudicación de la licencia para verificar el cumplimiento de los requisitos. “Le hemos pedido a la CAR que nos dé los detalles de esos permisos”, dijo el gobernador, quien anunció que, una vez verificado el proceso, se abrirán las investigaciones pertinentes.
Por su parte, el director regional de la CAR para el Alto Magdalena, Juan Carlos Escobar, explicó que “al extraer más de la cantidad de arena que deposita el río, se producen procesos de filtración”, que afectan el cauce normal del afluente. Mientras se investigan las irregularidades que rodean esta licencia, las comunidades de Girardot y Coello continúan alzando su voz para denunciar la amenaza que enfrenta el río Magdalena.
