Así lo confirmaron la Defensoría del Pueblo y Acnur. 466 personas permanecen refugiadas en la cabecera municipal de Santa Genoveva de Docordó, Chocó, por los constantes enfrentamientos entre grupos ilegales y la Fuerza Pública y la presencia del ELN. Sin embargo, hay más desplazamientos en el departamento.

Este viernes está previsto un consejo de justicia transicional para evaluar alternativas encaminadas al restablecimiento de derechos, comenzando por el retorno de los desarraigados.

La Defensoría, en días anteriores, había reportado el desplazamiento de 130 familias debido al impacto reciente del conflicto armado en esa región del país, donde confluyen actores ilegales como el ELN y el denominado Clan Úsuga (allí conocido como Autodefensas Gaitanistas), y donde la Fuerza Pública desplegó en días pasados una fuerte ofensiva para desmantelar los campamentos de la guerrilla en el territorio.

La comisión bilateral, que estuvo presente en sectores como Las Delicias, Munguidó, Pangalita, Barrios Unidos, Estrella, Santa María Pangala, Unión Waimia, Nuevo Haití, Las Brisas, Las Peñitas, Bella Victoria y Pichima Quebrada, constató que fueron 3.058 las personas desplazadas debido al temor generado por la confrontación, equivalentes a 725 familias de estas 12 comunidades.

Los funcionarios de la Defensoría y Acnur también evidenciaron el confinamiento de otros 1.133 habitantes, pertenecientes a 216 familias de 6 asentamientos identificados como Duracdurk, Chagpien Medio, Chagpien Tordo, La Loma, Pichima y Togoromá Quebrada.

Aunque la mayor parte de los pobladores inicialmente desplazados ha retornado sin acompañamiento ni asistencia del Estado, 466 de ellos permanecen refugiados en la cabecera municipal de Docordó.

Finalemente, el Ministerio Público recomendó verificar el proceso de declaración y registro en las comunidades Las Brisas y Bella Victoria (ya que aún estaría en curso), suministrar alimentos con enfoque diferencial ante las restricciones de movilidad para actividades de caza y cultivo, disponer brigadas de salud para atender las afecciones físicas y emocionales por el conflicto, gestionar la entrega eficiente de combustibles para garantizar el fluido eléctrico en la zona, implementar medidas para la identificación de bienes civiles a la luz del Derecho Internacional Humanitario, así como mejorar las condiciones de acceso al agua y alojamiento en el refugio temporal de Docordó.