Como última carta para evitar la venta de la parte que le corresponde al Estado en Isagen, un grupo de congresistas instauró una acción popular con el fin de frenar el traspaso de las acciones de la generadora de energía.
Desde que fuera vendida Isagen en una particular subasta de un solo oferente, las voces contrarias a esta transacción han ido en aumento. Como parte de esta reacción a esa operación comercial, un grupo de senadores instauró una acción popular para que la venta se reverse.
La acción judicial se radicó ante el Tribunal Superior de Cundinamarca y fue interpuesta por Antonio Navarro de la Alianza Verde, Jorge Enrique Robledo del Polo Democrático Alternativo, Viviane Morales del Partido Liberal, Sofía Gaviria también del Partido Liberal y Ernesto Macías del Centro Democrático.
Esta sumatoria de fuerzas políticas busca impedir que Brookfield, le empresa canadiense que compró el 56.7% de las acciones de la generadora energética pueda hacer el traspaso monetario de 6.4 billones de pesos, que fue lo ofertado en la subasta.
El mecanismo para lograrlo se basa en el reglamento de enajenación de bienes públicos establecido por el Ministerio de Hacienda. En él, de acuerdo a la acción interpuesta, no está expreso que las subastas de un solo oferente puedan llevarse a cabo, a pesar de que esa opción no está en el cuerpo del reglamento. Con esto se configuraría la figura de mico.
Además, señala que el Ministerio de Hacienda invocó el Decreto 1082 de 2015 del régimen de contratación estatal, así este no fuera aplicable porque entra en contradicción con la Ley 226 de 1995.
En otras palabras, el hecho de que exista uno única oferta no significa que haya un único oferente ya que es posible que se presenten otras tantas ofertas con lo cual el mecanismo de subasta de un solo proponente no debería ser el que tenga prelación. Esto indicaría que la preferencia por esa manera de venta estaría dada por una ventaja hacia Brookfield.
El fin de esta acción es que el Tribunal dicte una medida cautelar de urgencia para detener el desembolso de la empresa canadiense y pueda detenerse la venta de Isagen. A esto se suma el hecho de que existen varias acciones de tutela interpuestas en diferentes instancias que deben resolverse antes de que se concrete la venta de la tercera generadora de energía del país.
