Menores de edad están siendo utilizados en el departamento del Quindío como “carritos”, es decir son mensajeros para llevar y traer dinero, estupefacientes y panfletos amenazantes. Los municipios más afectados por esta práctica son Quimbaya, Circasia y Calarcá.
La Defensoría del Pueblo catalogó esta acción como una grave violación a los derechos humanos. La práctica sería auspiciada por estructuras delincuenciales que ejercen presencia en el Norte del Valle.
El Sistema de Alertas Tempranas (SAT) de la Defensoría señaló que desde el 2013 se han detectado que estas organizaciones criminales que operan en Alcalá, Cartago, Buga y Tuluá se han expandido en el Eje Cafetero.
El diagnóstico hecho por SAT arroja que las estructuras trabajan con el microtráfico, en las que “inducen a estudiantes al consumo de sustancias psicoactivas para generar dependencia y asimismo una lealtad obligada con los delincuentes que los manipulan”.
Por otro lado, el siete por ciento de las muertes violentas en el departamento del Quindío afectan a la población femenina; el ocho por ciento a menores de edad y un el 34 por ciento a personas adultas que oscilan entre los 18 y los 27 años.
Otro factor que ha hecho que Quindío este en la mira de la Defensoría es la sobrepoblación de las Unidades de Redacción Inmediata en Armenia y Calarcá, en donde la instalación permite albergar alrededor de 70 detenidos, pero en la realidad 170 personas más, para un hacimiento del 143 por ciento.
La entidad instó al Inpec para encontrar la salida a la operación del reglamento. Asimismo el paro de la rama judicial “ha contribuido a congestionar los centros de detención transitoria en detrimento de los derechos humanos” señaló la Defensoría.
