Luego de una reunión extraordinaria entre la Ministra de Justicia, Ruth Stella Correa; el Mayor General Gustavo Adolfo Ricaurte, director del Inpec; además de la Unidad de servicios Penitenciarios y Carcelarios, y con el acompañamiento de la Policía y el Ejército Nacional, se dispuso de recursos por el orden de los 220.000 millones de pesos para adelantar obras de mantenimiento y construcción a partir de este momento.
El Inpec dará inicio de manera inmediata la reclasificación de internos en los centros de reclusión de alta, mediana y mínima seguridad. Está medida pretende hacer traslados de las cárceles más sobrepobladas a otras con capacidad para recibirlos.
La Ministra remarcó el buen accionar de la Policía para ayudar con el traslado de los internos: “quiero destacar la colaboración de la Policía Nacional que ha ofrecido hacer el traslados de internos de unos establecimientos a otros, en tanto el traslado tenga como causa la redistribución de internos en los diferentes cupos que puede haber en todo el país”.
Además del traslado de internos con ocasión de la emergencia, la Policía Nacional ofreció sus comandos para superar las emergencias que se están presentando en la Unidades de Reacción Inmediata: “esta solución es de manera temporal”, indicó la jefa de la cartera. También anunció que miembros de la Policía reforzarán los anillos de seguridad al exterior de las cárceles.
Así mismo fueron puestos a disposición del Ministerio de Justicia diez batallones de ingenieros a efectos de iniciar la próxima semana las obras para la construcción de 10.000 nuevos cupos que serán entregados de manera paulatina antes de que termine el año. “Estos cupos estarán, entre otras, en las colonias penitenciarias de Acacías, Tierralta, Yopal y muy seguramente en la provincia de García Rovira (Santander), donde los alcaldes ofrecieron un lote para la construcción de una nueva colonia”, explicó la Ministra. Y agregó que el Inpec procederá con la adecuación de 1.000 cupos existentes en las cárceles: “no se trata de nuevas obras de infraestructura sino de la habilitación de espacios mediante traslados a cárceles municipales y distritales”.
En el centro penitenciario ubicado en el municipio de Guaduas, se entregarán en ocho semanas 2.000 nuevos cupos, tras la culminación de las obras que estaban pendientes y que terminarán en la mitad del tiempo inicialmente estimulado. Otros 400 cupos serán habilitados en el centro de reclusión de Ibagué. “Tendremos en menos de dos meses 2.400 nuevos cupos para poder hacer la redistribución de internos que empezará dándole prioridad a los centros más congestionados”.
También anunció que conforme a los convenios celebrados por el director del Inpec en las cárceles municipales y departamentales se habilitarán mil cupos más para mitigar esta crisis penitenciaria.
La Ministra de Justicia también se refirió a uno de los problemas más graves que padecen las cárceles del país, la Salud y sanidad de la población reclusa. Anunció que actualmente están en proceso de ejecución 37 contratos por parte de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios para la intervención de Unidades de Sanidad en los centros de reclusión. A su vez se amplió el presupuesto a 25.000 millones de pesos para intervenir otras unidades de sanidad en los centros de reclusión.
Durante la próxima semana tendrán lugar brigadas de salud permanentes para la población reclusa, con el acompañamiento de las secretarías de salud departamentales, con intervenciones hasta de segundo nivel o más en caso de que se requieran. “Estas son medidas reales y claras que buscan soluciones inmediatas o a muy corto plazo porque al mes de diciembre de este año podremos decir que reducimos los índices de sobre población a la mitad. Se intervendrán la mayoría de los centros de reclusión para que las necesidades básicas de los internos estén plenamente satisfechas; intervenciones relacionadas con redes hidráulicas, baterías sanitarias, electricidad, vertimientos de agua, unidades de sanidad”.
Dentro de las medidas en término judiciales, Ruth Stella Correa anunció que tras el nombramiento de 17 jueces de ejecución de penas–, que ya están operando en todo el país– el Consejo Superior de la Judicatura confirmó la creación de 11 más para los próximos días, con el fin de resolver con prontitud las peticiones de libertad.
La Ministra hizo un llamado al Congreso de la República para agilizar el trámite del Código Penitenciario y Carcelario, invitando a los representantes a la Cámara a participar en el debate, con el fin de apoyar la iniciativa del Gobierno.
