Misión de Observación Electoral no estará en elecciones de la Guajira

En un comunicado publicado en su portal web, la MOE anunció a la opinión pública que por falta de garantías, no participará en el proceso de elecciones atípicas que tendrá que llevar a cabo el departamento de La Guajira para elegir, nuevamente, su gobernador.

Cuando el Consejo de Estado declaró nula la elección de Oneida Pinto, los guajiros quedaron nuevamente con el importante cargo vacante. Desde ese momento comenzaron las pujas políticas y las estrategias para determinar quién llegaría a ocupar el cargo por lo que resta del periodo 2016 – 2019.

Sin embargo, la situación no es tan sencilla como se podría pensar. La Misión de Observación Electoral ha denunciado que el nivel de polarización y de amenazas entre las campañas no genera las suficientes garantías de transparencia y seguridad para efectuar este ejercicio de control ciudadano durante la jornada electoral de este domingo en el departamento.

La directora del organismo, Alejandra barrios ha denunciado en medios de comunicación que en materia de riesgos indicativos de fraude electoral, la campaña en La Guajira se está haciendo en un contexto de una desconfianza absoluta entre las dos campañas electorales y esta desconfianza está enmarcada en acusaciones sobre compra de votos y trashumancia electoral.

Barrios advierte que la situación en materia de delitos electorales es grave, pues existen acusaciones entre las diferentes campañas de manipulación de la elección de estos, pues advierten que estos escaños los terminaron ocupando familiares de un determinado candidato.

El Registrador Nacional, Juan Carlos Galindo, aseveró que no se suspenderá el sufragio pues la entidad tiene todo dispuesto en el departamento. Él mismo, dice, participará en el proceso de veeduría encargándose de la inspección y control de las actividades electorales.

Finalmente la MOE ha advertido que aunque no se desplegará la logística física al departamento, se mantendrán abiertos sus canales de información, en los que la ciudadanía podrá reportar presuntas irregularidades o anomalías electorales.