Por medio de una misiva la delegación de las Farc aclara que no le teme abordar el tema de la justicia y señala que en el punto cinco de la agenda (víctimas), han avanzado en el borrador respecto a la verdad, paralelo a esto han tocado aspectos como el cese al fuego bilateral y dejación de armas.
“Frente a estas circunstancias debemos decir que ninguna excusa hay para que no se concreten medidas urgentes de reparación que apunten a responder a las exigencias de las víctimas”, señala el comunicado.
También advierten que no hay razón para retrasar el acuerdo sobre la Comisión de Esclarecimiento y Verdad. Asimismo, afirman que desde mucho tiempo atrás han venido expresando “ideas” para asumir la justicia de manera transparente y oportuna.
Finalmente, manifestaron su desconfianza al sistema judicial y a las “promesas sin garantías” de las instituciones competentes. “No hemos venido a La Habana a someternos. Lo mínimo para alcanzar la reconciliación es que se proceda con los cambios estructurales que acaben con la miseria, la desigualdad y la falta de democracia”, reza el comunicado.
La delegación de las Farc reitera que “ningún marco jurídico unilateral es reconocido por la insurgencia y mucho menos concepciones de justicia transicional que de él se deriven; en La Habana no se van a intercambiar impunidades porque no es comparable el terrorismo de Estado”.
Aquí el comunicado completo
Existe una corriente de opinión en el país que pretende institucionalizar la visión de que la demora en alcanzar acuerdos en el punto Víctimas de la Mesa de Conversaciones se origina en un pretendido temor de las FARC-EP a abordar el tema de justicia. Al respecto es pertinente una aclaración pues no hay nada más equivocado: El punto 5 de la Agenda de La Habana contiene dos numerales: Derechos Humanos y Verdad. En este año de discusión hemos logrado avanzar en borradores respecto al aparte Verdad, discusión compleja que hemos abordado paralelamente con la de aspectos del punto 3 “Fin del Conflicto” como lo son los de cese al fuego bilateral y dejación de armas.
Cuestión muy distinta es que ante la insistencia gubernamental en atravesar en el proceso temas de su interés particular, como lo son las iniciativas de justicia transicional, cuya solución en nada debería retrasar la búsqueda de salidas a las necesidades de las víctimas, las FARC-EP hayamos dado oportuna respuesta, como quiera que no nos cerramos a la discusión de propuestas que pudiesen aportar al fin del conflicto. Por ello hemos presentado iniciativas que están en marcha para beneficiar el proceso, como las medidas de desescalamiento del conflicto, y el saboteado cese unilateral de fuegos, en procura del armisticio que alivie a la población inerme de los dolores de la guerra.
Nuestra prioridad, eso sí, ha sido llevar a la Mesa las propuestas que plantearon las víctimas del conflicto. Nuestras iniciativas están en manos del gobierno, sin que luego de un año de debates se haya dado desde las instituciones alguna respuesta que satisfaga a las víctimas, salvo el decreto 0303 de 2015 referido a desapariciones forzadas.
Frente a estas circunstancias debemos decir que ninguna excusa hay para que no se concreten medidas urgentes de reparación que apunten a responder a las exigencias de las víctimas; ninguna justificación hay para retrasar un acuerdo sobre Comisión de Esclarecimiento y Verdad, así como ningún argumento racional se puede esgrimir para escalar la guerra en momentos en que hablamos de paz. Y si de lo que se trata es de abordar el tema de justicia, de manera transparente y oportuna desde hace rato venimos expresando ideas precisas para asumir el asunto.
Creemos que un proceso de paz no es un proceso de sometimiento ni rendición, también creemos que no puede convertirse en un proceso judicial o de debut de un concepto de justicia punitivista en la que el Estado pueda actuar como juez y parte. En este orden de ideas reiteramos que ningún marco jurídico unilateral es reconocido por la insurgencia y mucho menos concepciones de justicia transicional que de él se deriven; en La Habana no se van a intercambiar impunidades porque no es comparable el terrorismo de Estado al ejercicio del derecho a la rebelión; ningún guerrillero está dispuesto a pagar cárcel por haber ejercido dicho derecho; además, si a algo se debe referir el concepto justicia, es al establecimiento de la justicia social, reparadora, prospectiva, por lo cual sería impensable la paz si no se comienzan a desmantelar la doctrina de la seguridad nacional, la teoría del enemigo interno y el paramilitarismo. Y finalmente, que es el Estado, el máximo responsable de la guerra y sus victimizaciones.
Nunca daremos un voto de confianza al sistema judicial colombiano ni a simples promesas sin garantías de sus instituciones corruptas, porque no hemos venido a La Habana a someternos. Lo mínimo para alcanzar la reconciliación es que se proceda con los cambios estructurales que acaben con la miseria, la desigualdad y la falta de democracia.
