El movimiento Fuerza de Mujeres wayuu habló de “falsos positivos” judiciales, la desprotección del Estado, la violación de derechos por las empresas mineras y sobre los pueblos indígenas de la frontera y sus perspectivas frente a las elecciones en Venezuela.
Jackeline Romero Epiayu, defensora de Derechos Humanos en la Guajira, hace parte del Movimiento Fuerza de mujeres Wayuu. Durante años ha soportado la violencia y las afectaciones que ha traído la minería a su pueblo. Hoy, además de desafiar las instituciones tradicionales wayuu, ha puesto en la escena internacional la problemática de la Guajira.
En los últimos meses se han incrementado los actos relacionados con el conflicto en la Guajira ¿cómo ha afectado esa escalada a los wayuu?
Pasa lo que viene ocurriendo en todo el país. Los pueblos indígenas estamos en el medio del fuego cruzado entre grupos paramilitares, guerrillas y las fuerzas del Estado.
En nuestros territorios los ‘paras’ siguen operando, incluso, peor que antes. Hoy vemos que lo que hizo el Estado con la desmovilización, por lo menos en la Guajira, fue una estrategia de rearme. Ahora, ya no los llaman paramilitares, sino ‘Bacrim’. Ahí, vemos una legitimación.
Las Farc y el Eln han estado históricamente en la Guajira. El hecho de que estemos entre la Serranía del Perijá y la Sierra Nevada de Santa Marta, hace que este sea un corredor de movilidad para ellos. Estamos en la frontera con Venezuela y eso hace que nuestros territorios sean apetecibles para los grupos armados.
Hoy, sigue la confrontación entre ellos y el Ejército también participa. Estamos en un escenario que poco a poco va siendo más trágico. Los wayuu están siendo relacionados con grupos ilegales y nuestras luchas sociales estigmatizadas.
¿Cómo se dan esos procesos de vinculación y estigmatización en la Guajira?
Para nadie es un secreto que en nuestros territorios los recursos naturales han sido un botín para el Estado, las empresas y los grupos ilegales. Eso es un factor determinante para la escalada de la guerra y las infracciones al DIH en la Guajira.
Lo que más nos preocupa es que hay una clara intención del Estado, las multinacionales y las FFMM para estigmatizar a las comunidades que perdieron sus territorios ancestrales y hoy viven en el borde de la carrilera del Cerrejón. Como se han opuesto a la minería en el territorio, han sido vinculados en discursos y pronunciamientos con grupos ilegales.
Hay toda una estrategia para vincularnos con las guerrillas a través de, lo que ellos llaman, “hechos aislados”. Pero ahora, como si fuera poco, también nos vinculan a las ‘bacrim’.
¿De qué forma se les ha asociado con las bandas criminales?
El 27 de septiembre fueron allanadas 4 comunidades en jurisdicción de Manaure. Catorce personas fueron detenidas, entre ellas 3 mujeres que tenían niños de brazos. Se les acusó de ser parte de ‘Los Urabeños’ y de fabricar, vender y portar armas. Siete personas fueron liberadas pues se declararon ilegales las capturas en la audiencia de legalización. Quedan dos de las mujeres.
La Fuerza pública quiere mandar el mensaje a la sociedad de que los wayuu son los protagonistas de todos los hechos delincuenciales que se dan en la Guajira. Pero, para nadie es un secreto que ellos, por cumplirle en seguridad a la locomotora minera, están presentando todo lo que pueda ser un positivo. No hay que olvidar que todo el territorio nacional está concesionado.
Y, lo más preocupante, es que detrás de esa campaña está el Procurador Regional Delegado, Iván Fuentes. Estuvo en las audiencias contra estos Wayuu y sostuvo que la criminalidad en la guajira obedece a nuestro pueblo, no a individuos. Y la pregunta es, por qué no hacen nada contra los grupos ilegales y contra nosotros montan todo este alboroto. Yo le tengo la respuesta, es mucho más fácil presentarnos como enemigos del Estado que garantizar el buen vivir de los guajiros.
Las empresas y el Estado son una misma cosa. El Cerrejón quiere desviar el río Ranchería. Ellos dicen que no, que el proyecto no está en curso. Sin embargo, ya están haciendo consultas en las rancherías con el aval del Ministerio del Interior. Viene la MPX, ahora CCX, con otro proyecto de megaminería y nadie ha hecho control sobre las fuentes hídricas y las afectaciones ambientales. Nuestra conclusión es que la estigmatización está dirigida contra los que nos oponemos a la “aplanadora” minera.
Ustedes son un pueblo binacional, ¿Cómo ve a los wayuu que viven en Venezuela frente al proceso electoral que se avecina?
En la zona de frontera, desde nuestra visión, el pueblo wayuu que vive en Colombia tiene más garantías, por lo menos sobre el papel o en las leyes, así no se den en la práctica. Nuestros compañeros que viven en la frontera carecen de territorio, los procesos sociales son débiles y, lo que nos preocupa, es que no están asociados por términos identitarios propios de nuestra cultura, sino con la Revolución bolivariana.
Eso trae varios problemas porque, igual que pasa acá, desde el Estado se aplica la lógica de “si no estás conmigo, estás contra mí”. De esa manera, algunas organizaciones wayuu de Venezuela han generado identidades a partir del proceso chavista y otras, han sido estigmatizadas por reivindicar procesos internos de nuestra cultura.
Al movimiento indígena venezolano, en general, es muy difícil ubicarlo en un lugar del espectro político. La realidad es que tanto la derecha como la izquierda no representan a los pueblos indígenas, sus modelos no corresponden con la forma como vemos el mundo, especialmente el territorio.
