Guillermo Alfonso Jaramillo fue secretario de gobierno de Bogotá hasta la semana pasada cuando renunció al segundo cargo más importante de la administración distrital para abanderar la campaña por el No a la revocatoria del alcalde Petro. Una decisión que defiende de la misma manera que lo hace con el programa de gobierno de Gustavo Petro.
Guillermo Alfonso Jaramillo mantiene apurado y ocupado en la sede de la campaña del No, una vieja casa estilo inglés ubicada en la calle 44 con carrera 15. Entre contestar las incesantes llamadas a su celular, confirmar su agenda y atender a los cientos de personas que se acercan a diario a la casa en la que se diseña y maneja la estrategia de campaña que busca refrendar el mandato del alcalde Petro, Jaramillo hace los cálculos que le permiten tomar las decisiones que se traducirán en votos a favor o en contra de la administración petrista.
Este médico cirujano, que hasta hace una semana era el secretario de gobierno de la ciudad y que vive en Bogotá con sus padres mientras su esposa aún reside en Ibagué, habló con Confidencial Colombia sobre la campaña del No y su eventual futuro político.
¿Por qué la decisión de abanderar la campaña del No?
Por una sencilla y clara razón, y es que si se llega a revocar al señor alcalde como quieren los contradictores, se terminaría esta administración, no habría ya nada más que hacer.
Además es muy difícil, desde la misma administración, poder direccionar una campaña como esta. Cuando uno mira otras campañas, una reciente muy importante que fue la alcaldesa de Lima a quien también querían revocar, en esa oportunidad también hubo jefe de campaña. Además, si el alcalde realizara este tipo de actividades de campaña podría considerarse, en un momento dado, como intervención en política. También tiene que ver con el hecho de que el alcalde tiene que seguir administrando.
Entonces nos corresponde a nosotros, a todo el equipo que estamos en el comité por el NO, trabajar arduamente para que el alcalde no tenga que gastar de su tiempo y de su esfuerzo en la actividad política. Tenemos que lograr que él pueda estar dedicado a su trabajo, la mayor parte del tiempo, y que podamos lograr convertirnos en la vanguardia de él en lo político en la plaza pública y en las calles de la ciudad.
¿Cuántas personas conforman el equipo que lidera la campaña del No?
Nosotros tenemos un comité que oficialmente, ante la Registraduría, está conformado por cinco personas. El senador Luis Carlos Avellaneda que es una persona muy importante, es uno de los presidentes de la Alianza Verde; la doctora Gloria Florez, parlamentaria andina; está Teresa Muñoz que fue secretaria de integración social; está José Cuesta que también fue funcionario y miembro directivo del Idepac y está la joven dirigente María Fernanda Carrascal.
Al mismo tiempo hay un comité amplio de fuerzas que viene trabajando por la ciudad. Es un comité que está compuesto por más de doscientas personas de diferentes colectividades sociales, culturales, poblacionales. Hay nuevas ciudadanías, jóvenes afrocolombianos, indígenas, Lgbti, población Rom, entre otros. En otras palabras, todas las expresiones y manifestaciones sociales y políticas que hay acá en Bogotá.
¿Qué acciones vienen de acá al seis de abril, día anunciado para realizar el referendo?
Acá se le ha puesto un palo a la rueda de la revocatoria. Es una revocatoria que en todo su proceso ha sido bastante irregular, para no decir palabras más fuertes, palabras que indicarían que se podría estar rozando la ilegalidad.
La revocatoria tiene un origen perverso. Cuando ni siquiera se podía mostrar si se estaba cumpliendo o no el programa de gobierno, ya venía el interés de la misma. Aprovechando algunas situaciones que la gente no ha percibido bien, porque no hemos tenido la posibilidad de tener una buena comunicación, se colectan unas firmas que nosotros examinamos detenidamente.
Nuestra pelea por el asunto de las firmas es porque nosotros después de un estudio exhaustivo con peritos, encontramos válidas solo 170 mil firmas. La Registraduría cambia la forma de conceptuar y convalidarlas; un cambio brusco que no se ajusta a la ley. Un cambio que convalida el doble de las firmas que nosotros habíamos considerado como válidas.
Ahí comienza un proceso con el que no estamos de acuerdo. El alcalde en junio en Kennedy en un concejo de seguridad humana, hace el anuncio de que vamos a la revocatoria. Que no va a interponer ningún recurso, pero en ese momento salió una tutela, de los espontáneos que siempre aparecen aquí, y así es que se frena todo el proceso.
La Registraduría convalida las firmas el 17 de diciembre, no interponemos recursos y el 3 de enero se llama a elecciones para la revocatoria y se pone una fecha de acuerdo a la ley; esa fecha es el 2 de marzo. Porque si fuera el 3 de marzo ya se estaría incumpliendo con la ley estatutaria, la 134 de 1994 que es clara en decir que una vez se promulga la resolución de revocatoria dentro de los dos meses siguientes se tiene que adelantar la elección.
Nos preparamos para eso, estamos en la recta final, y faltando dos semanas nos dicen que ya no hay elecciones. Que se van a aplazar el 6 de abril. Por eso se presentó una tutela por parte de gente espontánea. Por nuestra parte vamos a presentar una denuncia penal contra la Registraduría Distrital y Nacional por los delitos de prevaricato por acción y omisión y por fraude en resolución judicial, con el fin de que se entienda que no pueden estar cambiando una resolución, en una clara violación de la ley.
Hay otro elemento y es que con esa nueva fecha tarde o temprano la votación resultante va a considerarse invalida porque es una jornada electoral que viola la ley.
¿Qué piensan hacer además de presentar los recursos legales pertinentes?
Nos toca replantear todo y tendremos que tomar una decisión. Mi concepto personal es que ante un acto ilegal, ante una fecha ilegal y ante una elección que también es inválida nosotros no deberíamos participar en esta pantomima que el gobierno ha concertado. Y digo el gobierno porque acá todo estaba arreglado.
Cuando todo estaba listo para la jornada electoral del 2 de marzo, al ver las encuestas que favorecen al señor alcalde, un poder político que no puede ser otro sino el gobierno nacional y que nosotros consideramos pueden ser fuerzas como la Vargas Lleras, entre otras, que no querían de ninguna manera se diera esta votación, presionan las actuaciones de la Registraduría.
¿Qué razones habría para no permitir la jornada electoral el 2 de marzo?
Yo creo que lo que se buscaba es que no se ratificara, como el pueblo quiere ratificarlo, el derecho que tiene el señor alcalde de terminar su periodo. Además, evitar que se pudieran fortalecer las listas de las personas que están acompañando el No. Ante una situación como esta es que aplazan la votación un mes largo.
También hay que considerar que con este alargue pueden darle un compás de espera al Consejo de Estado para lograr a través de él lo que no habrían podido lograr en la urnas . Ahí está el grave problema. Esta revocatoria ha estado viciada de problemas e ilegalidades y termina en un acto violatorio de la ley con una nueva resolución de cambio de fecha.
Por eso es pertinente plantear el no participar de esa jornada para no legitimizar un acto ilegal como es el de la nueva fecha. Está pensado y se está debatiendo la posibilidad de hacer un gran acto de masas el 2 de marzo y hacer una votación simbólica con la comunidad.
En ese orden de ideas, con elecciones viciadas y sin participar de las elecciones el 6 de abril y con un fallo del Consejo de estado que podría ser adverso ¿qué opciones le quedan al alcalde?
En primer lugar, la decisión de aplazar la fecha de la revocatoria, además de evitar una influencia en las elecciones del 9 de marzo también busca evitar una refrendación pública de su mandato. En segundo lugar también busca darle tiempo al Consejo de Estado para que decida sobre las tutelas. En el Consejo de Estado hay amigos personales del Procurador, hay personas que llegaron a esos cargos gracias a su influencia, a eso juegan.
Mejor dicho, además de las tutelas admitidas en el Consejo Superior de la Judicatura están las posibles medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a favor del alcalde como sus únicas salvaguardias políticas.
Supongamos que el alcalde se queda en su cargo, ¿cuál es su futuro político?
Yo le había propuesto al alcalde que conformáramos la Secretaría de Seguridad. Creo que este año tiene que ser un año en donde se aplique un trabajo concienzudo en materia de seguridad, pero una seguridad dentro de la concepción de las Naciones Unidas y dentro de la concepción de la Bogotá Humana: La seguridad humana.
De esa manera podemos trabajar en unas zonas que tenemos claramente identificadas, que son 17 upz y al mismo tiempo 76 barrios en los que podemos, con el apoyo de la comunidad, incidir para el mejoramiento de las oportunidades de las personas de esas zonas. Especialmente para los jóvenes que son los más vulnerables en cuanto a violencia urbana se refiere. Esa sería una muy buena posibilidad en la que me gustaría seguir trabajando con el señor alcalde, pero como usted entiende él es el que manda.
Ahora le repito la pregunta pero con el escenario opuesto: Petro se va
Nosotros los servidores públicos estamos acostumbrados a estar en la calle. Nosotros no tenemos problema por eso. Yo soy cirujano cardiaco pediátrico y muy seguramente iré a buscar trabajo en alguna parte. Puede ser en Ibagué, allá me ofrecieron organizar el departamento de cirugía cardiaco pedriática de un hospital. Hace dos años ya tenía un contrato para empezar, el 2 de enero del 2012, a ejercer ese cargo pero termine, ese mismo día, acá en Bogotá como Secretario de Salud. Eso me cambió todo el rumbo.
