Después de ser ratificado en la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia, el exministro de la Presidencia, Néstor Humberto Martínez, se posesionó este lunes como Fiscal General de la Nación. Martínez Neira firmó el acta de posesión en el cargo, junto al presidente de la República, Juan Manuel Santos: “Pase usted a la historia como el Fiscal de la lucha contra corrupción”.
La corrupción es el enemigo #1. Con nuevo Fiscal General trabajemos para combatir a los que roban el erario público. pic.twitter.com/C3geY3kFw0
— Juan Manuel Santos (@JuanManSantos) 1 de agosto de 2016
Después de leer el juramento, el Jefe de Estado firmó el acta de posesión con la que oficializa a Néstor Humberto Martínez, como Fiscal General de la Nacional. Martínez Neira, fue elegido el pasado 11 de julio con 17 votos, convirtiéndose en el octavo jefe del ente investigador en propiedad. Así, este lunes reemplaza a Eduardo Montealegre Lynnet, quien finalizó su periodo como Fiscal General, el pasado 25 de marzo.
Intervención del presidente Santos
“Desde la vigencia de nuestra actual Constitución –que acaba de celebrar sus primeros 25 años–, una de las posiciones más importantes y con una misión de mayor impacto en la sociedad es la de Fiscal General de la Nación.
Del Fiscal depende nada menos que la ejecución de la política criminal del país, es decir, que haya la mayor eficiencia y eficacia en la investigación del delito y la persecución de los delincuentes, con lo que esto significa para la seguridad y la tranquilidad de todos y cada uno de los colombianos.
Por eso hoy me siento muy satisfecho al poder posesionar como cabeza de la Fiscalía General de la Nación a una persona que –como Néstor Humberto Martínez– cuenta con las mejores cualidades para desempeñar este cargo con probidad y con éxito.
El doctor Néstor Humberto fue elegido a través de un procedimiento transparente –desde la nominación de candidatos por la Presidencia hasta su elección por la Corte Suprema–, y tengo la certeza de que será un Fiscal de lujo para Colombia.
Valga resaltar la calidad de los otros miembros de la terna: el exministro Yesid Reyes y la doctora Mónica Cifuentes, dos juristas que compitieron con altura por esta dignidad. Es casi redundante hablar de la preparación y experiencia de Néstor Humberto Martínez, pues su trayectoria la conoce bien el país.
Un abogado brillante –orgulloso javeriano– que ha trasegado por la vida pública y el ejercicio de su profesión con sello de excelencia. Fue Superintendente Bancario, miembro de la Junta Directiva del Banco de la República, Ministro de Justicia y el Derecho, Ministro del Interior, Embajador en Francia y –más recientemente– Ministro de la Presidencia, una posición desde la cual me ayudó con su capacidad de trabajo y su consejo siempre oportuno en la difícil y apasionante tarea de gobernar.
Ahora, apreciado Néstor Humberto, llega usted a una entidad desde la cual puede seguir sirviendo a Colombia, y en grado sumo. Le esperan muchos desafíos, y estoy seguro de que saldrá airoso de ellos, y que podremos colaborar armónicamente –como corresponde– la rama Ejecutiva y la Judicial –en este caso la Fiscalía– para mejorar cada vez más el servicio de justicia a los ciudadanos, y afianzar la seguridad y la tranquilidad en el país.
Tenemos que consolidar una política criminal –y aquí contará con todo el apoyo del Gobierno– en la que sea racional el uso de la pena y la detención preventiva, y en la que el peso de la ley y del castigo recaiga sobre los eslabones más fuertes del crimen. Hay que avanzar para que el derecho de acceso a la justicia se haga una realidad para todos los colombianos, asegurando la respuesta pronta de la acción penal frente a los diversos delitos que cotidianamente afectan a los ciudadanos, a la gente de a pie.
No hay derecho a que todavía hoy se presenten casos en que en una denuncia por hurto –para dar un ejemplo– pasen meses, o incluso años, antes de que la víctima sea llamada al siguiente paso, que es la ampliación de su denuncia. Tenemos que recuperar la confianza de la gente en su justicia. Que se sientan acompañados, respaldados, atendidos oportunamente.
Y, sobre todo, que sientan que vale la pena denunciar porque su denuncia tiene efectos, y sirve para capturar y sancionar a los responsables. Un tercer desafío de su periodo en la Fiscalía, doctor Néstor Humberto, será articular esfuerzos con el Gobierno nacional y con los diversos actores del sistema de justicia para definir el Plan Decenal de Justicia –en cumplimiento del artículo 108 del Plan Nacional de Desarrollo–, con un enfoque dirigido a hacer efectivos los derechos humanos.
Porque la justicia –al fin y al cabo– es eso: es garantizar y proteger los derechos de los colombianos a la vida, a la integridad personal, a la libertad, a la propiedad, al buen nombre, entre otros. Tendrá usted un reto muy especial –que no ha tenido ningún otro Fiscal y que corresponde al momento tan especial por el que atraviesa nuestro país–: brindar la colaboración necesaria para coordinar la actividad que viene desarrollando la Fiscalía con la futura Justicia Especial para la Paz, en cumplimiento del Acuerdo que se logre en La Habana.
Usted lo ha dicho –y cito sus palabras–: “Ésta será la Fiscalía del posconflicto. Vamos a aclimatar los tiempos de paz, que es el propósito que hoy tiene la Nación entera”, cierro comillas. La contribución de la Fiscalía para recaudar, organizar y entregar a la justicia transicional la información y pruebas sobre los hechos ocurridos con ocasión del conflicto armado, será crucial para garantizar que NO haya impunidad sobre los delitos de mayor gravedad.
Y algo más: no solo servirá su gestión para que se investigue y juzgue a los responsables de estos delitos por parte de la Jurisdicción Especial de Paz, sino también para que los colombianos sepan que cualquier reincidente, cualquier disidente, cualquier persona que –luego del Acuerdo de Paz– persista en el delito, será perseguido, investigado, juzgado y condenado por la Justicia Ordinaria.
Y he dejado para el final un desafío –sobre cuya importancia usted es particularmente consciente– al cual tenemos que hacerle frente con la mayor decisión, si queremos que la paz se traduzca en bienestar y prosperidad para todos. Se trata de un reto que será esencial en los dos años que quedan de gobierno y en el periodo que se abrirá del posconflicto, y que será para usted –doctor Néstor Humberto– la medida de su éxito.
Me refiero a la lucha contra el flagelo de la corrupción. Esta es una prioridad del Gobierno y tendrá que ser una prioridad de la Fiscalía, de los órganos de control, y de toda la sociedad. Así lo hablamos cuando lo postulé –como lo conversé también con los otros juristas ternados–: nuestro enemigo número uno, el enemigo de los colombianos, es la corrupción.
Ahora que se nos presenta esa gran oportunidad de la paz, lo invito, señor Fiscal General, a que trabajemos de la mano para combatir a los que roban el erario público, es decir, el futuro de los más pobres y necesitados del país. Y a que recuperemos esos dineros que los corruptos roban a los ciudadanos.
Hay muchas cosas que estamos haciendo –y que podemos hacer mejor juntos– sobre las que quiero llamar la atención. En primer lugar, quiero que tenga la seguridad de que puede contar con el Gobierno nacional –y la Secretaría de Transparencia, que usted conoce tan bien– para formar un verdadero equipo, eficaz, contra la corrupción.
La Secretaría genera política pública contra la corrupción, maneja y analiza la información del Observatorio Anticorrupción, y recibe alarmas tempranas sobre posibles fraudes al erario público, y seremos mucho más exitosos si trabajamos juntos. Y tengo que ser franco: llevamos varios años ya en que no se ha logrado esta colaboración armónica –como debiera ser– por pugnas y diferencias entre las cabezas de los organismos de control que hacen parte de la Comisión Nacional de Moralización, una situación que esperamos comience a corregirse.
El Observatorio Anticorrupción –volviendo a lo que hace la Secretaría de Transparencia–, que fue creado en el año 2011, ha establecido que, desde entonces, se han presentado unas 1.800 sentencias condenatorias por delitos contra la Administración Pública, que, básicamente, son delitos de corrupción.
Pues bien, las conclusiones no son alentadoras. De los condenados por corrupción en este tiempo, prácticamente la mitad no ha pagado ni un solo día de cárcel. Una cuarta parte ha recibido el beneficio de detención domiciliaria, y otra cuarta parte sí fue a prisión, pero con un tiempo promedio que NO supera los 30 meses.
El mensaje que esto manda a la sociedad es pésimo, pues nos dice que ser corrupto paga, porque las condenas son suaves o no se cumplen tras las rejas. Y nos dice que todo el trabajo de la fuerza pública y la justicia NO se está traduciendo en sanciones reales, efectivas, que disuadan a los que piensen en robar dineros públicos.
Señor Fiscal: tenemos que revisar el sistema de beneficios por colaboración y las rebajas de penas por diversas causales, para corregir este mensaje a la sociedad. No hablo de desmontarlo, pero sí de lograr que los corruptos –como debe ser– paguen su conducta antisocial con condenas efectivas y ejemplarizantes.
Es muy importante –en la lucha contra la corrupción y contra todos los delitos– el trabajo conjunto de la Policía, en particular la DIJIN, con la Fiscalía. Fortalezca usted su entidad, señor Fiscal, que nosotros fortalecemos la DIJIN, y pongámoslas a trabar en armonía para lograr los mejores resultados.
Y una idea que le propongo respetuosamente es que se cree una Unidad Nacional Anticontrabando en la Fiscalía, pues este delito se está convirtiendo en un flagelo mayor contra la economía y contra el empleo, que debemos combatir con todos los medios. Y necesitamos respuestas, señor Fiscal, ¡urgen respuestas!, en casos emblemáticos que generan –con razón– la indignación de la ciudadanía.
Casos como los de Saludcoop, Caprecom e Interbolsa siguen estando en la palestra pública sin que sintamos que los responsables hayan respondido –como deben– frente a aquellos a quienes defraudaron. Tenemos que llegar hasta las últimas consecuencias –también– para determinar qué pasó con los recursos de los Juegos Deportivos Nacionales –concretamente en Quibdó e Ibagué–, que no se convirtieron en los escenarios deportivos que esperábamos.
Igualmente, necesitamos del firme apoyo de la Fiscalía para combatir la corrupción en las zonas más necesitadas –y por eso más robadas– del país, como La Guajira; como el Chocó y otras regiones vulnerables de nuestra región Pacífica. Las zonas más vulnerables del país han sido una prioridad para nuestro gobierno desde el primer día. Nunca antes se había invertido tanto en ellas.
En el caso específico de La Guajira, este departamento seguirá siendo una prioridad –con o sin órdenes judiciales– porque somos conscientes de que necesita de la acción urgente y permanente del Estado y de toda la sociedad. Acompáñenos, señor Fiscal –junto con el Gobernador encargado y el Secretario de Transparencia– a rescatar a La Guajira de las manos de aquellos que han tenido el atrevimiento de robarse hasta la comida de los niños.
Y le pido, además, teniendo en cuenta la gravedad de la situación, que se designe un Fiscal Especial para La Guajira. ¡Que paguen los culpables! ¡Y que sepan que al pueblo NO se le roba impunemente! Y valga resaltar que el posconflicto requiere también de una agenda de transparencia que dé tranquilidad a los colombianos sobre su debida implementación.
Desde hace un tiempo di instrucciones a la Alta Consejería para el Posconflicto y a la Secretaría de Transparencia de la Presidencia para que trabajen un Plan de Transparencia para el Posconflicto, en el cual será muy valioso el aporte de la Fiscalía. De hecho, ahora mismo, cuando se debate en La Habana el último punto de la agenda –que es el de la implementación del Acuerdo–, se están discutiendo mecanismos para garantizar la transparencia y la integridad en la etapa del posconflicto.
Por nuestra parte, desde el Gobierno, vamos a poner aún más fichas para profundizar la lucha contra la corrupción… Vamos a llevar al Congreso un proyecto de ley de protección a los reportantes de hechos de corrupción, para que los ciudadanos denuncien más, y lo hagan con tranquilidad.
Vamos a proponer otra ley –y esta es un fruto de mi participación en la Cumbre Global Anticorrupción de Londres– para crear un registro centralizado de los dueños de las compañías, que agilizará la obtención de información necesaria para luchar con eficacia contra el contrabando, la evasión y el lavado de activos.
Y estamos listos para expedir un decreto que reglamenta –de forma clara y precisa– qué se entiende por persona expuesta políticamente, incluyendo a personas que antes no se consideraban bajo esta condición. ¿Qué significa esto? Que habrá más controles por parte del sistema financiero sobre cualquier actividad sospechosa de personajes que detentan alguna clase de poder, con lo que seremos más efectivos en la lucha contra la corrupción.
Mi invitación, entonces, apreciado doctor Néstor Humberto, es clara, sencilla y categórica, por el bien de Colombia: ¡Pase usted a la historia como el Fiscal de la lucha contra la corrupción! Con eso, habrá prestado el máximo servicio a la Patria.
Apreciado Fiscal General: Son muchos –¡muchísimos!– los retos, pero tengo la certeza, porque lo conozco, de que están en manos capaces. Usted, doctor Néstor Humberto, es un hombre curtido en mil batallas que sabrá liderar una entidad tan importante como la Fiscalía, y lo hará –como corresponde– para cumplir con diligencia y eficiencia las funciones que le asigna nuestra Constitución. Ni más ni menos.
A usted –que conoce el poder desde dentro– NO se le subirá el poder a la cabeza. Y tampoco hará de su cargo una plataforma para una candidatura presidencial. Usted se dedicará a ser Fiscal –un buen Fiscal–, y eso es lo que la Patria hoy le demanda y mañana le agradecerá. ¡Buen viento y buena mar! ¡Y que tiemblen los corruptos y toda clase de delincuentes que atentan contra los colombianos!”
Apartes intervención del fiscal general Néstor Humberto Martínez
“Señor Presidente, mi gratitud por su palabras. Permítanme separarme del protocolo, queridas amigas y amigos: Claudia, mi querida familia. Siempre quise servir a la Justicia, hoy se hace realidad este sueño, gracias a Dios, a la confianza, a la generosidad y a la benevolencia, de usted señor presidente y de la honorable Corte Suprema de Justicia, que hoy me acompaña.
Con ellos tengo una deuda de gratitud imperecedera, imprescriptible; que voy a amortizar día a día con mi dedicación y con mi empeño en el ejercicio de las funciones de Fiscal General de la Nación. La vigencia de los derechos y de las libertades, depende de la existencia de una Justicia sólida y eficiente. Entre nosotros lamentablemente, la Justicia adolece de graves problemas y disfuncionalidades, que han terminado por horadar su imagen frente a los ciudadanos, esto está afectando a nuestro Estado de Derecho. O rodeamos la Justicia en Colombia, nuestro contrato social será simplemente un catálogo retórico de derechos.
El Estado tiene que asegurar que la ‘industria del delito’ no sea rentable, y ello no se logra cuando los delincuentes de todos los pelambres, se desenvuelven a sus anchas porque saben con la profunda convicción, a ciencia cierta, que la probabilidad de castigo es prácticamente remota.
Las estadísticas del año anterior, indican que nuestro sistema penal produce al año 51 mil sentencias condenatorias. Esto equivale a apenas, al 6% de la denuncias efectivas que se registraron en la Fiscalía. La situación es más grave si se tiene en cuenta, que por la degradación del sistema y los problemas de acceso a la Justicia, los ciudadanos no cumplen con su debe de denunciar.
La encuesta de convivencia y seguridad hecha por el DANE, del año 2015, estableció que la criminalidad oculta en Colombia asciende al 76%. Es decir, de cada 100 delitos, los colombianos solo denunciamos 24. Los colombianos encontrarán una Fiscalía que trabajará en ecuanimidad, el compromiso con la justicia será total.
Procede someter la Fiscalía a reingeniería institucional, hay que derribar el muro entre la entidad y la gente. Vamos a quebrarle es espinazo a la impunidad, para eso replantearemos la política criminal”.
Tareas
Una de las principales tareas del nuevo Fiscal, será analizar el principio de oportunidad firmado con Juan Carlos Ortiz y Tomás Jaramillo, procesados por el delito de captación masiva de dinero, que conllevó al descalabro bursátil de InterBolsa S.A. Además en su período, Martínez Neira afrontará la entrada en vigor de la jurisdicción especial de paz, después que se firme el acuerdo definitivo de paz con las FARC, en La Habana.
También tendrá el reto de aportar eficacia en los procesos, de cara a flagelos que afectan a la ciudadanía como las extorsiones, atracos y los hurtos a celulares; y sacar adelante cerca de 1.6 millones de procesos judiciales.
Cabe notar recordar que algunas propuestas de Martínez Neira, cuando era parte de la terna, causaron polémica en la opinión pública. Aquel 10 de junio, ante la pregunta de una magistrada sobre ¿Qué política piensa implementar para combatir y prevenir los feminicidios y la violencia intrafamiliar en Colombia?, el ahora Fiscal respondió: “uno percibe que la criminalización de esa conducta debe de ser objeto de un revisión desde el punto de vista sociológico muy importante porque lo hemos percibido al criminalizarse la violencia intrafamiliar finalmente se está generando una ruptura del núcleo familiar a partir de expresiones de violencia de ocasión. Además atosigando a todo el sistema penal colombiano”.
El abogado señaló que en consecuencia esta circunstancia se debe revaluar para que el Estado, a través de otros organismos como el Bienestar Familiar y las Casas de Justicia, busque una justicia restaurativa y la conciliación, mediante atención con equipos interdisciplinarios. Esto, para que “podamos atender estas formas de expresión del comportamiento atípico de nuestra propia sociedad, nuestra propia cultura machista, que es lo que tenemos”.
De acuerdo con el exministro en su intervención; si no se hace la reevaluación que propone y se mantienen los delitos, se deberá estudiar las prohibiciones que existen actualmente para entregar beneficios jurídicos a quienes incurren en estos hechos de violencia. “En el día a día se establece la conducta de la mujer que comparece ante el funcionariojudicial para reclamar la integridad del núcleo familiar lo que podría dar lugar a principios de oportunidad y en la práctica eso resulta ser imposible. Ha quedado evidenciado una política sedativa para enfrentar los problemas de violencia intrafamiliar”.
Néstor Humberto Martínez, es abogado y economista de la Universidad Javeriana. Fue ministro del Interior entre 1997 y 199, embajador en Francia, ministro de Justicia (1993 – 1995), subgerente Legal del Banco Interamericano de Desarrollo, miembro de la Junta Directiva del Banco de la República, Superintendente Bancario y de Instituciones Financieras, vicepresidente Jurídico de la Cámara de Comercio de Bogotá, Superintendente de Sociedades y catedrático.
En junio de 2015 dejó su cargo como superministro de la presidencia en medio de un ambiente de confrontación con varios compañeros de gabinete. Es fundador del Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá, el más importante de su género en América Latina.
