Por primera vez en su carrera política, el ex presidente de Brasil Luiz Inacio ‘Lula’ da Silva ha sido imputado por un tribunal. Un juez de Brasilia aceptó este viernes una denuncia por obstrucción a la justicia, instaurada por la Fiscalía del país.
El popular líder laborista, quien gobernó Brasil entre los años 2002 y 2010, compró, presuntamente, el silencio del ex director de Petrobras Nestor Cerveró, uno de los primeros acusados en declarar ante la justicia y el congreso por su implicación en el caso Petrobras, mayor escándalo de corrupción de la historia del país.
Es la primera vez que Lula se convierte en imputado. Hasta la fecha, había sido inquirido por la policía para recabar informaciones y existen varias investigaciones abiertas por supuestos cobros irregulares a cambio de favores, pero en ningún caso esas búsquedas se han convertido en denuncias aceptadas por la justicia.
También han sido imputados por el mismo delito el ex senador Delcídio Amaral, que también participó de las acusaciones premiadas con rebaja de penas que está practicando la justicia brasileña, su ex asesor Diogo Ferreira, el banquero André Esteves, el abogado Edson Ribeiro, el pecuarista José Carlos Bumlai y su hijo Mauricio Bumlai.
#LulaDaSilva tendrá q ir a #juicio x intentar obstruir la justicia brasileña en el fraude a #Petrobras#Corrupción https://t.co/bKyeaQS369
— Pep Blanc (@PepBlanc) 29 de julio de 2016
La denuncia les acusa de tres crímenes diferentes. El primero, obstrucción a la investigación de una organización criminal, cuya pena podría ir de los tres a los ocho años. Por patrocinio infiel (cuando un abogado no defiende correctamente los intereses del cliente) podrían caerle al letrado etre seis meses y tres años. Y por abuso de poder (tipificada en Brasil como explotación de prestigio) la Justicia prevé una pena de entre uno y cinco años. La denuncia fue dirigida en primer lugar al Tribunal Supremo cuando Delcídio aún era senador y tenía por tanto fuero privilegiado.
Los ex presidentes, en Brasil, no gozan de este privilegio así que en cuanto el primero fue cesado de su escaño el caso pasó a la justicia ordinaria. El juez de Curitiba Sergio Moro, que lidera las investigaciones sobre el Caso Lava Jato, podría asumir también la denuncia, aunque los acusados presionan para que lo hagan los jueces de las regiones donde fueron realizados los actos que dan lugar a la denuncia, en este caso Rio de Janeiro, Sao Paulo y Brasilia.
El caso invocucró a ex ministros y diputados de todos los partidos y también a la financiación de campaña de Dilma Rousseff, que asegura desconocer el origen de los fondos. La cercanía de la presidenta electa con el caso y la implicación hasta el fondo de su partido, dieron fuerza al Congreso para votar su juicio, por el momento temporal hasta que a finales de agosto, se vote en sesión definitiva del Senado si Temer asume el mandato de la presidenta hasta 2018, o si Rousseff, retoma de inmediato.
La Operación Lava Jato, que empezó en marzo de 2014 al descubrirse irregularidades de una obra concedida por Petrobras, investiga miles de millones de euros desviados ilegalmente para pagar mordidas a empresarios de constructoras de obra pública, directivos de Petrobras e importantes cargos políticos.
