Ante el difícil panorama, el oficialismo ahora apunta a una maniobra para doblegar a la Mesa de la Unidad Democrática (MUD). Por un lado, Podemos avala la tesis de la disolución de la Asamblea Nacional, vía TSJ, lo que aún no cuenta con el apoyo total del Polo Patriótico, en particular de PCV, PPT y VBR.
Didalco Bolívar, presidente del partido vinotinto, propone abolir el Parlamento, convocar a nuevas elecciones legislativas y que los diputados de la MUD queden inhabilitados para nominarse otra vez, revelaron fuentes partidistas. “¿Qué pasaría con (Henry) Ramos Allup, Julio Borges y Luis Florido? Quedan fuera del juego político. El fin es distraer”, explicaron los oficialistas.
La idea de Bolívar es rechazada por la MUD. El segundo vicepresidente del Parlamento, Simón Calzadilla, y los diputados Tomás Guanipa y Delsa Solórzano condenaron la iniciativa de Podemos. “Quiere abolirse la voluntad popular expresada el 6-D”, afirmó Calzadilla.
Guanipa expresó: “El poder más legítimo es el Parlamento porque acaba de ser elegido. Sacamos más votos que Maduro y por nuestra actuación, al lado del pueblo, somos la institución con más apoyo popular. Maduro no tiene 5%. La AN llega a 65%. La gente no quiere un cambio de Asamblea, sino de gobierno”.
Solórzano señaló que la única forma de dejar de ser parlamentarios es cuando cumplan el período o a través de un revocatorio. “A esa consulta estaríamos dispuestos y no obstaculizaríamos porque el pueblo tiene ese derecho como a revocar a Maduro, pero la abolición del Parlamento es abierta y completamente inconstitucional”, señaló.
Disolución negada. Jesús Casal, consultor jurídico del Legislativo, y Tarek William Saab, defensor del Pueblo, coincidieron en que la disolución del Parlamento solo es posible bajo una condición: que haya censurado previamente, en tres ocasiones y en el mismo período constitucional al vicepresidente ejecutivo (artículo 240 de la Constitución).
“La abolición no solo es absolutamente inconstitucional sino antidemocrática. En nuestro régimen presidencialista, priva el principio de la rigidez de los períodos del presidente y de la AN. Decir que la AN ha usurpado funciones o bloqueado al gobierno carece de sentido, porque la AN no puede actuar y se ve atada en el ejercicio de sus atribuciones por las sentencias del TSJ y actos del Ejecutivo”, dijo Casal.
Saab explicó que en un caso extremo a quien le compete esta medida es al presidente de la República: “Lanzar ese tipo de calificativo en medios de comunicación no le compete a un vocero. Es una opinión aislada e individualizada. Tenemos una AN, elegida en diciembre, que debe asumir la responsabilidad frente al país. Es un radicalismo. Ese no es el espíritu que ha privado en sectores políticos del país; no contribuye al diálogo gobierno-oposición”.
