Gracias a la Sentencia C-355 de 2006 hoy el aborto es un derecho fundamental y un derecho reproductivo de las mujeres. Sin embargo, aún existen barreras relacionadas con estigmas, estereotipos y prejuicios que catalogan a las personas que interrumpen voluntariamente un embarazo como sexualmente desordenadas, irresponsables o promiscuas.
Hace 10 años la historia de los Derechos Sexuales y Reproductivos y específicamente el derecho al aborto en Colombia cambió para siempre. La Corte Constitucional dio otro rumbo a uno de los temas de debate político-jurídico y moral más controversiales de las últimas cuatro décadas al reconocer como derecho fundamental el aborto en tres circunstancias: cuando la vida o salud de la mujer estén en riesgo; cuando el feto tenga malformaciones que por su gravedad hagan inviable su vida por fuera del útero; y cuando el embarazo sea resultado de un acceso carnal violento o un acto sexual sin consentimiento.
Hoy gracias a la Sentencia C-355 de 2006, el aborto es un derecho fundamental para las mujeres, como un derecho reproductivo. Por eso, en el marco del aniversario número diez, se unieron Women´s Link Wolrdwide, Profamilia, La Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres, Red Nacional de Mujeres y Oriéntame, para revisar y celebrar los avances que se han dado en el país a favor del derecho de las mujeres a decidir. Así como para identificar las barreras, brechas y retos que aún existen y en los que se debe trabajar para garantizarles a todas el cumplimiento de sus Derechos Sexuales y Reproductivos a poder acceder a un aborto seguro.
Aunque en el país se considera que la Interrupción Voluntaria del Embarazo es más frecuente en adolescentes, en Profamilia cifras de los IVE realizados entre 2012 y el primer trimestre de 2016 demuestran que el 33,20% de las mujeres que se practican un aborto están en un rango de edad de los 20 a 24 años. Así mismo, el 41,83% que acceden se encuentran en el nivel socioeconómicos 3, seguidas del 39.49% de estrato 2[1].
10 años haciendo visible el aborto como un derecho de las mujeres en Colombia
“Al conseguir que las mujeres colombianas puedan acceder a un aborto legal y seguro, impulsamos un proceso de cambio social que busca no sólo la garantía plena de los Derechos Sexuales y Reproductivos de las mujeres, sino también estimular a la ciudadanía a asumir como propia la promoción y defensa de sus derechos en un contexto de pluralismo y laicidad” dijo Mónica Roa, Vicepresidenta de Estrategia y Relaciones Externas de Women’s Link Worldwide.
10 años rompiendo estereotipos de la sociedad colombiana frente al aborto
“La implementación no ha sido fácil, aún existen barreras relacionadas con estigmas, estereotipos y prejuicios que en la sociedad colombiana como en muchas otras, se han construido frente al aborto y son reforzados ampliamente con señalamientos como: el aborto es un delito, es un pecado, las mujeres que abortan sufren traumas psicológicos irreparables, son irresponsables o “descuidadas”, o el aborto produce infertilidad y todos los procedimientos para realizarlo son altamente riesgosos para la salud de la mujer”, señaló Beatriz Quintero – vocera de la Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres.
10 años garantizando el derecho de la mujer a decidir
“Contrario a los avances que ha tenido la Interrupción Voluntaria del Embarazo en el país, siguen existiendo múltiples barreras de acceso, especialmente para aquellas mujeres que deciden interrumpir su embarazo en edades gestacionales avanzadas, aquellas que no cuentan con información sobre sus derechos o que se encuentran en zonas apartadas. Esto muestra como todavía existen brechas regionales y que son especialmente las mujeres rurales las que enfrentan mayores limitaciones en materia de información y acceso a servicios de salud sexual y reproductiva en el país” señaló Marta Royo – Directora Ejecutiva de Profamilia
10 años prestando el servicio de IVE
“En Colombia no hay cifras confiables ni actualizadas sobre la Interrupción Voluntaria del Embarazo, no conocemos la situación actual de las mujeres que acceden a un aborto legal o clandestino, por ello, hacemos un llamado al Ministerio de Salud y Protección Social, para que se consoliden oportunamente los datos reportados por las instituciones prestadoras de servicios de IVE y se realicen investigaciones sobre los escenarios reales para desarrollar nuevas estrategias de acción, conforme a las circunstancias y contextos sociales actuales. La política pública debe responder a la realidad de las mujeres que necesitan acceder al servicio de IVE, porque no se podrá avanzar en ese objetivo con información incompleta” Señaló Cristina Villarreal – Directora Ejecutiva de Oriéntame.
