Complejidades de orden fiscal, redefiniciones sobre el concepto de seguridad, desminado e identificación de nuevos “mercados de violencia” son los grandes retos en materia de seguridad, en la era del posacuerdo.
Según el director del Centro de Pensamiento y Seguimiento al Diálogo de Paz, profesor Alejo Vargas, el posacuerdo supone, como mínimo, tres acciones claves en materia de seguridad: la presencia estatal en los territorios rurales que los frentes de la guerrilla dejen cuando entren en los procesos de concentración y desarme, para evitar la ocupación de esos espacios por organizaciones delictivas; las garantías de seguridad para quienes quieran participar en política y afinar tecnológicamente el desminado junto con los frentes de las Farc.
La seguridad personal, en particular la de aquellos miembros de los grupos armados que se desmovilicen, es uno de los temas sensibles que se debe atender, estimó por su parte el profesor de la Universidad Externado de Colombia, Jairo Libreros, quien participó en el panel de la Alianza de Universidades por la Paz.
El docente afirma que se debe crear una institucionalidad independiente de la Policía para gestionar el nivel de riesgo de quienes dejen las armas. “La respuesta del Estado, particularmente de la Policía y de quien asume el diseño institucional, la Unidad Nacional de Protección, es precaria. No hay suficiente personal para gestionar la solicitud del estudio técnico de seguridad”, anotó.
Con las Fuerzas Militares y de Policía robustecidas en número y de manera gradual desde el 2002, el sostenimiento económico del aparato militar y de policía debe ser revaluado a la luz del proceso que pretende ponerle fin al conflicto, pero, al mismo tiempo, bajo la óptica de los nuevos desafíos en materia de seguridad y de mutaciones de fenómenos ya existentes.
Ante las transformaciones como resultado del proceso en La Habana, la institucionalidad encargada de la seguridad debe ser distinta. Sin embargo, atinaron los expertos invitados al panel de la Alianza de Universidades por la Paz, el país no se puede precipitar a “indebidos trasplantes” de modelos internacionales que quizás no se ajusten al contexto local, ni a “cirugías invasivas en el sector de seguridad y defensa”.
Mientras que hace 14 años las Fuerzas Militares (203.300) y de Policía (110.100) estaban por el orden de los 313.400 miembros, hoy los integrantes de la fuerza pública alcanzan los 482.000, cifra que, en la región, es superada solo por Brasil, país con una población más de cuatro veces mayor que la colombiana.
Según Francisco Leal, docente de la Universidad de los Andes, aunque el Ejército debe mantenerse fuerte, dada la presencia de bandas criminales, el escenario del posconflicto no justifica el tamaño ni en efectivos ni en presupuesto, esencialmente porque el Estado se podría enfrentar a lastres fiscales que alimenten irregularidades al interior de las fuerzas.
Adicional a ello, el aumento del pie de fuerza en dos gobiernos hace que el Estado se enfrente, probablemente en la próxima década, a una “bomba de tiempo” en materia pensional, hecho que tiene efectos sobre la institucionalidad, conceptúa el profesor de la Universidad del Rosario Juan Carlos Ruíz. En su opinión, “no hay cómo pagarles las pensiones a todos los policías incorporados en las eras Uribe y Santos”. El costo de estas vinculaciones podría ir de los 200 a los 400 millones de dólares al año, agregó.
Redefinir la seguridad
Según los expertos, el país está en mora de discutir el concepto de seguridad, asociado al papel de ese policía y ese soldado del posacuerdo. Ello, afirman, incidirá en la identificación de la misionalidad y, consecuentemente, de los roles.
Jean Carlo Mejía, docente de la Universidad de Medellín, sostiene que se están abordando las reformas que podrían requerir la Policía y las Fuerzas Militares, sin haber estudiado con suficiencia su función. Según el profesor Mejía, “la ausencia del Estado no debe ser cubierta con fuerza militar -solo en casos excepcionales- sino con Policía, que es la fuerza civil armada, y que debe pasar al Ministerio del Interior, que es el de la política”, dijo el profesor Leal.
El posconflicto, más que una disminución de la violencia, exhibirá manifestaciones distintas. Y buena parte de ellas, conceptúan, será producto de un cúmulo de conflictividades sociales no resueltas que la dinámica de la guerra interna ensombreció o relegó a un segundo plano.
Según el profesor Andrés Molano, de la Universidad del Rosario, tráfico de personas y minería ilegal (hace tiempo en los radares de las autoridades) figuran entre esas “economías delictivas” que se tendrán que atender.
Agrega que uno de los puntos de partida, desde el punto de vista institucional, es un cambio cultural de la idea de seguridad y defensa, concebida como un asunto esencialmente militar y político, a una noción de seguridad multidimensional que sirva a los ajustes doctrinales.
