Más de 500 migrantes irregulares provenientes de diferentes países permanecen en el municipio de Turbo, Antioquia, luego de que el Gobierno de Panamá decidiera cerrar el paso fronterizo. Las autoridades colombianas advierten que en la población no existen las condiciones para acogerlos.
La emergencia humanitaria se dio luego de que el Presidente de Panamá, Juan Carlos Varela, anunciara el pasado 9 de mayo el cierre de la frontera con Colombia para combatir el tráfico de drogas y de personas. Desde entonces, cerca de 500 inmigrantes ilegales se han tenido que quedar en el municipio de Turbo.
Estas personas provenientes de Cuba, Haití, Pakistán, India y países africanos no tienen el respaldo de las autoridades debido a que la población no está en condiciones para acogerlos, por lo que mucho de ellos debido a la falta de dinero, se han visto obligados a dormir en las calles. Además no cuentan con alimentación ni atención médica.
“Lo más probable es que se comiencen a presentar problemas de salud pública, problemas de seguridad, que van a recaer directamente en nuestro municipio”, señaló Alejandro Abuchar, Alcalde de Turbo.
El Defensor del Pueblo de Urabá, William González de la Hoz, aseguró que la situación es preocupante por la crisis humanitaria y el impacto social que se está generando. González de la Hoz advirtió “que se pueden generar problemas humanitarios, porque muchos migrantes no están recibiendo atención médica, y en su gran mayoría están trayendo a todas sus familias como a niños y mujeres embarazadas, lo cual es un drama humanitario”.
González de La Hoz, también manifestó que la entidad recibió denuncias sobre personas que “estarían cobrándoles sumas importantes de dinero” a los extranjeros para gestionar en Bogotá su paso a territorio panameño por el mar Caribe o por la selva del Darién, frontera natural entre los dos países, lo cual es un “completo engaño”.
Otra de las preocupaciones para la Defensoría, es la intención de los inmigrantes de pasar a Panamá “a cualquier costo” lo que ha aumentado la presencia de “coyotes” en la zona. Estos son personas que prometen guiar el paso de manera ilegal a cambio de dinero.
La secretaria de Gobierno de Antioquia, Victoria Eugenia Ramírez, también denunció que personas inescrupulosas se aprovechan de la situación de los inmigrantes, para retenerles los documentos y pedirles dinero a cambio de cruzar la frontera.
“Lo más lamentable es que hay personas a las que les han quitado los documentos. Hay casos de trata de personas. Son utilizados para el microtráfico. La Gobernación de Antioquia no va a permitir esta vulneración de los Derechos Humanos”, advirtió la funcionaria.
La Defensoría de Urabá, solicitó a la Cancillería Colombiana que intervenga para repatriar a los migrantes. Y el alcalde de Turbo viajó a Bogotá para solicitar personalmente la intervención de María Ángela Holguín.
